El presidente del Líbano, Joseph Aoun, informó a una delegación de Estados Unidos en Beirut que el país aplica medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La reunión se celebró en el Palacio de Baabda pocos días después de que Washington sancionara a tres integrantes de Hezbolá acusados de mover fondos hacia la organización, lo que dio a la conversación un carácter operativo y no solo declarativo. Según reportes de agencias internacionales, la delegación estuvo encabezada por Sebastian Gorka, director senior de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, también participaron John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, y Rudolph Atallah, responsable de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional. La Presidencia libanesa precisó que Aoun expuso medidas para reforzar controles destinados a impedir operaciones de blanqueo, el contrabando de dinero y su empleo en actividades terroristas. Con esta posición, el Ejecutivo buscó mostrar alineación con estándares internacionales y responder a las preocupaciones que se intensificaron tras las sanciones recientes.
Las sanciones del Departamento del Tesoro, anunciadas el 6 de noviembre de 2025, se dirigieron contra tres operativos financieros de Hezbolá por facilitar el traslado de decenas de millones de dólares desde Irán hacia el Líbano mediante casas de cambio y un uso extensivo de la economía en efectivo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros detalló que los designados son Ossama Jaber, Ja’far Muhammad Qasir y Samer Kasbar, a quienes atribuye la recolección y conversión de fondos a favor de Hezbolá y la coordinación con redes comerciales vinculadas a la venta de petróleo y otros bienes. La acción se adoptó al amparo de la Orden Ejecutiva 13224 y bloqueó sus bienes bajo jurisdicción estadounidense, por lo que cualquier transacción con ellos quedó sujeta a consecuencias legales.
El Tesoro estadounidense añadió que, desde enero de 2025, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán transfirió más de mil millones de dólares a Hezbolá, principalmente a través de empresas de cambio. Según esa evaluación, parte de los recursos financió el aparato militar del grupo y su resistencia a las iniciativas del Estado libanés orientadas a recuperar el monopolio de las armas. Además, el propio Tesoro atribuyó la opacidad de ciertas operaciones a la preeminencia del efectivo en la economía libanesa después de la crisis financiera de 2019, de modo que el entorno monetario facilitó los circuitos informales y elevó los riesgos de cumplimiento.
Hezbolá figura en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos desde 1997 y permanece sujeta a sanciones financieras y restricciones derivadas de esa designación. Esta inclusión habilita la congelación de activos y la prohibición de proveer apoyo material, y contempla consecuencias penales para quienes incumplan la normativa. Por tanto, cualquier actor que mantenga vínculos financieros con el grupo se expone a medidas coercitivas en jurisdicciones que reconocen esa clasificación.
En el plano regulatorio internacional, el Grupo de Acción Financiera mantiene al Líbano bajo seguimiento intensificado desde octubre de 2024, por lo que el país debe cumplir un plan de acción y plazos para corregir deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación.
En paralelo, la Unión Europea añadió al Líbano en julio de 2025 a su lista de terceros países de alto riesgo, categoría que comprende jurisdicciones con compromisos políticos para subsanar debilidades identificadas por el GAFI. En conjunto, estas decisiones configuraron un marco que condiciona la supervisión externa y que obliga a reforzar la cooperación con contrapartes internacionales si Beirut desea reducir su riesgo sistémico.
El contenido del encuentro en Baabda se divulgó mientras Washington intensificaba acciones contra redes financieras de Hezbolá. Además de la designación del 6 de noviembre de 2025, a lo largo del año el Tesoro adoptó medidas contra responsables y facilitadores del aparato económico del grupo, con énfasis en casas de cambio, operadores de petróleo y entramados empresariales utilizados para canalizar divisas.
Estas acciones incluyeron prohibiciones secundarias para entidades financieras extranjeras que participen en transacciones significativas con personas listadas y advertencias sobre riesgos de cumplimiento para intermediarios que operan en entornos con alta circulación de efectivo, de modo que el perímetro de disuasión no se limitó a actores domésticos.
El diálogo con la delegación estadounidense se enmarcó, además, en las obligaciones derivadas del cese de hostilidades entre Israel y Hezbolá que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024. Ese acuerdo, facilitado por Estados Unidos y respaldado por otros mediadores, estableció un alto el fuego, la retirada gradual de fuerzas israelíes del sur del Líbano en un plazo de sesenta días y la expansión del área libre de armas de Hezbolá al sur del río Litani, con despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. En consecuencia, el control financiero y el control de armas pasaron a formar parte de una misma agenda de estabilización.
La interlocución entre Beirut y Washington sobre finanzas ilícitas y control de armas se produjo después de que el Parlamento libanés pusiera fin a dos años de vacancia y eligiera a Joseph Aoun presidente el 9 de enero de 2025. Medios internacionales señalaron que su llegada a la jefatura del Estado contó con apoyo de diversas fuerzas parlamentarias y elevó la expectativa de fortalecer el papel de las instituciones de seguridad del país. A partir de ese cambio político, la coordinación con socios externos ganó tracción y permitió al Ejecutivo presentar avances regulatorios ante los organismos de control.
Según la Presidencia libanesa, además de las medidas financieras, las fuerzas armadas y los servicios de seguridad desarrollan actuaciones contra células terroristas y contra el contrabando de dinero hacia el país. La comunicación oficial añadió que el intercambio con la delegación estadounidense abarcó el contacto permanente con organismos financieros internacionales y los pasos vinculados a la recuperación económica, aunque no proporcionó detalles sobre compromisos o calendarios. Así, el Gobierno buscó transmitir voluntad de cumplimiento mientras mantiene margen para ajustar la ejecución en función de la interlocución externa.
La decisión del Tesoro de Estados Unidos del 6 de noviembre de 2025 incorporó a Ossama Jaber, Ja’far Muhammad Qasir y Samer Kasbar a la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC. Esta inclusión activó el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y elevó los riesgos legales para cualquier contraparte que intente operar con ellos, lo que incrementó la presión financiera sobre las redes vinculadas a Hezbolá y reforzó el incentivo de cooperación planteado por Beirut en su reunión con la delegación de Washington.
