La diputada de Yamina, Idit Silman, y la legisladora de Meretz, Ghaida Rinawie Zoabi, habrían decidido no votar con la coalición la legislación clave para renovar la aplicación de las leyes penales israelíes y algunas leyes civiles clave a los judíos de Judea y Samaria.
Según informan los medios de comunicación en lengua hebrea, Silman, desertora de la coalición, ha decidido votar en contra del proyecto de ley de prórroga si se somete a votación el lunes. Una fuente de la oficina de Silman desmintió las informaciones.
El ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, indicó a primera hora del lunes que el proyecto de ley se sometería a votación ese día y que no se retrasaría más.
“Desde nuestro punto de vista, tiene que aprobarse hoy”, dijo un portavoz de Sa’ar.
Tras conocerse la decisión de Silman, la oficina de Sa’ar confirmó que el plan no había cambiado.
En los últimos días, Sa’ar ha intensificado sus advertencias de que la supervivencia de la coalición podría estar en juego si la legislación no se aprueba.
El proyecto de ley renovaría una medida de larga data que extiende la ley israelí a los ciudadanos que viven en Judea y Samaria. La medida debe renovarse cada cinco años, y su no aprobación podría tener consecuencias de gran alcance para los judíos que residen en esa parte de Israel.
Técnicamente el proyecto de ley de prórroga podría retrasarse hasta la semana que viene y seguir cumpliendo el plazo de finales de junio. Pero, las posibilidades de que el proyecto de ley pase por su proceso de comisión, y luego por la segunda y tercera lectura antes de la fecha límite serían escasas, dijeron fuentes de la coalición.
Si una oposición unificada, más Silman en solitario, votara en contra del proyecto de ley, este fracasaría en su primera lectura.
Poco después del anuncio de que Silman planeaba votar con la oposición, Rinawie Zoabi dijo al Canal 12 que no podría votar a favor de la ley.
“La continuidad de la coalición es importante para mí, pero no puedo votar a favor de una ley así”, dijo.
La coalición también está preocupada por si cuenta con los votos de todos los miembros del partido islamista Ra’am.
El lunes, Mazen Ghanaim, miembro del Ra’am, concedió una entrevista a la emisora de radio pública en lengua árabe Makan en la que indicó que podría votar en contra de la ley.
“Si este gobierno se desmorona, será un problema de Sa’ar y de [el primer ministro Naftali] Bennett”, dijo Ghanaim. “Todo el mundo verá en qué sentido votaré”.
Ghanaim declaró posteriormente al sitio de noticias Ynet que “no haremos caer al gobierno, pero somos socios en él, y Sa’ar debería haber consultado con nosotros antes de someter la ley a votación”.
El legislador también dijo que Ra’am formulará su posición sobre el proyecto de ley después de la reunión de la facción del partido del lunes por la tarde.
El proyecto de ley pone al partido árabe islamista y a la legisladora árabe de izquierdas Rinawie Zoabi en un aprieto: aunque Ra’am y Rinawie Zoabi preferirían la continuidad del gobierno actual, los proyectos de ley que tratan de asuntos de asentamiento y seguridad son ideológicamente difíciles para sus bases. Si apoyaran a la coalición y el proyecto de ley fracasara a pesar de todo, estarían recibiendo un golpe sin conseguir una victoria.
A pesar de haber renunciado a la coalición a principios de abril y de haberla privado de su mayoría, Silman todavía no ha votado en contra de la coalición en la legislación clave.
Sin embargo, se dice que Silman ha recibido presiones para votar activamente contra la coalición, incluso si el gobierno intentara subir la apuesta, convirtiendo la votación del lunes en una moción de confianza.
Si Silman votara en contra de un proyecto de ley clave, especialmente uno que se convierta en una medida de confianza, Yamina podría tener argumentos para expulsarla del partido e infringirle sanciones que podrían perjudicar su carrera.
Tales decisiones pueden ser perjudiciales para la salud política tanto de Silman como de Yamina. Silman renunciaría a presentarse con un partido establecido en la próxima Knesset, mientras que Yamina -si la expulsan- ya no podría contar con sus abstenciones de voto y podría tener que encontrar otra solución para superar su bloqueo de 60-60 escaños con la oposición.
Los miembros de la derecha de la oposición, que apoyan el proyecto de ley en principio, han reiterado su negativa a votar a favor de cualquier legislación respaldada por el gobierno, buscando avergonzar a la actual coalición que se tambalea, con la esperanza de derrocarla.
En la otra cara de la moneda, el MK de Meretz, Mossi Raz, cuyo partido de izquierdas es miembro de la coalición, dijo que aunque no apoya la legislación; sin embargo, votará a favor para mantener el gobierno intacto.
“Sería mejor para el país que no se aprobara, pero firmamos un acuerdo de coalición que mantiene la situación en Judea y Samaria, y somos fieles a ello”, dijo Raz al sitio de noticias Ynet.
Sin embargo, si el proyecto de ley no se aprueba, dijo Raz, “se creará un lío. ¿Qué hay de malo en ello? Durante 55 años ha habido una ocupación y han muerto israelíes y palestinos. ¿Quién les dijo a los colonos que debían vivir allí?”.
El ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, jefe del partido Yisrael Beytenu, tuiteó el lunes un llamamiento a los dirigentes de Judea y Samaria para que presionen a los líderes de los partidos de la oposición para que voten a favor del proyecto de ley de ampliación.
“Pido a los jefes de los asentamientos en Judea y Samaria que vengan hoy a la Knesset y exijan que [el jefe del Likud, Benjamin] Netanyahu y sus amigos y [el líder del Sionismo Religioso, Bezalel] Smotrich y su gente voten a favor de las regulaciones en Judea y Samaria”, escribió Liberman, animándoles a “mirarles a los ojos y ver cómo votan”.
El proyecto de ley renovaría una medida que extiende el derecho penal israelí y ciertas leyes civiles clave -como el impuesto sobre la renta y el seguro de salud- a los israelíes que viven en Judea y Samaria. Aunque Israel no se ha anexionado Judea y Samaria, la medida garantiza que los judíos que viven allí sean tratados como ciudadanos de pleno derecho en la mayoría de los asuntos.
Promulgada originalmente tras la Guerra de los Seis Días de 1967, la ley sigue siendo una “medida de emergencia” que debe renovarse cada cinco años. La última vez que se aprobó fue en 2017 y expirará a finales de junio.
El ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, aplazó la semana pasada la votación de la ley después de que la coalición viera que no había mayoría para aprobarla.
El domingo, el Canal 12 dijo que la Autoridad de Población emitió un dictamen en el que decía que, si no se aprobaba la medida, los residentes israelíes de Judea y Samaria no podrían obtener nuevos documentos de identidad ni comunicar su dirección, lo que también podría perjudicar su capacidad para ejercer derechos básicos como el voto.
Sa’ar, cuyo partido Nueva Esperanza apoya los asentamientos y se opone a la creación de un Estado palestino, ha dicho que, a menos que se apruebe la medida, los judíos de Judea y Samaria pasarán a estar sujetos al sistema de justicia militar de Israel, que se basa en la legislación jordana. Dijo que tal situación nunca se había producido.
“Creará un caos en materia de justicia en Judea y Samaria”, dijo Sa’ar a Kan la semana pasada, utilizando el término bíblico para referirse a la llamada «Cisjordania». “Dañará la conexión del territorio con Israel y la ley israelí, y perjudicará a unos 500.000 israelíes que viven en Judea y Samaria”.
Aunque el bloque de derecha-religiosa liderado por el Likud dentro de la oposición apoya la renovación en principio, se ha comprometido a no ayudar a proporcionar la mayoría necesaria para aprobarla, prometiendo oponerse a cualquier legislación patrocinada por el gobierno, independientemente de su contenido.
La coalición, que cuenta con una ajustada paridad de 60-60 escaños con la oposición en la Knesset de 120 miembros, incorpora partidos de todo el espectro político, incluido el partido Ra’am. Aunque el Ra’am ha apoyado medidas polémicas en el pasado, el partido se ha quejado de que la coalición no ha cumplido con las asignaciones prometidas, lo que ha hecho que sus cuatro diputados pierdan el apoyo de la calle árabe y que sean menos receptivos a las demandas de la coalición. El Ra’am congeló temporalmente su participación en la coalición y en las actividades parlamentarias en abril, en protesta por la gestión estatal de los disturbios palestinos en el Monte del Templo.
