Francesca Albanese enfrenta fuertes críticas por su retórica contra Israel, mientras el Consejo de Derechos Humanos analiza extender su mandato por tres años.
El historial polémico de Albanese marca su posible reelección
La Organización de las Naciones Unidas considera la renovación del mandato de Francesca Albanese como relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, en medio de un creciente debate internacional. Nombrada en mayo de 2022, Albanese ha sido objeto de fuertes cuestionamientos debido a declaraciones consideradas antisemitas y hostiles hacia Israel por gobiernos occidentales, académicos y organizaciones de derechos humanos.
El cargo que ocupa fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el propósito de documentar presuntas violaciones cometidas por Israel desde 1967. No obstante, desde su designación, Albanese ha sido señalada por falta de imparcialidad, uno de los principios que exige el reglamento interno del Consejo. Sus comentarios previos a su nombramiento generaron alarma: en 2014, afirmó que Estados Unidos estaba “subyugado por el lobby judío” y que Europa actuaba por la “culpa del Holocausto”. A pesar de que más tarde se refirió a esas palabras como “desafortunadas”, las acusaciones persisten.
Durante su mandato, ha intensificado sus posiciones, llegando a acusar a Israel de genocidio, apartheid y colonialismo. Su informe más controvertido, titulado “Anatomía de un genocidio”, presentado en marzo de 2024, sostuvo que existían “motivos razonables” para creer que Israel cometía genocidio en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás. Este documento fue condenado enérgicamente por el gobierno israelí y por sus aliados, que lo calificaron como una distorsión intencional del contexto.
El tono de sus informes ha llevado a que se le atribuyan posiciones incompatibles con los principios del sistema de derechos humanos, en especial por ignorar el contexto de seguridad de Israel y la amenaza constante de organizaciones terroristas como Hamás, reconocidas como tales por Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones.
Reacciones diplomáticas y denuncias por retórica incendiaria
Las declaraciones públicas de Albanese han provocado rechazo diplomático sin precedentes hacia una relatora especial de la ONU. En febrero de 2024, tras minimizar el componente antisemita del ataque del 7 de octubre, los gobiernos de Francia y Alemania emitieron comunicados condenando sus afirmaciones. París calificó su postura como “vergonzosa” y Berlín indicó que sus palabras “contradicen los valores fundacionales” de la ONU.
Desde Washington, la enviada especial de EE. UU. para combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt, manifestó que la retórica de Albanese “socava gravemente” la legitimidad del cargo que ocupa. Por su parte, la Liga Antidifamación (ADL) recopiló una serie de declaraciones polémicas de la relatora, incluyendo comparaciones entre Israel y el régimen nazi, así como referencias al Talibán, que fueron interpretadas como banalización del sufrimiento judío.
Momentos clave que motivaron condenas internacionales a Albanese
- Marzo de 2024: Publicación del informe “Anatomía de un genocidio” sobre Gaza.
- Octubre de 2024: Propuso suspender a Israel de la ONU por “supresión colonial”.
- Febrero de 2024: Francia y Alemania condenan sus comentarios sobre el 7 de octubre.
- Abril de 2025: Legisladores estadounidenses piden rechazar su renovación.
En redes sociales, Albanese ha difundido mensajes que aumentaron la polémica. En julio de 2024 publicó el hashtag “#UNseatIsrael”, y en otro mensaje comparó a Benjamin Netanyahu con Adolf Hitler. Estos comentarios fueron citados por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., que envió una carta oficial al presidente del Consejo de Derechos Humanos solicitando que se rechace su reelección.
La misión estadounidense ante la ONU también expresó su oposición formal en una carta dirigida al secretario general António Guterres el 3 de abril de 2025. El argumento central fue que Albanese “normaliza tropos antisemitas” y actúa como “apologista de Hamás”, comprometiendo la objetividad del sistema de relatores especiales.
Israel rechaza el mandato y niega legitimidad a la relatora
Desde el inicio de su gestión, Israel ha rechazado la autoridad del cargo que ostenta Albanese. El gobierno considera que la relatoría está estructuralmente sesgada, al enfocarse exclusivamente en las acciones de Israel sin considerar violaciones de derechos humanos cometidas por actores palestinos. Esta postura se remonta a 2008, cuando Israel deportó al relator Richard Falk, y ha mantenido la negativa de acceso a todos sus sucesores, incluida Albanese.
Tras sus declaraciones sobre el ataque del 7 de octubre, Israel declaró a Albanese persona non grata en febrero de 2024. Desde entonces, su mandato ha estado marcado por una ruptura total con las autoridades israelíes, que le impide visitar los territorios en cuestión y recabar información directa, limitando así su capacidad operativa.
En los informes oficiales de Israel, se sostiene que el Consejo de Derechos Humanos actúa con doble rasero y aplica un sesgo sistemático contra el Estado judío. Esta percepción ha motivado que el país se oponga de manera frontal a cualquier reelección de Albanese, considerándola parte de un aparato internacional hostil.
La postura israelí también ha sido respaldada por diversos legisladores en Estados Unidos y por organizaciones internacionales que piden reformas estructurales al sistema de relatores del Consejo, especialmente para garantizar neutralidad en contextos de alta sensibilidad política.
Apoyos académicos y ONG respaldan la continuidad del mandato
A pesar de las numerosas críticas, Albanese cuenta con el respaldo de organizaciones y académicos que valoran su trabajo. En diciembre de 2022, 65 especialistas en antisemitismo y estudios judíos firmaron una declaración en su defensa. Además, en enero de 2023, 116 ONG elogiaron su labor por documentar violaciones en los territorios palestinos.
La propia Albanese ha rechazado las acusaciones en su contra, insistiendo en que sus críticas están dirigidas a políticas estatales y no al pueblo judío. En entrevistas con medios como BBC Mundo y Democracy Now!, ha afirmado que Gaza representa un “test para la humanidad” y ha acusado a Occidente de complicidad silenciosa frente a un supuesto genocidio.
Sus defensores argumentan que las reacciones internacionales forman parte de un intento de silenciar voces críticas que señalan violaciones de derechos humanos en escenarios sensibles. Sostienen que las acusaciones de antisemitismo buscan deslegitimar su mandato y no se basan en criterios objetivos.
No obstante, el debate ha puesto en evidencia las divisiones dentro del propio sistema de derechos humanos de la ONU, donde algunos ven a Albanese como una relatora comprometida, mientras que otros la perciben como un factor de polarización incompatible con su cargo.
La ONU enfrenta un dilema sobre legitimidad y neutralidad institucional
El mandato de Francesca Albanese ha amplificado las críticas estructurales contra el Consejo de Derechos Humanos. Desde su creación en 2006, este órgano ha sido señalado por aprobar un número desproporcionado de resoluciones contra Israel, en comparación con otros países con graves violaciones de derechos humanos.
La experta Anne Bayefsky, presidenta de Human Rights Voices, ha denunciado que el mandato de la relatora fue diseñado desde su origen para excluir los abusos cometidos por actores palestinos. Esta característica refuerza la percepción de parcialidad institucional y compromete la credibilidad de las investigaciones.
En este contexto, la posible renovación de Albanese para un segundo mandato de tres años se presenta como una decisión que trasciende su persona. Lo que está en juego es el prestigio del sistema de relatores de la ONU y la confianza en sus mecanismos de fiscalización en conflictos altamente polarizados.
La resolución, prevista para abril de 2025, será determinante tanto para el futuro de Albanese como para la imagen de neutralidad y legitimidad del Consejo. El resultado podría influir en futuras designaciones y en la disposición de los Estados miembros a cooperar con el sistema internacional de derechos humanos.
