La investigación penal federal que afecta a la representante demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, también ha alcanzado a personas de su familia. Las autoridades le confiscaron el teléfono y se emitieron más de una docena de citaciones para un gran jurado, algunas dirigidas a sus familiares. Una persona conocedora de las diligencias confirmó esos datos bajo condición de anonimato, debido a que no estaba autorizada a hablar de una investigación en curso.
El gran jurado reúne pruebas en Minnesota sobre un posible fraude relacionado con la documentación migratoria de Omar. Todavía no está claro el alcance total de la investigación. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, ha sugerido que los investigadores examinan posibles delitos vinculados con los trámites migratorios de la familia de la congresista.
El lunes, agentes federales registraron la vivienda de Omar en Washington, D. C. La operación tuvo lugar tres semanas antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que la congresista busca la reelección y que determinarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Los demócratas criticaron el registro y acusaron a la administración de actuar contra una legisladora opositora por motivos políticos.
Omar rechazó la actuación en un mensaje publicado el martes en X. La describió como un intento de perseguir a adversarios políticos mediante el uso de las fuerzas federales de seguridad. También acusó a Donald Trump de atacarla durante diez años con falsedades y campañas de desprestigio, y afirmó que este episodio era una nueva escalada de intimidación política. “No seré silenciada”, escribió.
Ese mismo martes, la fiscal federal de Washington, D. C., Jeanine Pirro, afirmó en una entrevista con Fox News que existen “varias investigaciones en curso” relacionadas con Omar. Precisó que su oficina también examina asuntos vinculados con las declaraciones financieras de la congresista y aseguró que, si se comprueba la comisión de un delito, habrá procesamiento penal.
La atención de los republicanos sobre los antecedentes de Omar se remonta a años anteriores, pero el registro de su casa se produjo en la etapa final de la campaña electoral. Históricamente, el Departamento de Justicia ha procurado evitar actuaciones de investigación públicas que involucren a candidatos durante los 60 días previos a elecciones primarias o generales.
