La decisión de Israel de etiquetar a seis grupos de derechos palestinos y movimientos de la sociedad civil como “organizaciones terroristas” provocó el viernes una rápida y feroz reacción, en la que palestinos, organizaciones internacionales y políticos estadounidenses de izquierdas criticaron la medida.
Los representantes de al menos dos de los grupos negaron las acusaciones, y las organizaciones internacionales acusaron a Israel de intentar silenciar las críticas a las supuestas violaciones de los derechos humanos con pretextos poco convincentes.
“La legislación antiterrorista no debe utilizarse para restringir la labor legítima en materia de derechos humanos y humanitaria”, declaró la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ramala, acusando a Israel de basar la decisión en “razones extremadamente vagas o irrelevantes, incluyendo actividades totalmente pacíficas y legítimas”.
“Estas designaciones son el último acontecimiento de una larga campaña de estigmatización contra estas y otras organizaciones, que perjudica su capacidad de realizar su crucial labor”, añadió.
La reacción se desencadenó después de que el gobierno de Israel emitiera órdenes militares alegando que las seis organizaciones eran frentes del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Israel, Estados Unidos y la Unión Europea consideran que el FPLP, uno de los varios partidos miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, es un grupo terrorista.
“Esas organizaciones actuaban bajo la cobertura de organizaciones de la sociedad civil, pero en la práctica pertenecen y constituyen un brazo de la dirección [del FPLP], cuya actividad principal es la liberación de Palestina y la destrucción de Israel”, dijo la oficina del ministro de Defensa, Benny Gantz, en un comunicado.
Las seis organizaciones nombradas por la oficina de Gantz son algunos de los grupos de derechos más destacados de la sociedad civil árabe palestina. Muchas de ellas han recibido considerables subvenciones de Estados miembros de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, entre otros donantes.
Las autoridades israelíes nombraron a Addameer, que defiende a los presos de seguridad palestinos en los tribunales israelíes; a Al-Haq, que hace un seguimiento de los presuntos abusos de derechos cometidos tanto por Israel como por la Autoridad Palestina; y a Defensa de los Niños-Internacional, que aboga por los niños palestinos.
La Unión de Comités de Mujeres Palestinas, el Centro de Investigación y Defensa Bisan y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola también fueron declarados organizaciones terroristas.
Tanto la legislación militar como la civil israelí prohíben apoyar a un grupo terrorista o unirse a él, y los infractores pueden enfrentarse a años de cárcel. Las fuerzas del orden israelíes también pueden confiscar los bienes de las organizaciones terroristas y prohíben financiar sus actividades; los donantes también pueden ser objeto de importantes penas de cárcel.
Las autoridades israelíes ya han acusado al FPLP de haber sustraído millones de euros de organizaciones de la sociedad civil afiliadas a sus miembros para financiar actividades terroristas. En mayo, el Shin Bet detuvo a cuatro sospechosos, entre ellos un ciudadano español, que se cree que han canalizado fondos europeos al FPLP.
El año pasado, el gobierno neerlandés interrumpió su financiación de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, tras determinar que parte del dinero se destinaba a pagar a dos miembros del FPLP que estaban siendo juzgados por su participación en un atentado terrorista en el que murió la adolescente israelí Rina Shnerb.
La Unión Europea, que dijo que algunos de los grupos reciben su financiación, cuestionó el razonamiento de Israel y dijo que seguiría apoyando a los grupos.
“Las acusaciones anteriores sobre el mal uso de los fondos de la UE en relación con algunos de nuestros socios palestinos [organizaciones de la sociedad civil] no han sido corroboradas”, dijo un portavoz. “La financiación de la UE a las organizaciones de la sociedad civil palestina es un elemento importante de nuestro apoyo a la solución de los dos Estados”.
El director de Al-Haq, Shawan Jabarin, a quien las autoridades israelíes han acusado de ser miembro del FPLP, dijo que la medida era un intento de reprimir las críticas a las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por Israel.
“Pueden cerrarnos. Pueden confiscar nuestra financiación. Pueden detenernos. Pero no pueden detener nuestra firme e inquebrantable creencia de que esta ocupación debe rendir cuentas por sus crímenes”, declaró Jabarin a The Times of Israel.
Jabarin negó que su organización fuera una fachada del FPLP: “Desafío a cualquiera de ellos -el ministro de Defensa, el Shin Bet, cualquiera- a que lo demuestre”.
El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, denunció el anuncio del viernes como una “grave violación del derecho internacional”.
“Esta calumnia falaz y difamatoria es un asalto estratégico a la sociedad civil palestina y al derecho fundamental del pueblo palestino de oponerse a la ocupación ilegal de Israel y exponer sus continuos crímenes”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de la AP en una declaración similar.
En una declaración conjunta, Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron la medida como “atroz e injusta”.
“Esta decisión es una escalada alarmante que amenaza con cerrar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil más prominentes de Palestina. El hecho de que la comunidad internacional lleve décadas sin cuestionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Israel y sin imponerles consecuencias significativas ha envalentonado a las autoridades israelíes a actuar de esta manera tan descarada”, han declarado ambas organizaciones.
En Washington, varios congresistas demócratas progresistas, entre ellos la representante Ilhan Omar y el representante Mark Pocan, también condenaron la decisión.
“Debe haber consecuencias inmediatas por parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional por este acto descarado”, escribió Omar en Twitter.
“Israel debe rescindir su decisión general de etiquetar a las organizaciones de derechos civiles palestinas como grupos terroristas. Muchas de estas organizaciones están trabajando para lograr la paz en la región y son críticos con Hamás y la AP”, tuiteó Pocan.
J Street, una organización estadounidense que presiona a Estados Unidos para que actúe a favor de una solución de dos Estados, pidió a la administración del presidente Joe Biden que censure a Israel por la decisión.
“Se trata de una medida profundamente represiva que parece diseñada para ilegalizar y perseguir a importantes grupos de derechos humanos palestinos”, dijo en un comunicado. “La Administración Biden debería dejar claro al gobierno israelí que esto es totalmente inaceptable y antidemocrático, y pedirle que revierta la decisión”.
La rabina Jill Jacobs, directora del grupo rabínico progresista Truah, calificó la medida de “alarmante” y advirtió que perjudicaría los intentos de los palestinos de construir una sociedad democrática sólida.
“Al etiquetar falsamente a las organizaciones de la sociedad civil palestina como grupos terroristas, el gobierno israelí reduce la transparencia y viola los derechos básicos de los palestinos de un modo que puede tener consecuencias mortales”, afirmó en un comunicado.
