El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció el martes el aumento del número de ejecuciones en Irán, incluidas las de personas condenadas a muerte en relación con las protestas que han sacudido el país.
Aumento de ejecuciones
El máximo órgano de derechos humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que expresa su “profunda preocupación por el aumento del número de ejecuciones, incluidas las de personas condenadas a muerte en relación con su presunta participación en las recientes protestas”.
La resolución, que también prorroga un año más el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos en Irán, fue aprobada con el voto a favor de 23 de los 47 miembros del Consejo.
Otros 16 se abstuvieron y ocho se opusieron al texto, entre ellos China, Cuba, Pakistán y Vietnam.
El embajador de Irán, Ali Bahreini, tomó la palabra para denunciar la resolución como una “instrumentalización de los derechos humanos como herramienta de política exterior”.
La resolución se hizo eco de la enérgica condena internacional por la represión del movimiento de protesta que estalló en el país el pasado septiembre.
Irán ha ejecutado a cuatro personas a causa de las protestas, desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, kurda iraní de 22 años que había sido detenida por violar supuestamente la estricta norma de vestimenta de las mujeres.
144 personas ejecutadas
Los grupos de derechos humanos han advertido de que están aumentando las ejecuciones por todo tipo de cargos, argumentando que con ello se pretende intimidar a la sociedad para que no proteste.
Según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 144 personas han sido ejecutadas este año.
La resolución del martes pedía a Teherán que “tome todas las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias” para garantizar que no se ejecuta a nadie por “delitos que no alcanzan el umbral de los delitos más graves”.
Irán también debe garantizar que no se llevan a cabo ejecuciones “por presuntos delitos cometidos antes de los 18 años” y que las condenas sólo son dictadas por “tribunales competentes, independientes e imparciales”.
Impunidad sistemática
Más allá de las ejecuciones, el Consejo deploró “la discriminación y la violencia sistemáticas por motivos de género, etnia, religión o creencia u opinión política” en Irán.
Instó a las autoridades a garantizar y defender el derecho a la libertad de expresión y opinión y a hacer frente a la “impunidad sistemática”.
La resolución también prorrogó el mandato del relator especial Javaid Rehman, quien en un informe presentado al Consejo el mes pasado advirtió de que Irán había cometido graves violaciones desde la muerte de Amini.
Algunos de los abusos más graves, como el homicidio generalizado, el encarcelamiento, la tortura y la violencia sexual, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, advirtió.