El 10 de agosto de 2025, el primer ministro presentó cinco condiciones: desarme completo de Hamás, liberación de todos los secuestrados, desmilitarización de Gaza , control efectivo de la seguridad por parte de Israel (gobierno militar) y establecimiento de una administración civil que no esté vinculada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina . Los plazos establecidos no son realistas; esta iniciativa podría intensificar la resistencia, fomentar una guerrilla prolongada y requerir una presencia militar significativa que afectaría otras áreas estratégicas.
Los riesgos incluyen: daño directo o indirecto a los secuestrados; pérdidas de soldados, dado que se trata de combates en entornos densos bajo control enemigo; posibilidad real de secuestro de militares, lo que generaría fuertes presiones para liberar prisioneros; aislamiento internacional, con potenciales sanciones (como el embargo alemán); crisis humanitaria, ya que la interrupción del flujo de ayuda agravaría las críticas; una trampa de seguridad, con un control prolongado en un área hostil que erosionaría la capacidad operativa; reanudación del asentamiento en el norte de la Franja, un riesgo innecesario para la vida de civiles y la seguridad de los asentamientos en Judea y Samaria ; crisis económica, con un déficit presupuestario severo sin fuentes de financiamiento que impactaría los servicios esenciales; una huelga programada para el 17 de agosto, donde se debe permitir a los trabajadores que deseen unirse ejercer su derecho a la protesta; distribución de alimentos por parte del ejército israelí (Tzáhal), lo que convertiría a los soldados en responsables de la logística de ayuda, exponiéndolos a ataques o secuestros y aumentar riesgos legales y de imagen; y el traslado de la población del norte al sur de la Franja, lo que podría considerarse una violación del derecho internacional, exponer a los soldados a procesos legales en el extranjero y generar peligros operativos durante su ejecución.
La alternativa propuesta por el jefe del Estado Mayor, rechazada por el gabinete, incluye: retirada al perímetro sin tomar control de la ciudad ni de los campos de refugiados; desarme de Hamás bajo supervisión regional o internacional; exilio de los líderes de Hamás a un tercer país; liberación de los secuestrados como objetivo prioritario, combinando medios militares y diplomáticos; y establecimiento de un mecanismo de seguridad y administración civil local, sin vínculos con Hamás, para la gestión cotidiana.
Existe también una iniciativa complementaria catarí-egipcia. Es necesario evaluar esta propuesta para establecer un mecanismo alternativo de gobernanza y seguridad cuando Hamás deje de controlar la Franja. El plan en desarrollo incluye la división de competencias entre representantes locales y actores regionales, supervisión internacional de los pasos fronterizos, un mecanismo transparente para gestionar los fondos de ayuda y la protección de un sistema de reconstrucción de infraestructuras. Esta iniciativa podría constituir un compromiso que evite el retorno de Hamás al poder, fortalezca alianzas regionales y otorgue a Israel margen de maniobra diplomática sin quedar atrapado en un gobierno militar prolongado.
Otras alternativas incluyen un alto el fuego acordado, presión militar focalizada, medidas diplomáticas y económicas, y asistencia humanitaria controlada.
Se debe priorizar el plan del jefe del Estado Mayor, complementado con la iniciativa catarí-egipcia supervisada. Este enfoque equilibra la seguridad con la preservación de vidas humanas: pone en el centro la liberación de los secuestrados, inflige un golpe severo a Hamás, evita un gobierno militar y la distribución de alimentos por parte de Tzáhal, y previene la reanudación de asentamientos en el norte de la Franja. Además, impide acciones problemáticas como el traslado forzado de población y garantiza la preservación de la legitimidad internacional de Israel. La combinación de medidas militares y diplomáticas, junto con una supervisión internacional económica y humanitaria, fortalecerá la posición de Israel, evitará una escalada social y económica, y permitirá una rápida recuperación de la economía, las infraestructuras y la sociedad.
