La Fiscalía Federal suiza ha iniciado una investigación sobre la adquisición de Credit Suisse por UBS, respaldada por el Estado, debido a posibles infracciones a la legislación penal suiza por parte de funcionarios gubernamentales, reguladores y ejecutivos de ambos bancos.
Antecedentes de la fusión de emergencia
Los dos bancos acordaron una fusión de emergencia el mes pasado durante un fin de semana frenético para evitar una posible crisis financiera catastrófica.
El matrimonio forzado entre los dos bancos ha generado protestas en Suiza, y más de tres cuartas partes de los ciudadanos suizos se oponen a la adquisición de $3,500 millones de dólares.
Implicaciones políticas y descontento ciudadano
El Parlamento suizo llevará a cabo una sesión extraordinaria en la que es probable que se vote una comisión de investigación formal.
La mayoría de los ciudadanos suizos prefieren la escisión del banco o medidas para recuperar las primas de los directivos responsables.
Uso de poderes de emergencia y garantías financieras
El gobierno suizo, representado por el Consejo Federal, ha sido cuestionado por el uso de poderes de emergencia para ampliar las garantías financieras respaldadas por los contribuyentes a UBS y silenciar la posible oposición de los accionistas.
Consecuencias para inversores internacionales y reguladores
La eliminación de más de 16.000 millones de francos suizos de los instrumentos de deuda híbrida subordinada AT1 emitidos por Credit Suisse ha enfurecido a inversores internacionales de renta fija y generado preocupación entre reguladores internacionales por su impacto en la capacidad actual de otros bancos para reunir capital.
Defensa del gobierno suizo
El gobierno suizo ha insistido en que la urgencia de la situación el mes pasado dejó pocas opciones, argumentando que una absorción estatal de Credit Suisse o su disolución ordenada en un proceso conocido como “resolución” no eran alternativas viables debido a los inaceptables riesgos financieros para los contribuyentes.
Próximos pasos
Los accionistas de UBS y Credit Suisse, a los que se les negó la palabra, tendrán la oportunidad de expresar sus quejas en las juntas anuales de ambos bancos la próxima semana.