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Ministro del Likud: El objetivo es la “ocupación completa de Gaza”

5 de mayo de 2025
en Gobierno
Ministro mencionó que operaciones de rescate ponen en riesgo a rehenes: pero son necesarias

Cultura y Deportes Miki Zohar llega a una reunión del gabinete en la Oficina del primer ministro en Jerusalén el 10 de diciembre de 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

El gabinete israelí aprueba una ofensiva para controlar Gaza y presionar a Hamás por los 59 rehenes, anuncia el ministro Miki Zohar.

Netanyahu impulsa ocupación total de Gaza tras 18 meses de guerra

El gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó un plan operativo que busca la ocupación completa de la Franja de Gaza, según anunció el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, en una entrevista con la emisora estatal Kan el 5 de mayo de 2025. La decisión, tomada por el gabinete de seguridad, marca una nueva fase en la guerra contra Hamás, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras un ataque terrorista que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. El objetivo es desmantelar las capacidades militares y de gobierno de los terroristas, liberar a los 59 rehenes restantes y establecer un control total sobre el enclave. Zohar reconoció que la ofensiva podría poner en riesgo a los cautivos, pero afirmó que “no hay otra opción” tras 18 meses de conflicto.

La estrategia aprobada incluye una intensificación de las operaciones terrestres y aéreas, con el despliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en áreas clave de Gaza, como Rafah y Jan Yunis. Según fuentes del canal israelí Channel 12, el plan prevé una ocupación similar a la ejercida en Judea y Samaria, con corredores militares permanentes para fragmentar el territorio y neutralizar la resistencia de Hamás. Zohar argumentó que la prolongación de la guerra se debe al esfuerzo por rescatar a los rehenes vivos, pero señaló que la presión militar podría forzar a los terroristas a negociar. “Hamás podría entender pronto que debe liberar a los rehenes y exiliarse de Gaza”, afirmó en Kan.

El anuncio llega tras meses de negociaciones intermitentes para un alto el fuego, que colapsaron en marzo de 2025, cuando Israel reanudó los bombardeos tras acusar a Hamás de violar acuerdos previos. Un cese temporal en enero permitió la liberación de 33 rehenes a cambio de presos palestinos, pero las hostilidades se intensificaron desde abril, con más de 1.000 palestinos muertos en ataques recientes, según el Ministerio de Salud gazatí. Las FDI han establecido corredores estratégicos, como el Corredor de Morag en el sur, para aislar a los milicianos y presionar por la entrega de los cautivos, de los cuales 35 están confirmados muertos.

La ofensiva ha generado críticas internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía condenó la expansión de las operaciones como una violación del derecho internacional, mientras que la ONU alertó sobre el impacto humanitario, con 2,3 millones de gazatíes desplazados y el bloqueo de ayuda alimentaria desde abril. Netanyahu defendió la operación, asegurando que es la única vía para garantizar la seguridad de Israel y liberar a los rehenes. “Cuanto menos ceda Hamás, mayor será la presión”, afirmó el primer ministro, según reportó Channel 12.

Datos clave sobre la ofensiva israelí en Gaza

  • Fecha de inicio: La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás, matando a 1.200 personas.
  • Rehenes: De los 251 secuestrados, 59 permanecen en Gaza, incluidos 35 confirmados muertos.
  • Corredores militares: Israel controla tres corredores, incluido el de Morag, para dividir Gaza.
  • Impacto humanitario: Más de 52.000 palestinos muertos y 110.000 heridos desde octubre de 2023.
  • Apoyo internacional: EE. UU. envió bombas MK-84 a Israel en abril de 2025, respaldando la ofensiva.

Zohar y Netanyahu enfrentan tensiones internas por la estrategia

El plan de ocupación completa ha generado divisiones en la coalición gobernante. Los ministros ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, de Otzma Yehudit y Sionismo Religioso, han apoyado la escalada, pero amenazaron con abandonar el gobierno durante las negociaciones de alto el fuego en enero, argumentando que cualquier tregua permitiría a Hamás rearmarse. Ben Gvir reiteró su oposición a pausas en la guerra, según reportó Arutz Sheva, un medio alineado con la derecha nacionalista. Sin embargo, el Likud emitió un comunicado criticando a Ben Gvir, asegurando que el acuerdo actual permite a Israel reanudar el combate si es necesario, manteniendo el control del Corredor Filadelfia.

En el ámbito militar, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, afirmó que solo la liberación de los 59 rehenes detendría el avance de las FDI. Las operaciones recientes han incluido bombardeos en Yabalia y Deir al-Balah, con al menos 50 muertos en las últimas 24 horas, según fuentes gazatíes. Israel también ha intensificado sus ataques contra infraestructura de Hamás, destruyendo túneles y almacenes de armas, aunque las milicias palestinas han continuado lanzando cohetes desde zonas civiles, según informó Israel Hayom.

La decisión de ocupar Gaza permanentemente responde a la estrategia de largo plazo del Likud, que busca evitar que Hamás o la Autoridad Nacional Palestina (ANP) gobiernen el enclave. Netanyahu ha rechazado propuestas de la ANP para asumir el control, argumentando que no garantiza la seguridad de Israel. En su lugar, el gobierno explora una administración provisional con apoyo de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, según fuentes de Israel Hayom.

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El respaldo de Donald Trump, quien visitará la región próximamente, ha fortalecido la posición de Netanyahu. Trump ha exigido la liberación inmediata de los rehenes y ha propuesto controversiales planes para reasentar a los gazatíes en países árabes, una idea rechazada por Egipto y Jordania. El envío de bombas pesadas desde EE. UU. en abril de 2025, previamente retenidas por la administración Biden, refleja el apoyo de Washington a la ofensiva, según reportó Arutz Sheva.

Contexto de una guerra prolongada y sus implicaciones

La guerra, que ha causado 52.000 muertos palestinos y 110.000 heridos, según el Ministerio de Salud gazatí, ha devastado la infraestructura de Gaza, con un costo estimado de 18.500 millones de dólares en daños. La UNRWA reportó que 156 de sus trabajadores han muerto y 1,7 millones de personas están desplazadas. Israel ha enfrentado acusaciones de violaciones al derecho internacional, incluyendo un caso en la Corte Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica en diciembre de 2023, que alega genocidio. Las FDI han negado estas acusaciones, afirmando que sus operaciones se centran en objetivos militares.

En el frente interno, Netanyahu ha recuperado popularidad tras victorias contra Hezbolá y la eliminación de líderes de Hamás, como Yahya Sinwar en octubre de 2024. Una encuesta de Channel 12 indica que el Likud lidera las intenciones de voto, aunque depende de su coalición para gobernar. Sin embargo, las familias de los rehenes han criticado al gobierno por priorizar objetivos militares sobre las negociaciones, según reportó Maariv.

La ocupación total de Gaza plantea desafíos logísticos y políticos. Zohar admitió en Kan que la operación será costosa y prolongada, pero necesaria para evitar que Hamás se reagrupe. Mientras tanto, la comunidad internacional, liderada por Francia y la UE, presiona por una solución de dos Estados, una propuesta rechazada por el Likud, que insiste en mantener el control de seguridad sobre Gaza.

La próxima visita de Trump podría definir el rumbo de la ofensiva. Israel ha retrasado la ampliación de las operaciones terrestres hasta su llegada, según Radio 5 RNE, lo que sugiere una coordinación estratégica con EE. UU. El futuro de Gaza permanece incierto, con Hamás debilitado, pero aún activo, y la población civil atrapada en un conflicto sin fin a la vista.

Etiquetas: IsraelIsrael-Franja de GazaLikud

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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