El Tribunal Superior de Londres consideró ilegal la decisión del gobierno británico de proscribir a Palestine Action como organización terrorista y aceptó dos fundamentos de la impugnación presentada por su cofundadora, Huda Ammori. Aun así, el tribunal mantuvo de forma provisional la proscripción para permitir un recurso del Ejecutivo.
Esa decisión implica que el apoyo público al grupo y la pertenencia a sus filas siguen tipificados como delito mientras el caso avanza ante instancias superiores. Al exponer el sentido del fallo, la jueza Victoria Sharp definió a Palestine Action como “un grupo que promueve su causa política mediante la criminalidad y el fomento de la criminalidad”.
Sin embargo, Sharp concluyó que la medida fue desproporcionada frente a derechos fundamentales. La magistrada afirmó: “La proscripción sí dio lugar a una injerencia significativa en el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión”, y el tribunal avisó que el marco penal aplicado podía llevar a manifestantes propalestinos a “ejercer autocontención respecto de lo que dicen y de lo que hacen”.
La proscripción sigue vigente mientras avanza la apelación
El gobierno promovió la proscripción en julio de 2025 al amparo de la Ley de Terrorismo de 2000, después de un aumento de acciones directas contra empresas de defensa vinculadas a Israel en el Reino Unido. La medida entró en vigor pasada la medianoche del 5 de julio de 2025 y, en la práctica administrativa, equiparó al grupo con organizaciones de la lista de proscritas.
El delito de pertenencia contempla una pena máxima de 14 años de prisión. Desde la entrada en vigor del veto, las detenciones por exhibir carteles de apoyo superaron las 2.000, en un contexto de vigilancia policial sobre consignas y pancartas. Ese escenario marcó el alcance de la aplicación del régimen penal asociado a la proscripción.
Palestine Action articuló su campaña con intervenciones en sedes y fábricas, bloqueos de accesos y el uso de pintura roja para señalar instalaciones, con atención recurrente en compañías vinculadas al sector de defensa israelí. Ese patrón llegó a un punto crítico el 20 de junio de 2025, con una irrupción en la base de la RAF de Brize Norton, en Oxfordshire.
Según el relato del caso, activistas introdujeron pintura en los motores de aeronaves Voyager y dañaron equipos con palancas. El primer ministro Keir Starmer calificó el episodio de “vandalismo” y la investigación pasó a unidades antiterroristas. El gobierno incluyó estos hechos en el contexto de la escalada que expuso al impulsar la medida.
Acciones directas y casos citados en la justificación del veto
El antecedente central citado por el Ejecutivo se originó en la madrugada del 6 de agosto de 2024, cuando un grupo de activistas irrumpió en una planta de Elbit Systems UK en Bristol. La fiscalía atribuyó a la incursión daños de alrededor de 1 millón de libras ($1,4 millones) y sostuvo que una sargento de policía sufrió una fractura de columna tras un golpe con un mazo.
Seis activistas afrontaron cargos por robo con agravantes y otros delitos. Un jurado los absolvió a principios de febrero de 2026 del cargo principal, y la fiscalía anunció que buscará un nuevo juicio por los cargos sin veredicto, incluido uno por lesiones graves con intención. Esos elementos formaron parte del material invocado en el debate sobre la proscripción.
Ammori, que participó en la fundación de Palestine Action en 2020, llevó la impugnación ante el Tribunal Superior con el argumento de que la proscripción superó el umbral reservado para el terrorismo. Su planteamiento sostuvo que la medida sancionó conductas de protesta ya perseguibles por el derecho penal ordinario, sin necesidad de la herramienta antiterrorista.
En las vistas celebradas a finales de 2025, su defensa presentó la proscripción como una restricción extrema del derecho a protestar. El Ministerio del Interior replicó que la escalada de sabotajes y daños materiales justificó el uso de la legislación antiterrorista. Tras conocerse la sentencia, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció el recurso.
Mahmood declaró: “Tengo intención de combatir esta sentencia en el Tribunal de Apelación”. El tribunal dejó el veto en vigor de forma provisional y fijó una nueva instancia procesal antes del 20 de febrero para decidir si mantiene esa situación durante la apelación. El desenlace condiciona cientos de procedimientos abiertos por apoyo público al grupo, que quedan en suspenso.
