Las cosas eran sombrías para el dictador venezolano, Nicolás Maduro, incluso antes de que los EE.UU. lo acusaran a él y a 14 asociados por cargos de tráfico de drogas. Ahora su régimen puede haber llegado a un punto de inflexión.
Algo de contexto: El precio global del petróleo, la principal exportación de Venezuela, se ha desplomado en el último mes debido a la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. El ya deteriorado sistema de salud pública del país se está preparando para los estragos del coronavirus. Y cualquier esperanza de que gestos poco entusiastas hacia la negociación con la oposición aliviara la presión internacional se desvaneció el mes pasado cuando EE.UU. impuso nuevas sanciones a la única compañía petrolera rusa dispuesta a llevar el petróleo del país al mercado.
Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Maduro y a 14 de sus secuaces de corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo. Por sí misma, la acusación no tendrá mucho efecto. Maduro es un jefe de Estado y el Departamento de Justicia no puede entregarlo a un tribunal. El último hombre fuerte de América Latina acusado por cargos de narcotráfico, el panameño Manuel Noriega, fue derrocado por el ejército de los Estados Unidos en 1989 y llevado a un tribunal de los Estados Unidos. Por el momento, ese escenario parece muy poco probable.
Más bien, las acusaciones tienen un propósito diferente: Envían una fuerte señal al ejército de Maduro y a los miembros de su régimen de que no podrá soportar la actual campaña estadounidense contra él.
Esa campaña comenzó en enero de 2019 cuando los Estados Unidos reconocieron públicamente a Juan Guaidó, el presidente de la asamblea nacional de Venezuela, como presidente interino, tras la victoria de Maduro en unas elecciones ilegítimas en 2018. Desde entonces, más de 50 países han seguido el ejemplo.
La campaña diplomática y las sanciones petroleras no han forzado la salida de Maduro. Pero la relativa unidad de la oposición de Venezuela detrás de Guaidó se ha mantenido. El resultado ha sido un punto muerto.
Las acusaciones no selladas del Departamento de Justicia le quitan a Maduro la mejor esperanza de supervivencia: llegar a un acuerdo con los EE.UU. El año pasado aún era una posibilidad. Un esfuerzo fallido de Guaidó para organizar su destitución en abril frustró al presidente Donald Trump. Muchos analistas creían hace seis meses que Trump se había cansado de su política hacia Venezuela. Una rápida reversión fue posible.
No ocurrió. Ahora será casi imposible para Trump llegar a un acuerdo con Maduro. Es un hombre buscado. La acusación pesará sobre Maduro si Trump es destituido en noviembre.
Además de la acusación, los Estados Unidos ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve al arresto y condena de Maduro. Esto debería aumentar las posibilidades de que Estados Unidos obtenga la cooperación de las personas que lo rodean, “en particular las que no fueron nombradas en la acusación o sus aliados”, dice Juan Cruz, que fue director de asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el mandato de Trump.
Esos incentivos financieros son particularmente fuertes en este momento porque Venezuela no está vendiendo la mayoría de su petróleo sancionado. En octubre, el Miami Herald informó que el régimen de Maduro había empezado a regalar su crudo a Cuba porque no tenía más capacidad de almacenamiento. Venezuela está vendiendo ahora petróleo por debajo del ya deprimido precio de mercado. Eso significa que Maduro tiene mucho menos dinero para pagar a sus partidarios.
¿Qué puede hacer Venezuela para desbloquear la ayuda internacional y levantar las sanciones al petróleo? La respuesta es simple: Maduro debe dejar el cargo, preparando el camino para una nueva elección. Ha dejado claro que no está interesado en ese acuerdo. Tal vez sus generales puedan convencerlo de que no tiene otra opción.
