La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump tras la decisión de prohibir la inscripción de estudiantes internacionales, según un documento judicial. La acción legal, iniciada en un tribunal federal de Massachusetts, denuncia una medida que la institución considera retaliatoria y perjudicial para su comunidad académica.
La querella sostiene que el gobierno actúa en represalia por la defensa de Harvard de sus derechos bajo la Primera Enmienda. La universidad rechazó las exigencias de la administración Trump de controlar su gobernanza, plan de estudios y la ideología de sus estudiantes y profesores. Harvard argumenta que la medida busca castigar su autonomía y misión educativa.
El jueves, la administración Trump revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) de Harvard, según una carta de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al presidente de la universidad, Alan M. Garber. Esta decisión, efectiva de inmediato, impide a Harvard aceptar nuevos estudiantes con visas F o J para el ciclo 2025-2026, afectando a cerca de 6,800 alumnos internacionales, que constituyen el 27% de su matrícula.
Noem justificó la medida al acusar a Harvard de promover violencia, antisemitismo y vínculos con el Partido Comunista Chino, además de incumplir con los requisitos de información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La secretaria afirmó que la universidad tuvo oportunidades para corregir estas supuestas faltas, pero no cumplió con las expectativas del gobierno.
Harvard calificó la acción como ilegal y un ataque directo a su misión de investigación y educación. Un portavoz institucional destacó el compromiso de apoyar a los estudiantes internacionales afectados y anunció esfuerzos para ofrecerles orientación. Aunque la universidad no confirmó más acciones legales, fuentes cercanas anticipan una batalla judicial prolongada.
El conflicto comenzó cuando el DHS exigió a Harvard registros disciplinarios de estudiantes internacionales, incluyendo detalles de su participación en protestas. El 30 de abril, la universidad entregó información parcial, pero Noem la consideró insuficiente. La secretaria otorgó 72 horas para proporcionar documentos adicionales, como registros de protestas de los últimos cinco años, bajo amenaza de mantener la revocación del SEVIS.
China condenó la decisión de Estados Unidos de retirar a Harvard la autorización para inscribir estudiantes internacionales, muchos de ellos de origen chino. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó durante una conferencia de prensa que esta medida politiza los intercambios educativos y daña la reputación global de Estados Unidos.
El gobierno chino defendió la cooperación académica sin interferencias políticas. Mao Ning advirtió que la restricción afectará el prestigio internacional de Estados Unidos y debilitará los lazos educativos bilaterales. La portavoz subrayó la importancia de mantener la colaboración sin motivaciones políticas.
La prohibición responde a la negativa de Harvard de aceptar las demandas de Trump, quien buscó supervisar las admisiones y contrataciones de la universidad. El presidente acusó a la institución de fomentar el antisemitismo y una ideología liberal “woke”. Esta escalada intensifica las tensiones entre la administración y una de las universidades más prestigiosas del mundo.
