Un juez argentino acusó formalmente el lunes a siete ciudadanos iraníes y a un libanés por su presunta participación en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.
La decisión abre un nuevo paso hacia un posible juicio en ausencia por el ataque, que causó 85 muertos y más de 300 heridos. Nadie ha sido arrestado por el atentado.
Argentina, Estados Unidos e Israel han sostenido durante años que Hezbolá ejecutó el ataque por encargo de Irán. En 2024, un tribunal argentino determinó que Irán y Hezbolá fueron responsables. El año pasado, los tribunales argentinos autorizaron la posibilidad de realizar un juicio en ausencia, una medida respaldada por el gobierno de Javier Milei.
Los acusados pueden ser juzgados en ausencia
En junio, el juez Daniel Rafecas resolvió que los sospechosos iraníes y libaneses podían ser juzgados sin estar presentes. Los siete iraníes acusados ocupaban cargos de alto nivel en Irán en el momento del atentado. El ciudadano libanés era miembro de Hezbolá. Otros dos acusados quedaron fuera del caso por falta de pruebas.
“La decisión de llevar a cabo el ataque fue tomada en agosto 1993 por los más altos escalones del régimen iraní y confiada a Hezbolá”, escribió Rafecas en un comunicado.
El presidente argentino Javier Milei celebró la decisión en X. “La moralidad como política estatal”, escribió.
Aunque el juicio es ahora una posibilidad real, los acusados pueden apelar la acusación. “Todavía hay todo un proceso por recorrer”, dijo Rafecas a la AFP, al señalar que aún faltan pasos procesales antes de que pueda celebrarse un juicio.
El fallo plantea una posible relación con el ataque a la embajada de Israel
Dos años antes del atentado contra la AMIA, una bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires causó 29 muertos.
El fallo del lunes planteó que ambos ataques podrían estar relacionados y pidió la opinión de la Corte Suprema argentina sobre una posible conexión entre los dos casos, debido a la presunta participación de Hezbolá en ambos.
La investigación arrastra décadas de acusaciones de encubrimiento
Los dos atentados han marcado durante décadas al sistema político y judicial argentino, junto con acusaciones de que el gobierno encubrió el papel de Irán.
En 2004, el fiscal especial Alberto Nisman fue designado para investigar el atentado contra la AMIA. En 2015 fue hallado muerto, horas antes de presentar acusaciones contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros altos funcionarios por una presunta operación de encubrimiento.
Su muerte fue considerada inicialmente un suicidio, pero Argentina reconoció después que se trató de un homicidio.
El expresidente Carlos Menem, que ocupaba el cargo en el momento de ambos atentados, fue juzgado por encubrir el ataque contra la AMIA. Finalmente fue absuelto y murió en 2021.
El exjefe de inteligencia Hugo Anzorreguy fue condenado a cuatro años y medio de prisión por su papel en la obstrucción de la investigación.
Anzorreguy fue uno de aproximadamente una docena de acusados que enfrentaron cargos de corrupción y obstrucción de la justicia. Entre ellos estuvo Juan José Galeano, el exjuez que dirigió la investigación del atentado. En 2019, Galeano fue condenado a seis años de prisión por ocultamiento y manipulación de pruebas.
En 2024, los fiscales solicitaron una orden de arresto relacionada con el atentado contra el entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Jamenei, que estaba en el poder cuando ocurrió el ataque, fue asesinado en febrero en un ataque israelí al comienzo de la guerra con Irán.
