La ministra de Justicia de Israel, Ayelet Shaked, advirtió sobre un “terremoto” si la Corte Suprema de Justicia intenta revocar la ley del Estado-Nación.
Shaked también dijo a la Radio del Ejército el domingo que no creía que el Tribunal Supremo tuviera el poder de revocar la legislación por motivos constitucionales, porque se aprobó como una ley básica, el fundamento constitucional del sistema de justicia israelí.
“Tal movimiento causaría un terremoto entre diferentes autoridades”, dijo Shaked a la estación de radio cuando se le preguntó sobre una posible intervención judicial sobre la ley.
“Los jueces de la Corte Suprema son personas muy serias y profesionales”, dijo. “La Knéset es la asamblea constituyente, que define y determina las leyes básicas. [Los jueces] tienen que interpretar las leyes de acuerdo con las leyes básicas, y no creo que una mayoría en la Corte Suprema daría ese paso”.
“Espero que esto no suceda, y no creo que sea así”, agregó.
Durante meses Shaked, junto con el presidente de Hogar Judío, Naftali Bennett, ha estado intentando avanzar en la legislación limitando ampliamente el poder de elusión del Tribunal Supremo, pero ha progresado poco a pesar de contar con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu.
En su entrevista del domingo, Shaked reiteró su apoyo a la ley, que ha sido cada vez más criticada, siendo calificad apor sus detractores de discriminatoria contra las minorías no judías de Israel.
“No hay nada revolucionario en esta ley específica”, dijo. “Contiene valores en los que se fundó el Estado, valores de asentamiento, inmigración e identidad nacional”, dijo. “Hay consenso sobre estos valores”.
La ley del Estado-Nación aprobada por la Knéset el 19 de julio como una de las leyes básicas del país consagra a Israel como “el hogar nacional del pueblo judío” por primera vez, y dice “el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es único para el pueblo judío”.
La Declaración de Independencia de Israel de 1948 definió el Estado como uno judío y democrático. El gobierno de Netanyahu dice que la nueva ley simplemente consagra el carácter existente del país, y que la naturaleza democrática de Israel y las disposiciones para la igualdad están ancladas en la legislación existente.
Pero los críticos, tanto en casa como en el extranjero, dicen que socava el compromiso de la constitución con la igualdad para todos sus ciudadanos. Ha provocado indignación particular de la comunidad drusa de Israel, cuyos miembros dicen que las disposiciones de la ley los convierten en ciudadanos de segunda clase.
Desde que se aprobó la ley, el Tribunal Superior de Justicia ha recibido tres peticiones para que los jueces revoquen la ley sobre su supuesta discriminación.
En su petición, el partido izquierdista Meretz dijo que la ley contradice una ley básica anterior aprobada en 1992 que garantiza la “dignidad humana” para todos los ciudadanos de Israel.
Los representantes de las comunidades drusa y beduina también han solicitado al tribunal que revoque la ley.
La semana pasada, el árabe israelí juez retirado de la Corte Suprema Salim Joubran se pronunció en contra de la ley “innecesaria y mala”. En una entrevista con Radio Israel, Joubran dijo que la ley crea “una clase superior y una clase inferior” y pidió que se “anule lo más rápido posible”.
El domingo, Netanyahu defendió la ley como “vital” para garantizar que “Israel seguirá continúe siendo el Estado-Nación judío para las generaciones venideras”.
Rechazando las semanas de protestas lideradas por los drusos contra la ley, Netanyahu insistió en que “nadie ha dañado o tiene la intención de dañar los derechos individuales”.
