Irán llevó a cabo al menos 1.639 ejecuciones en 2025, un récord que no se registraba desde 1989 y que, según denunciaron este lunes las ONG Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM), puede agravarse aún más tras las protestas de enero de 2026 y la guerra contra Israel y Estados Unidos.
El dato figura en el informe anual conjunto de IHR, con sede en Noruega, y ECPM, con sede en París. La cifra supone un aumento del 68 % frente a las 975 personas ejecutadas en 2024. Entre los ahorcados hubo 48 mujeres.
Las organizaciones sostuvieron que la escalada de ejecuciones se ha convertido en un instrumento de control político. “Al generar miedo mediante un promedio de cuatro a cinco ejecuciones por día en 2025, las autoridades intentaron prevenir nuevas protestas y prolongar su tambaleante gobierno”, declaró el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.
Según el informe, el promedio superó las cuatro ejecuciones diarias. IHR, que exige dos fuentes para confirmar cada caso y señala que la mayoría no aparece en medios oficiales iraníes, subrayó que el total documentado es un “mínimo absoluto” de los ahorcamientos realizados en 2025.
El reporte también advierte sobre el riesgo que enfrentan los detenidos por las protestas de enero de 2026. “Cientos de manifestantes detenidos siguen en riesgo de recibir penas de muerte y de ser ejecutados” después de haber sido acusados de delitos capitales por esas movilizaciones contra las autoridades, reprimidas con una operación que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos.
Las ONG afirmaron que el volumen de ejecuciones registrado en 2025 es, con diferencia, el más alto desde que IHR comenzó a recopilar datos en 2008, y el mayor reportado desde 1989, en los primeros años de la revolución islámica. Añadieron que, si la República Islámica “sobrevive a la crisis actual, existe un riesgo serio de que las ejecuciones se utilicen de manera aún más extensa como herramienta de opresión y represión”.
Incluso después del inicio de la guerra contra Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero, Irán ejecutó a siete personas vinculadas a las protestas de enero. Seis habían sido condenadas por pertenecer al grupo opositor prohibido Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), y la séptima era un ciudadano iraní-sueco acusado de espiar para Israel.
Raphael Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM, afirmó: “La pena de muerte en Irán se utiliza como herramienta política de opresión y represión, con las minorías étnicas y otros grupos marginados representados de manera desproporcionada entre los ejecutados”.
El informe identifica como especialmente castigadas a la minoría kurda del oeste del país y a la baluchí del sureste, ambas de mayoría suní, a diferencia de la rama chií dominante en Irán. También señala que casi la mitad de los ejecutados había sido condenada por delitos relacionados con drogas.
Las ONG documentaron además la ejecución de al menos 48 mujeres, la cifra más alta en más de dos décadas. En 2024 habían sido 31, por lo que el incremento interanual fue del 55 %. De esas 48 mujeres, 21 fueron ejecutadas por el asesinato de sus maridos o prometidos. Organizaciones de derechos humanos han señalado que muchas de las mujeres condenadas por matar a sus parejas o familiares habían estado en relaciones abusivas.
Casi todos los ahorcamientos se realizaron dentro de prisiones, aunque las ejecuciones públicas crecieron con fuerza y pasaron a 11 en 2025, más del triple que el año anterior. Aunque el código penal iraní contempla otros métodos de pena capital, todas las ejecuciones conocidas en los últimos años se han llevado a cabo mediante ahorcamiento.
Grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, sostienen que Irán registra la tasa de ejecuciones per cápita más alta del mundo y el mayor número total de ejecuciones de cualquier país salvo China, sobre el que no existen datos fiables disponibles.
