El gobierno de Israel aprobó la deportación de ciudadanos condenados por terrorismo que perciben fondos de la Autoridad Palestina, según anunciaron el ministro de Defensa, Israel Katz, y el líder de la coalición, Ofir Katz.
Cuatro individuos enfrentan un proceso de deportación en fase avanzada, mientras que cientos más están bajo procedimientos iniciados, declararon ambos funcionarios en un comunicado conjunto.
La decisión surge tras una sesión reservada del comité de la Knéset, con la presencia del ministro del Interior, Moshe Arbel, donde se evaluó la aplicación de una ley de febrero de 2023. Esta norma autoriza la revocación de la ciudadanía de terroristas condenados y su expulsión del país.
Israel Katz, titular de Defensa, afirmó: “Ningún terrorista o simpatizante del terrorismo, sea ciudadano o residente de Israel, obtendrá beneficios por sus actos”. Además, aseguró que “quienes opten por el asesinato y el odio perderán su ciudadanía y serán deportados”.
Por su parte, Ofir Katz, líder de la coalición, describió la medida como un “hito histórico” y destacó: “En la batalla contra el terrorismo no existen compromisos”.
La legislación, que modifica la Ley de Ciudadanía de Israel de 1952, abarca a ciudadanos israelíes y residentes permanentes condenados por terrorismo, apoyo al terrorismo, atentados contra la soberanía de Israel, incitación a la guerra o colaboración con enemigos durante conflictos.
La norma permite retirar la ciudadanía aunque el individuo no posea otra nacionalidad, siempre que cuente con residencia permanente fuera de Israel. Tras la revocación, se prohíbe su ingreso al territorio israelí.
