Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, firmó el lunes un decreto que anula la norma que vinculaba los pagos de asistencia social a terroristas presos palestinos con la duración de sus condenas en cárceles israelíes. La medida también afecta a los estipendios que se otorgaban a las familias de atacantes muertos durante atentados.
Según el decreto, las familias de prisioneros y atacantes muertos podrán recibir asistencia social únicamente según sus necesidades económicas, al igual que otros ciudadanos palestinos.
Israel y otros gobiernos han criticado durante años estos pagos, señalando que incentivan el terrorismo. Los detractores los han denominado como un sistema de “pago por matar”.
La iniciativa de anular los estipendios llevaba años en desarrollo. Una fuente reveló a The Times of Israel que un programa piloto comenzó discretamente al final de la administración Biden. La Autoridad Palestina presentó la reforma al gobierno de Estados Unidos durante esa misma administración, con el propósito de cumplir con la Ley Taylor Force. Esta ley, promulgada en 2018, bloqueó la ayuda estadounidense a la AP mientras continuaran los pagos a prisioneros y atacantes.
Estados Unidos medió un diálogo con el gobierno israelí para explicar la reforma, aunque fue recibida con escepticismo en Jerusalén. Una segunda fuente afirmó que Israel habría intentado retrasar el anuncio de la reforma en diversas ocasiones. Hacia el final del mandato de Biden, Washington presionó para que Israel aceptara la medida, temiendo que un rechazo influyera negativamente en legisladores proisraelíes del Congreso.
El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha utilizado esta política para cuestionar la confiabilidad de la Autoridad Palestina, habría demorado el proceso. Actualmente, su gobierno rechaza cualquier participación de la AP en la administración de Gaza tras la guerra con Hamás.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel descalificó el decreto, calificándolo de “maniobra fraudulenta” con la que la AP pretende continuar los pagos a terroristas por otros medios.
La legislación israelí exige una revisión anual del sistema de pagos de la AP. En teoría, Jerusalén podría esperar hasta 2026 antes de evaluar si Ramallah cumple con las normativas impuestas por la Knéset.
Por otro lado, el criterio de evaluación podría variar bajo una eventual administración Trump, pese a que la reforma fue aprobada por expertos legales en la anterior gestión.
La administración Biden ya informó al Congreso sobre la reforma, recibiendo apoyo bipartidista, incluido el senador republicano Lindsey Graham. La Ley Taylor Force obliga a una revisión semestral del cumplimiento de la AP por parte del gobierno estadounidense.
Abbas transfiere programa de asistencia social a un nuevo fondo económico
El decreto publicado por la agencia oficial palestina WAFA dispone que el programa de asistencia social pasará del Ministerio de Desarrollo Social a la Fundación Nacional Palestina para el Empoderamiento Económico. Este fondo será gestionado por Ahmad Majdalani, actual ministro de Bienestar Social de la Autoridad Palestina.
Un sistema de criterios riguroso definirá la elegibilidad para los beneficios, revisándose dos veces al año, según informó una fuente cercana. Muchas familias de prisioneros y atacantes muertos continuarán recibiendo ayuda económica, debido a la creciente pobreza en Judea y Samaria. La situación se ha agravado desde que Israel revocó, el 7 de octubre, los permisos laborales para más de 100.000 palestinos, lo que afectó gravemente la economía local.
El pago de subsidios a prisioneros condenados por actos terroristas y a las familias de atacantes muertos ha sido señalado como un estímulo al terrorismo. Israel lo presenta como prueba de corrupción en la Autoridad Palestina y su incapacidad para ser un socio de paz. Los líderes palestinos defienden estos pagos como una forma de bienestar social y una compensación frente a lo que califican como un sistema de justicia militar opresivo en Judea y Samaria.
La firma del decreto se produce en momentos en que la Corte Suprema de Estados Unidos examinará en breve si víctimas estadounidenses pueden demandar a la Autoridad Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina por el programa de estipendios.
La Autoridad Palestina justificó la reforma como un paso para mejorar el reconocimiento internacional del Estado de Palestina en la ONU y otros organismos. También busca restaurar la ayuda internacional suspendida el año pasado y detener las deducciones que Israel ha hecho de los impuestos que recauda en nombre de la AP.
Desde los acuerdos de paz provisionales de los años 90, el Ministerio de Finanzas de Israel recauda impuestos para la AP y transfiere esos ingresos mensualmente a Ramallah. Sin embargo, Israel ha retenido fondos en diversas ocasiones por disputas, incluyendo las generadas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Israel retendrá fondos de la AP en respuesta a pagos a prisioneros
Israel aplica una ley de 2018 que retiene de los ingresos fiscales palestinos una cantidad equivalente a los estipendios mensuales que la Autoridad Palestina (AP) paga a terroristas presos y a las familias de atacantes muertos. Bajo esta legislación, Israel ha retenido cientos de millones de shekels, aunque en ocasiones también ha ofrecido préstamos para evitar el colapso financiero de la AP.
Pese a que Estados Unidos considera que la reforma de la AP cumple con la Ley Taylor Force, las restricciones legales estadounidenses prohíben el financiamiento directo a Ramallah si este último avanza en investigaciones contra Israel en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la reforma podría permitir la financiación de proyectos que beneficien indirectamente a la AP.
El decreto emitido el lunes también subraya la necesidad de afrontar “las nuevas cargas” de asistir a la población en Gaza. Aunque esta reforma se desarrolló en gran parte durante la administración Biden, la AP optó por posponer el anuncio como un gesto hacia la administración entrante de Trump.
Altos funcionarios palestinos comunicaron al nuevo gobierno de Trump sus planes durante el proceso de transición presidencial. No obstante, fuentes cercanas al asunto indicaron que el anuncio podría quedar relegado tras las declaraciones recientes de Trump sobre su intención de tomar el control de Gaza y desplazar a su población. Esta propuesta generó rechazo en el mundo árabe, que ahora lidera una campaña contra la idea.
Un funcionario palestino comentó que Ramallah ha aprendido de los errores cometidos en su relación con Trump durante su primer mandato, cuando Abbas rompió vínculos con Estados Unidos después de que este reconociera a Jerusalén como capital de Israel en 2017. Posteriormente, Washington negoció los Acuerdos de Abraham sin participación palestina.
Con los esfuerzos actuales por incluir a Arabia Saudita en dichos acuerdos, la AP ha reforzado su relación con Riad, esperando que este condicione cualquier pacto con Israel a un compromiso claro y creíble hacia la creación de un Estado palestino. Además, funcionarios palestinos manifestaron su disposición a utilizar el plan de paz de Trump de 2020 como base para futuras negociaciones.
Este decreto representa un intento de Ramallah por mejorar sus lazos con Washington y constituye una victoria política para Trump, quien ha logrado una concesión de la AP que otras administraciones estadounidenses no pudieron concretar.
