El Concejo Municipal de Somerville, una ciudad de Massachusetts situada al norte de Boston, aprobó el jueves 12 de noviembre una ordenanza que restringe sus contratos con empresas implicadas en violaciones del derecho humanitario. La medida menciona expresamente actividades en “Israel y Palestina” y obtuvo diez votos a favor y uno en contra. La concejala Kristen Strezo fue la única integrante del organismo de once miembros que rechazó la propuesta.
La decisión afecta a los proveedores del municipio, no a todos los negocios instalados en Somerville. Las empresas que operan de forma privada en la ciudad quedan fuera de la prohibición, al igual que los empresarios individuales. Para impedir una contratación, la ordenanza exige que la empresa facilite o haga posibles las infracciones de manera “directa, consciente y constante”.
La votación cerró un debate que había comenzado antes de la redacción de esta norma. En noviembre de 2025, el 55,7 % de los votantes respaldó la denominada Pregunta 3, que planteaba excluir a negocios que sostuvieran lo que sus promotores describían como “apartheid, genocidio y ocupación ilegal de Palestina” por parte de Israel. Ese mismo mes, el concejo decidió poner en práctica el resultado. Los concejales Ben Ewen-Campen y Ben Wheeler presentaron la ordenanza en junio de 2026 y trabajaron después en sus sucesivas revisiones.
Israel rechaza las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra formuladas contra él desde el inicio de la guerra con Hamás en Gaza, desencadenada por la masacre del 7 de octubre de 2023. En Somerville, los detractores del texto consideran que su aplicación equivaldrá a un boicot contra Israel y perjudicará el ambiente en el que viven los residentes judíos e israelíes.
Nueve concejales tomaron la palabra antes de decidir. Ewen-Campen defendió que una administración municipal expresara su posición sobre lo que ocurre fuera de Estados Unidos. Aludió a las medidas federales contra manifestantes estudiantiles propalestinos y a dos detenciones efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, de acuerdo con esas denuncias, estuvieron relacionadas con críticas a Israel. Admitió que Somerville no cambiaría por sí sola la situación mundial, pero sostuvo que el silencio colectivo también tiene consecuencias.
Strezo rechazó esa interpretación. Para explicar por qué consideraba antisemita la iniciativa, recordó la Noche de los Cristales Rotos, los ataques contra judíos del 9 y 10 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria. Vinculó la restricción comercial propuesta en Somerville con las campañas nazis que habían presionado a la población para que dejara de comprar en establecimientos judíos antes de aquellos ataques.
La concejala afirmó que la medida hace que miembros de su comunidad se sientan señalados, inseguros y excluidos de la ciudad. También cuestionó que una prohibición municipal pudiera resolver la guerra de Oriente Medio. Mientras intervenía, los gritos de Somerville for Palestine (S4P) atravesaron las ventanas del ayuntamiento. El grupo había convocado una concentración frente al edificio antes de la sesión y la mantuvo durante el debate. Sus manifestantes repetían una consigna que exigía transparencia y desinversión.
La concejala Emily Hardt votó a favor, aunque expresó reservas sobre el contenido. Defendió la compatibilidad entre el apoyo a los derechos de los palestinos y el rechazo del antisemitismo. Habría preferido que la ordenanza se concentrara en la actuación del Gobierno estadounidense, pero respaldó la propuesta sometida a votación por su objetivo de relacionar el gasto municipal con los derechos y la dignidad de las personas.
La aprobación provocó reacciones opuestas dentro de la sala. Partidarios de la medida, entre ellos integrantes de S4P y asistentes con kufiyas, se levantaron y celebraron el resultado antes de salir. Los miembros de Shalom Somerville y otras personas contrarias a la ordenanza permanecieron en silencio. Algunos llevaban camisetas blancas, insignias cuadradas azules y adhesivos con el mensaje “Aquí no soy bienvenido”.
Sam Gechter, presidente de Shalom Somerville, reprochó a los concejales que abandonaran sus responsabilidades. Su organización se había opuesto tanto a la consulta de 2025 como a la nueva ordenanza. Gechter pidió al alcalde Jake Wilson que cumpliera lo que, a su juicio, había prometido durante la campaña: vetar cualquier medida que mencionara expresamente a un país. Wilson no había apoyado la Pregunta 3 en su campaña de 2025. No obstante, la oficina del alcalde considera definitiva la norma porque la mayoría obtenida supera el umbral necesario para anular un veto.
Para Mo Katz-Christy, integrante de la dirección de S4P y de su grupo judío, los diez votos favorables demostraron que la ordenanza respondía a la voluntad mayoritaria. S4P había promovido activamente la Pregunta 3 y colaboró con Ewen-Campen durante la elaboración del texto. Katz-Christy celebró que se mencionaran Israel y Palestina y afirmó que la prohibición estaba dirigida contra empresas a las que su organización atribuye conductas graves.
La aplicación dependerá de las declaraciones de los propios proveedores. Cada empresa que aspire a contratar con Somerville tendrá que certificar que cumple los requisitos. Si alguien cuestiona esa declaración, el municipio consultará distintas fuentes, entre ellas la base de datos de empresas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la lista de desinversión del proyecto Investigate, de American Friends Service Committee.
La ordenanza permite excepciones. El director de Finanzas podrá excluir a una empresa de la prohibición cuando considere que sus servicios son indispensables para el funcionamiento municipal, entre otros motivos para evitar un coste económico considerable. Esa facultad forma parte de las disposiciones incorporadas tras varias rondas de negociaciones sobre las consecuencias éticas y financieras de la norma.
El procedimiento suscita objeciones legales y prácticas dentro de la propia administración. En la última reunión del Comité de Asuntos Legislativos, el 27 de octubre, la responsable de contrataciones, Angela Allen, advirtió que la ordenanza probablemente no resistiría una impugnación judicial. Coincidió con inquietudes expuestas anteriormente por la asesora legal municipal Cindy Amara. Allen sostuvo que la ciudad carece de atribuciones legales para inhabilitar a posibles proveedores y señaló que tampoco estaba claro quién decidiría finalmente si una empresa cumplía los criterios. A su juicio, la incertidumbre podía retrasar y complicar las contrataciones.
Las discrepancias alcanzaron también a los vecinos que acudieron a la sesión. Kate Auspitz, residente de Somerville desde hace años e integrante de Shalom Somerville, manifestó que no volvería a votar por los concejales que respaldaron la propuesta, con excepción de Strezo. Considera antisemita la medida porque, en su opinión, niega a los judíos el derecho a la autodeterminación.
Entre los asistentes favorables se encontraba Willie Burnley Jr., miembro de los Socialistas Democráticos de América en Boston. Había competido contra Wilson por la alcaldía en 2025 y apoyado la Pregunta 3. Explicó que acudió a respaldar a sus vecinos, quienes buscaban que el concejo cumpliera la voluntad expresada por los votantes.
