Un tribunal de distrito de Jerusalén dispuso este lunes que Karim Khan, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), pague ₪25 000 000, unos $7 700 000, a familias de israelíes que estuvieron secuestrados en Gaza. A esa indemnización se añaden ₪2 500 000, alrededor de $773 000, por gastos judiciales. La demanda civil atribuye a la actuación de Khan una legitimación moral de Hamás que habría contribuido a prolongar el cautiverio.
La resolución se produjo porque Khan no respondió a la demanda. Recibió la notificación en mayo, pero dejó vencer el plazo de septiembre sin presentar contestación. El juez Eran Shiloh aceptó entonces íntegramente la reclamación económica. La notificación había llegado dos meses antes de que Khan fuera apartado de su cargo.
La organización Shurat HaDin inició el procedimiento en agosto de 2025, cuando todavía permanecían cautivas unas 40 personas en Gaza. Actuó en nombre de Eitan Mor, que seguía secuestrado, y de las familias de Avinatan Or y Omri Miran. Los tres fueron liberados en octubre de ese mismo año. Los demandantes cuestionaron que Khan promoviera órdenes de arresto contra dirigentes israelíes y de Hamás, pero no contra la Yihad Islámica Palestina. Consideraron que su actuación equiparaba a Israel con Hamás y daba al grupo una posición de mayor legitimidad internacional para retener a los secuestrados y formular exigencias.

El litigio se refiere a las actuaciones de Khan en 2024 sobre la guerra de Gaza. El fiscal buscó órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra. La CPI anunció asimismo una orden contra Mohammed Deif, antiguo jefe militar de Hamás, cuando el grupo aún no había confirmado su muerte en un ataque israelí. También se había planteado solicitar órdenes contra Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero ambos murieron antes de que esas órdenes estuvieran listas.
Nitsana Darshan-Leitner, presidenta de Shurat HaDin, sostuvo que la decisión judicial advierte a fiscales y jueces de la CPI de que pueden responder con su propio patrimonio si actúan de manera ilegal. La organización pretende cobrar la totalidad de la suma mediante la ejecución de la sentencia en el Reino Unido, donde reside Khan.
El exfiscal fue destituido en julio de 2026 a raíz de acusaciones de conducta sexual indebida con una asistente. De los 125 Estados miembros de la CPI, 82 votaron a favor de su destitución y 13 se opusieron. Los restantes se abstuvieron o no asistieron a la votación.










