La asociación entre Estados Unidos e Israel debe mantenerse firme continuando la mejora de los valores compartidos y los compromisos con la seguridad y la paz, mientras los israelíes ponen a prueba esta semana la resistencia de sus principios democráticos en el asunto de la reforma judicial.
El presidente Joe Biden evitó la cuestión de invitar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca y en su lugar criticó la reforma judicial israelí y culpó de las tensiones en Jenín y otros territorios controlados por la Autoridad Palestina a la “pérdida de credibilidad” de la AP y a los ministros “extremistas” del gobierno israelí en una entrevista con el presentador de CNN Fareed Zakaria el 9 de julio.
Estos comentarios llegaron poco después de que la administración Biden reinstaurara la prohibición de utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para programas de cooperación o investigación científica en Judea y Samaria (también conocidas como “Cisjordania”) que están bajo control israelí.
Desde su fundación, Israel ha colaborado estrechamente con Estados Unidos para lograr avances científicos en ámbitos como las energías renovables, el tratamiento del cáncer y la gestión del agua. El dinero para ese estudio está en peligro.
En un acuerdo firmado por Netanyahu y el entonces embajador estadounidense en Israel, David Friedman, en una ceremonia celebrada en la Universidad Ariel en octubre de 2020, la Administración Trump decidió levantar esas restricciones geográficas.
El cambio de política de Biden, que aparentemente se promulgó por razones humanitarias, perjudicará a los ciudadanos estadounidenses al limitar su acceso a avances médicos y tecnológicos que podrían salvar vidas. Estados Unidos e Israel han trabajado juntos durante mucho tiempo para desarrollar productos farmacéuticos y equipos médicos de vanguardia, reduciendo su dependencia de China.
Durante cincuenta años, nuestros dos países han apoyado formalmente esta red de colaboración científica. La Fundación Binacional para la Ciencia (BSF), la Fundación Binacional para la Investigación y el Desarrollo Agrícolas (BARD) y la Fundación Binacional para la Investigación y el Desarrollo Industriales (BIRD) se crearon en los años setenta para fomentar la incipiente comunidad científica israelí y estrechar los lazos entre ambos países. Cada gobierno aportó 100 millones de dólares a la dotación inicial de 200 millones para las fundaciones.
Las tres fundaciones tienen una disposición en sus estatutos que dice: “los proyectos patrocinados por la Fundación no podrán llevarse a cabo en zonas geográficas que hayan pasado a estar bajo la administración del Gobierno de Israel después del 5 de junio de 1967, y no podrán referirse a temas principalmente pertinentes a dichas zonas”. Esto incluía el este de Jerusalén, los Altos del Golán, Gaza y Judea y Samaria en aquel momento.
Apenas había israelíes residiendo allí entonces. La situación actual es diferente. Alrededor de medio millón de israelíes viven en estos territorios. La Universidad Ariel, una de las pocas universidades de los territorios, ha estado a la vanguardia de la investigación médica pionera que ha beneficiado tanto a Estados Unidos como a Israel.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Ariel colaboran para descubrir un nuevo mecanismo por el que las células cancerosas se hacen resistentes a la quimioterapia. La necesidad de este estudio es urgente a la luz de la actual crisis de medicamentos contra el cáncer.
Además, la Universidad Ariel colabora con la Universidad de Rochester para fomentar el uso de vesículas extracelulares derivadas de células madre mesenquimales (MSC) como posible método de tratamiento para mejorar el funcionamiento afectivo y cognitivo.
Para combatir los tumores de páncreas y de mama triple negativo, Biomirex, Inc. y la Universidad Ariel están desarrollando un sistema de administración dirigida.
El boicot a la financiación podría perjudicar no sólo a los futuros pacientes de cáncer. Los becarios israelíes que han realizado estancias postdoctorales en Estados Unidos y tienen previsto regresar a su país para proseguir sus estudios son los que más pronto sentirán los efectos de la reducción presupuestaria.
Dondequiera que se lleve a cabo la investigación, el gobierno de Estados Unidos debe apoyarla si en ella participan expertos estadounidenses y colaboradores de países amigos.
Según la Casa Blanca, colaborar con Israel en ciencia y tecnología en los Altos del Golán y Cisjordania sería “incompatible con la política exterior de Estados Unidos”. Pero, ¿puede peligrar nuestra política exterior por los medicamentos que salvan vidas descubiertos por científicos estadounidenses y la Universidad Ariel?
El compromiso de la Universidad Ariel con las universidades estadounidenses ha crecido exponencialmente desde 2020, cuando se amplió la elegibilidad para las subvenciones binacionales. Siete de los dieciocho proyectos presentados a fondos bilaterales en 2021 lograron recibir apoyo financiero. En 2022 se presentaron treinta y dos propuestas, cuyas respuestas están previstas para julio de 2023. Más de sesenta iniciativas están ya en preparación para este año.
Sin duda, toda esta investigación se detendrá si la administración Biden sigue adelante con su embargo de financiación, a menos que el Congreso actúe con rapidez.
Es necesaria una legislación que estipule que la financiación estadounidense de BIRD, BSF y BARD no puede discriminar a los científicos en función del lugar en el que lleven a cabo sus investigaciones, y el Congreso debe codificar la política de octubre de 2020 para esa fecha.
El acceso a la ciencia fundamental no debe verse obstaculizado por líneas políticas teóricas. No vale la pena el riesgo para Estados Unidos, Israel o el resto del mundo.
