Diplomáticos británicos y funcionarios de inteligencia advirtieron al gobierno del Reino Unido sobre posibles consecuencias de imponer nuevas sanciones a Israel antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, según un informe de The Spectator. La advertencia no habría pedido abandonar las medidas, sino aplazarlas para evitar que una decisión británica incidiera de forma indirecta en la campaña.
El Reino Unido impulsa junto con otros once países europeos y Canadá un paquete dirigido a los asentamientos israelíes en Judea y Samaria. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, habría planteado un argumento similar cuando su homólogo británico, Ed Miliband, le comunicó en agosto que las sanciones estaban próximas. La embajada de Israel en Londres también pidió esperar hasta después de las elecciones.
El gobierno británico defendió la decisión ante el Parlamento con el argumento de que había evaluado sus riesgos y consultado a los servicios de seguridad, al Ministerio de Exteriores y a sus embajadas. La justificación política fue el temor a un deterioro definitivo de la solución de dos Estados.
Entre quienes expresaron reservas figuró Simon Walters, embajador británico en Israel y antiguo responsable de seguridad nacional para Oriente Medio y África en el Ministerio de Exteriores. El informe también sitúa a Jonathan Powell, asesor de seguridad del primer ministro, entre quienes se opusieron a una acción inmediata.
La principal preocupación expuesta por esas fuentes era electoral. El razonamiento era que una confrontación abierta con un gobierno extranjero podía beneficiar políticamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la fase final de la campaña. Tres fuentes citadas por The Spectator afirmaron que esa advertencia llegó al gobierno británico.
Una fuente de seguridad sostuvo además que Miliband quería ver fuera del poder a Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, pero que había recibido la advertencia de que las sanciones podían producir el efecto contrario. Esa afirmación aparece en el informe como una declaración atribuida y no como un hecho demostrado.
El paquete contempla una prohibición de importar productos procedentes de asentamientos situados más allá de la Línea Verde, controles más estrictos sobre exportaciones de defensa, posibles sanciones contra personas y empresas con actividad comercial en Judea y Samaria, restricciones a la publicidad de propiedades en asentamientos y medidas contra cinco personas acusadas de incitación o violencia contra palestinos.
El informe también relaciona la decisión con la política interna británica. Según esa interpretación, algunos diputados laboristas temían perder votos frente al Partido Verde en una elección parcial prevista para el 8 de octubre en Holborn y St. Pancras, tras la salida de Keir Starmer del Parlamento.
El MI6 no habría recomendado cancelar las sanciones de forma expresa, pero sí advirtió que podían dañar la cooperación de inteligencia con Israel. Una fuente cercana a los servicios británicos afirmó que los responsables políticos conocían ese riesgo antes del anuncio.
Las fuentes distinguieron entre alertas urgentes sobre posibles atentados y el intercambio cotidiano de inteligencia. Según su explicación, una advertencia sobre una amenaza inmediata seguiría transmitiéndose, pero una relación deteriorada podría reducir el flujo constante de nombres, conexiones, movimientos financieros y otras informaciones de valor operativo.
Fuentes de inteligencia británicas citadas por la publicación afirmaron que las capacidades israelíes en Oriente Medio serían difíciles de sustituir. También señalaron que algunos países del Golfo reciben indirectamente información israelí por medio de canales británicos. Una fuente laborista que había hablado con responsables de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita sostuvo que ninguno consideraba que las sanciones fueran a aumentar la influencia británica en la región.
