El presidente Joe Biden ha sido acusado por un informante creíble de haber recibido presuntamente 5 millones de dólares en “una trama de sobornos con un ciudadano extranjero” mientras era vicepresidente en ejercicio. Parece una noticia importante, pero ¿qué sé yo?
Por lo visto, existe un documento en el que se expone la acusación con cierto detalle, y no se trata de una acusación inventada por una empresa de investigación opositora para el Comité Nacional Republicano y difundida después a los medios de comunicación para tratar de deslegitimar unas elecciones presidenciales. No, está en un formulario no clasificado FD-1023, utilizado por las fuerzas del orden para registrar pistas creíbles. Por supuesto, no está en posesión de BuzzFeed, sino del cacareado FBI, que se niega a entregarlo al Congreso por alguna razón. Y no hay curiosidad por parte de los medios del establishment por averiguar qué dice.
Lo sé, lo sé, se está volviendo tedioso pedir a la gente que imagine la explosión mediática termonuclear en la que se verían envueltos si un presidente republicano hubiera sido acusado de soborno por un informante del FBI. Así es el mundo. Hasta este punto, el debate sobre la pronunciación correcta del apellido de Ron DeSantis ha recibido más cobertura que la posibilidad de que el presidente se embolsara millones de dólares a través de empresas fantasma.
Aunque, supongo que eso no es exactamente correcto. La guardia pretoriana de Biden ha empezado a inculpar preventivamente al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, como un loco retorcido por exigir al FBI que entregue documentos. Esto es lo que hicieron con Devin Nunes, que resultó estar en lo cierto en su evaluación de la investigación de la colusión con Rusia.
De cualquier modo, no hay periodista real en el universo —ni reportero, ni articulista, ni redactor— que no quiera leer la versión de un informador sobre un presidente en ejercicio que acepta un soborno. Puedes desacreditarlo. Puedes probarlo. Pero tú quieres verlo.
Y ahí está el problema. No quedan muchos periodistas.
La semana pasada, la CNN publicó un artículo que bien podría haber sido enviado textualmente desde la sala de prensa del FBI. Las “fuentes” de la CNN afirmaban “orígenes en un tramo de documentos que Rudy Giuliani proporcionó al Departamento de Justicia en 2020” y la investigación no llevó a ninguna parte. Una gran hamburguesa de nada.
Es esta historia de la CNN, y otra versión en el Washington Post (casi seguramente de las mismas fuentes), la que permitió al representante Jamie Raskin, demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, afirmar que “Rudy Giuliani sacó a la luz estas acusaciones”, y que un “equipo” había examinado el documento y “en agosto determinó que no había motivos para pasar de una evaluación inicial a una investigación preliminar”.
Pero el fiscal general William Barr dijo a The Federalist que la investigación nunca se había cerrado; simplemente se había enviado a una oficina en Delaware. Y el documento no emanaba de Giuliani —la misma estratagema utilizada para socavar la información del New York Post sobre la historia del portátil Hunter Biden—, sino de un informe de denunciantes de 2017 que apareció en una búsqueda de 2020. Nadie se ha presentado para acusar a Barr de mentir, así que asumo que lo anterior es cierto.
¿Quién sabe de qué va todo esto? He aprendido a no hacer demasiadas suposiciones. Por lo que sé, todo esto lleva a una acusación raquítica y a un callejón sin salida.
Eso, sin embargo, no significa que no haya ya toneladas de pruebas circunstanciales de que Joe Biden participó en los negocios turbios de su familia. Lo que hace que la existencia de este documento sea de gran interés periodístico.
Sabemos que el presidente mintió sobre su conocimiento de las relaciones de Hunter con empresas energéticas ucranianas e intereses chinos. Tenemos correos electrónicos que implican al presidente como participante en los planes de Hunter, correos autentificados por especialistas forenses. Tenemos testigos, entre ellos un antiguo oficial de tecnología naval, que afirman que Biden es el “pez gordo” del que habla Hunter en esos correos electrónicos. Incluso la administración Obama se alarmó por los negocios de la familia Biden.
Hace casi un año, el ex asesor de la Casa Blanca de Trump, Peter Navarro, fue acusado y detenido por el FBI por ignorar una citación del Congreso por la comisión del 6 de enero. Fue esposado y se le negó el permiso para llamar por teléfono a un abogado. Hoy, es el FBI el que ignora las citaciones. Y no habrá nadie que arreste al director del FBI, Christopher Wray, por desacato.
Tampoco habrá más discursos mojigatos ni grandilocuentes de los demócratas sobre la sagrada necesidad de transparencia y separación de poderes. Aparentemente, la “democracia” ya no está en peligro. Por supuesto, esperamos una hipocresía asombrosa por parte de los políticos. Esperamos un Departamento de Justicia politizado que proteja a los demócratas.
Hoy en día, también esperamos la completa abdicación de la responsabilidad periodística de unos grandes medios de comunicación partidistas. Y eso es un gran problema.
