El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y la ministra de Asentamientos, Orit Strook, se dirigieron hoy (lunes) mediante una carta urgente al primer ministro, Benjamín Netanyahu. En la misiva exigen convocar de forma inmediata al Gabinete de Seguridad y detener la implementación de la «hoja de ruta» publicada por el Consejo de Paz (Board of Peace), hasta que se modifique para cumplir con los objetivos de la guerra y con los compromisos otorgados a Israel.
Según ambos ministros, el documento oficial publicado durante el fin de semana difiere de manera sustancial del plan presentado a los miembros del gabinete en las deliberaciones previas a su aprobación. Afirman que la decisión del ente gubernamental se tomó con base en información que no coincide con la versión final, por lo que resulta necesario adoptar una nueva resolución que impida la aplicación del esquema en su formato actual. De acuerdo con el texto, la falta de una intervención inmediata podría generar en la Franja de Gaza una realidad de seguridad que contradiga los objetivos bélicos.
La controversia se centra en la «hoja de ruta» elaborada por el Consejo de Paz en el marco del plan internacional para Gaza. Según los documentos publicados, el modelo incluye la creación de una comisión tecnocrática palestina (NCAG), el despliegue paulatino de una fuerza internacional de estabilización (ISF), la desmilitarización por etapas de las organizaciones terroristas y una retirada israelí gradual, todo ello sujeto a mecanismos de verificación internacionales.
En su carta, Smotrich y Strook enumeran siete discrepancias principales entre el plan expuesto al gabinete y la versión final publicada:
- Argumentan que el documento no exige la desmilitarización total de la Franja de Gaza ni la extracción de todo el armamento del territorio. En su lugar, las armas pasarían a estar bajo la responsabilidad de un nuevo organismo palestino —la NCAG— y no en manos de Israel ni de ningún otro actor no palestino.
- Señalan que el plan permite el inicio de la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de manera simultánea al proceso de desarme. Esto va en contra de la postura israelí, la cual establece que el repliegue solo se llevará a cabo una vez completada la desarticulación armamentística de Hamás.
- También sostienen que el texto estipula que el marco legal en la Franja se regirá por las leyes de la Autoridad Palestina. Según los ministros, estas normativas crean una infraestructura que hace posible la continuidad de los pagos a terroristas y miembros de Hamás incluso después de un cambio de gobierno.
- Ambos advierten que la fuerza ISF —la cual, según indican, se presentó como un apoyo para desmilitarizar la zona— se define en la práctica dentro del documento como una fuerza de interposición entre las FDI y los mecanismos de la NCAG. Por consiguiente, esto podría limitar la libertad de acción de las tropas israelíes.
- Además, alertan sobre la creación de una comisión de verificación internacional (IVC), la cual aseguran que jamás se expuso ante el gabinete y que podría incluir a países cuyas acciones atenten contra los intereses de seguridad de Israel.
- Asimismo, sostienen que el plan no condiciona la reconstrucción de la Franja a la finalización del desarme, y carece de mecanismos de supervisión adecuados sobre los materiales de construcción que ingresarán a Gaza.
- Por último, expresan su total rechazo a que el documento presente el impulso de un Estado palestino como parte de los objetivos políticos del proceso.
Como telón de fondo de esta controversia se encuentra un programa más amplio impulsado por el Consejo de Paz, el cual se aprobó mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2025. Según los documentos de ambos organismos internacionales, los principios del plan contemplan el desarme gradual y supervisado de todas las organizaciones armadas, el establecimiento de un gobierno civil palestino provisional a través de la NCAG, el despliegue de la fuerza internacional ISF y el inicio de la reconstrucción del territorio por etapas. Todo esto acompañado de un mecanismo de verificación internacional para evaluar el cumplimiento de los compromisos por parte de los involucrados.
Sin embargo, mientras que los documentos del Consejo de Paz presentan el plan como un modelo basado en el desarme escalonado y verificado de Hamás y de las demás facciones armadas, Smotrich y Strook argumentan que la versión definitiva no garantiza los principios de desmilitarización sobre los cuales se fundamentó la decisión del gabinete y, por ende, resulta inaceptable como base para la política de Israel.
Al final de su carta, los dos ministros exigen que el gobierno anuncie su rechazo a la hoja de ruta en su redacción actual, convoque con urgencia al Gabinete de Seguridad y tome una decisión para impedir la entrada de la fuerza ISF a la Franja de Gaza. Esta paralización deberá mantenerse hasta que el Consejo de Paz corrija el documento para que cumpla, según el criterio de los firmantes, con los objetivos bélicos y con las garantías otorgadas a Israel.
Una fuente política respondió a la misiva de los ministros Smotrich y Strook: «Israel no retrocederá de la línea actual en la Franja de Gaza y continuará neutralizando cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos y soldados». Más tarde, un portavoz declaró a la cadena estadounidense CBS: «El texto del acuerdo para el desarme de Hamás no refleja las posturas de Israel. Exigimos un desarme “más práctico” de Hamás».
