Cuando Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, solicitó en mayo órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, comenté en X que esta solicitud era “prueba irrefutable de que las fuerzas dominantes en el mundo no pueden tolerar que el pueblo judío se defienda de terroristas empeñados en destruirlo”. Ahora que la corte ha emitido dichas órdenes de arresto, ya no queda ninguna duda de que esto es así.
La vacuidad moral de las acciones de la corte solo es comparable con su frivolidad jurídica y el peligro de su posible impacto.
Israel no es miembro de la CPI. Cuenta con un sistema legal independiente y robusto. No hay evidencia de que Israel cometa crímenes de guerra mediante ataques intencionales contra civiles o el uso de la hambruna como arma de guerra; de hecho, sucede todo lo contrario.
Toda evidencia confiable señala los esfuerzos extraordinarios de Israel por evitar bajas civiles y proporcionar alimentos suficientes a la población de Gaza. Asimismo, está comprobado, más allá de cualquier duda razonable, que Hamás opera desde infraestructuras civiles y utiliza a los civiles como escudos humanos, en contravención del derecho internacional.
Hamás sigue robando la mayor parte de la ayuda que entra en Gaza y la utiliza como herramienta de represión contra su propia población. Sin embargo, basándose principalmente en informes propagandísticos de Hamás, Khan y sus colegas de la CPI han presentado estos cargos infundados y emitido las órdenes de arresto.
La razón es clara: las instituciones internacionales harán cualquier cosa para impedir que Israel se defienda de los regímenes terroristas que rodean al Estado judío.
Es relevante señalar que la Autoridad Palestina logró ser admitida como “Estado” miembro de la CPI en 2015, a pesar de que no existe un “Estado de Palestina” y de que la Autoridad Palestina, Hamás y la Yihad Islámica Palestina son entidades dictatoriales y terroristas que no deberían tener cabida en instituciones internacionales como la CPI. Para ser miembro de la CPI, un país debe ratificar el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la corte.
Esto resulta risible para el liderazgo palestino por varias razones, entre ellas que el preámbulo del Estatuto de Roma reafirma que “todos los Estados deberán abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier [otro] Estado”.
Pero nadie ha acusado jamás a la CPI de ser intelectualmente honesta. Mahmoud Abbas, el líder dictatorial de la Autoridad Palestina, se unió a la CPI con total impunidad como plataforma para lanzar ataques legales contra Israel. Abbas ha logrado su objetivo. La CPI se ha convertido en el instrumento útil de la Autoridad Palestina y de Hamás, creando una inmensa presión sobre Israel y Occidente a través de estas acciones peligrosas.
Por supuesto, nunca habrá un juicio. Ningún país arrestará a Netanyahu ni a Gallant, a pesar de las grandilocuentes declaraciones de líderes progresistas como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estas acusaciones absurdas nunca serán adjudicadas.
Todo este proceso es simplemente una farsa de la izquierda, aunque no se debe subestimar el peligro de la postura adoptada por la corte. La CPI, establecida apenas en 2002, está acabada. Se ha revelado como un títere de la extrema izquierda y de los regímenes islamistas, de manera similar a las Naciones Unidas. Desde su creación, la corte solo ha llevado 32 casos y ha condenado a 11 personas.
La CPI fue concebida como un tribunal de “última instancia” para crímenes de lesa humanidad y genocidios, en situaciones donde los tribunales locales estuvieran corrompidos o no procesaran estos graves delitos. Sin embargo, la decisión de Kahn podría marcar el fin de la corte.
En 2020, el entonces presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13928, que autorizaba el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada para los funcionarios de la Corte Penal Internacional debido a sus intentos de ejercer jurisdicción sobre Estados Unidos, que tampoco es miembro de la CPI.
Estas sanciones funcionaron, y la CPI abandonó su investigación contra Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Joe Biden revocó inexplicablemente dichas sanciones el 2 de abril de 2021. Pero Trump ha regresado, y también lo harán las sanciones. Todo indica que esta vez las medidas serán más severas. Estados Unidos debería, y probablemente lo hará, presionar a sus aliados para que adopten una postura similar.
Aunque el caso no prospere, las acciones de la CPI dejarán un impacto negativo duradero. Recordemos que la guerra lanzada por Hamás, Hezbolá, los hutíes y la República Islámica de Irán contra Israel no será la última.
En la próxima guerra iniciada por un régimen terrorista contra una nación democrática occidental soberana, ya sea en Estados Unidos o Europa, los supuestos mecanismos de protección creados por la comunidad internacional, primero con las Naciones Unidas y luego con la Corte Penal Internacional, estarán ausentes.
Los terroristas seguirán utilizando el manual palestino, que ha demostrado ser efectivo en instituciones pseudo-intelectuales de Occidente: atacar a civiles, secuestrar a civiles, esconderse entre civiles y reclamar violaciones cuando aquellos que son atacados responden con una guerra defensiva. Al final, todos perdemos.
Espero que esta situación pueda revertirse, no solo por Netanyahu y Gallant, sino por todos los líderes del mundo occidental.
Sobre el autor: Gabriel Groisman es socio de LSN Partners en Miami, Florida, líder de los derechos judíos y ex alcalde de Bal Harbour, Florida.
