La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) quedó incorporada como referencia formal en una nueva ley italiana. Esa decisión ha provocado un enfrentamiento sobre los límites entre la hostilidad contra los judíos y las críticas políticas a Israel. Los opositores temen que la definición pueda utilizarse para restringir expresiones protegidas sobre Israel y los palestinos.
El Parlamento de Italia concluyó la aprobación de la ley en Roma, después de que la Cámara baja la respaldara por 147 votos a favor y 93 en contra, con cinco abstenciones. La norma no establece delitos ni sanciones adicionales. Su función es fijar principios para ejecutar la estrategia que Italia ya aplica contra el antisemitismo, con una referencia expresa a la definición de trabajo de la IHRA.
Los defensores de la iniciativa consideran necesario reforzar la respuesta al aumento de incidentes antisemitas. Sostienen que la legislación ayudará a consolidar los instrumentos que las autoridades ya utilizan para identificar y combatir los prejuicios contra los judíos. La disputa sobre su alcance se ha incrementado desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Gaza. Ambos acontecimientos han estado acompañados por un incremento de incidentes antisemitas denunciados en Europa y por desacuerdos cada vez mayores sobre la diferencia entre antisemitismo y crítica a Israel.
Mario Venezia, presidente de la Fundación del Museo de la Shoá de Roma y partidario de la ley, distingue entre cuestionar las actuaciones del Gobierno israelí y rechazar la existencia del Estado de Israel. “Las críticas al gobierno son absolutamente aceptadas y alentadas., pero cuestionar la existencia del Estado de Israel es otra cuestión”, sostiene.
Venezia afirma que la legislación no restringirá las críticas a las políticas israelíes. Recuerda, además, que las propuestas para introducir castigos penales fueron retiradas durante la discusión parlamentaria. Para él, la aprobación representa principalmente un compromiso político contra el antisemitismo y no una medida destinada a imponer penas.










