La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, tendrá que presentarse ante los jueces que llevan el proceso penal contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. El tribunal decidió este jueves 12 de noviembre convocarla personalmente, aunque un día antes la Fiscalía había comunicado que ella se oponía a acudir y consideraba suficiente la representación de los fiscales a cargo del caso.
La orden fue adoptada por Rivka Friedman-Feldman, Moshe Bar-Am y Oded Shaham, integrantes del Tribunal de Distrito de Jerusalén. Lo que pretenden discutir es cómo continuará el juicio contra Netanyahu y qué alternativas existen para organizar y hacer avanzar el procedimiento. La citación no tiene por objeto recibir una declaración testimonial de Baharav-Miara sobre las investigaciones.
La audiencia quedó fijada para el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 09:30. Los magistrados dejaron abierta la posibilidad de celebrar la sesión a puerta cerrada y dispusieron que la secretaría judicial notificase la resolución a los representantes de las partes.
El desacuerdo gira alrededor de quién debe participar en una conversación capaz de influir en el desarrollo del proceso. La fiscal general sostiene que los responsables de la acusación están autorizados para transmitir su posición. Los jueces, en cambio, consideran útil escuchar directamente a quien ocupa la máxima responsabilidad institucional sobre las decisiones de la Fiscalía.
En la resolución explicaron que un diálogo eficaz requiere que quienes tienen autoridad para decidir conozcan de primera mano las cuestiones que se planteen y puedan responderlas. Habían examinado la objeción de Baharav-Miara, pero concluyeron que su presencia aportaría un valor adicional al intercambio con el tribunal.
La controversia se originó en una audiencia de la semana pasada. Amit Hadad, abogado defensor de Netanyahu, y Jacques Chen, representante de Shaul e Iris Elovitch, solicitaron que se abriese una discusión con la participación de la fiscal general. La petición surgió en un momento en que el testimonio del exfiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, había planteado preguntas sobre las autorizaciones concedidas durante las investigaciones de los llamados casos contra Netanyahu.
El juez Shaham explicó entonces que el propio tribunal ya había estudiado una convocatoria semejante antes de la propuesta de los defensores. A su juicio, si se pretende discutir con la autoridad que dirige la acusación pública, corresponde hacerlo con la responsable de esa función.
La Fiscalía mostró reservas ante una iniciativa que describió como poco habitual. Friedman-Feldman respondió que en el juicio ya habían ocurrido numerosas situaciones fuera de lo común. Esa discusión anticipó la resolución de este jueves, que convirtió en una orden judicial una posibilidad todavía sometida a debate.
El miércoles, la fiscal Yehudit Tirosh había presentado la postura contraria a la comparecencia. Explicó que el equipo del ministerio público que interviene en las audiencias está integrado por profesionales experimentados, facultados para actuar en nombre de Baharav-Miara, a quien mantienen al corriente de lo sucedido en la sala.
Tirosh argumentó que la presencia de la fiscal general junto a los fiscales y sus superiores no encajaría con la organización habitual del sistema de acusación israelí. Aseguró que las observaciones de los jueces reciben atención y pueden llegar a los responsables de mayor rango sin necesidad de que estos se sienten personalmente ante el tribunal.
La representante de la Fiscalía también indicó que tanto Baharav-Miara como el fiscal del Estado, Amit Aisman, están dispuestos a mantener conversaciones directas sobre un eventual acuerdo en el proceso. Recordó que la acusación aceptó una iniciativa del presidente Isaac Herzog para favorecer ese diálogo, pero sostuvo que Netanyahu no respondió a la propuesta.
Hadad rechazó que la ausencia voluntaria de la fiscal general deba impedir su citación. Defendió la competencia del tribunal para exigirle que comparezca y mencionó como antecedente una ocasión en la que el Tribunal Supremo ordenó la presencia del fiscal del Estado para conversar directamente con el responsable autorizado para adoptar decisiones.
Para el abogado, los asuntos planteados durante este juicio justifican una intervención de ese nivel. Su postura no equivale a pedir que Baharav-Miara declare como testigo de las investigaciones, sino que participe, en su función actual, en la deliberación acerca de la continuación de la causa.
Uno de los antecedentes inmediatos de la discusión es la declaración de Mandelblit, convocado por la defensa. Durante la investigación y la presentación de la acusación contra Netanyahu, él ocupaba el puesto de fiscal general de Israel y fue quien autorizó tanto la apertura de las pesquisas como la formulación de los cargos.
En el interrogatorio se abordó cuánto conocía de las actuaciones de los investigadores, de qué manera supervisó sus decisiones y cuáles de esas diligencias se practicaron antes de obtener su visto bueno. La defensa utilizó sus respuestas para cuestionar el proceder de los organismos encargados de la investigación; las consecuencias jurídicas de esas objeciones aún son materia de controversia.
La Ley Fundamental sobre el Gobierno exige autorización del fiscal general para abrir una investigación penal contra un primer ministro. Esa disposición no establece, por sí sola, que cada diligencia individual deba recibir su aprobación personal y específica. La cuestión que ha surgido en el juicio es cómo se aplicaron las autorizaciones y qué trascendencia tienen las actuaciones discutidas por la defensa.
También permanece abierto el debate sobre la acusación por soborno en el caso 4000, relativo a Bezeq y el sitio Walla. La Fiscalía sostiene que existió una relación ilícita entre Netanyahu y Shaul Elovitch, quien controlaba el grupo Bezeq y el portal. En ese expediente, el primer ministro afronta cargos por soborno, fraude y abuso de confianza.
En dos ocasiones anteriores los jueces expresaron dificultades para fundamentar el cargo de soborno y recomendaron a la Fiscalía que estudiara retirarlo. La acusación no aceptó esa recomendación y el procedimiento continuó. Se ha mencionado la posibilidad de que esa cuestión forme parte de la conversación con Baharav-Miara, pero la convocatoria no la identifica como tema exclusivo ni principal.
La importancia de la comparecencia reside también en la distribución de responsabilidades. Baharav-Miara no era fiscal general durante las pesquisas contra Netanyahu ni cuando se presentó la acusación; esas decisiones correspondieron a la etapa de Mandelblit. Actualmente dirige el sistema de acusación pública y tiene competencia sobre la forma en que el Estado continúa el caso.
Por ello, la presencia ordenada por el tribunal responde a su responsabilidad actual sobre el proceso, no a una solicitud para que explique como testigo las decisiones adoptadas durante la investigación. La cita del 18 de noviembre permitirá a los magistrados abordar directamente con ella las alternativas para la siguiente etapa del juicio.
