El Tribunal Superior de Justicia resolvió que Dead Sea Works, perteneciente a la compañía ICL, debe abonar por el uso de agua salobre extraída de pozos ubicados dentro de su concesión minera, al determinar que el acuerdo vigente no incluye el derecho a extraer agua subterránea sin pago por el recurso procedente del mar muerto.
La organización medioambiental Adam Teva V’Din, junto con el colectivo cívico Lobby 99, presentó la demanda y calcula que la empresa deberá desembolsar cerca de 500 millones de NIS ($154,2 millones) por el agua utilizada entre 2017 y el fin de su franquicia en 2030.
La acción judicial se interpuso tras una resolución del Ministerio de Justicia de 2022 que equiparó el agua salobre de pozo con la del mar muerto, considerándola exenta de tarifas hídricas dentro del contrato de arrendamiento vigente para la compañía.
Sin embargo, el fallo judicial establece: “El uso del agua por parte de las Obras del mar muerto en la zona de concesión no está cubierto por el régimen de regalías. Esto significa que debe pagar tarifas de agua separadas como cualquier otro productor de agua”.
Dead Sea Works, titular de la concesión desde 1961, extrae agua del mar muerto y de la zona circundante para obtener potasa, bromo, magnesio y otros compuestos químicos, entregando regalías, impuestos corporativos y una tasa por beneficios excedentes al Estado. Entre 2017 y 2023, sus ganancias anuales oscilaron entre 690 y $830 millones, según un informe oficial de 2024.
Meirav Abadi, directora de regulación de Adam Teva V’Din, afirmó que la resolución “es un precedente y hace justicia al público, que una y otra vez es privado de sus recursos naturales sin recibir compensación por ello”.
