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Cocaína de Perú impulsa a Hezbolá y Hamás

Hezbolá tiene a Irán (el CGRI y la Fuerza Quds) como su patrocinador estatal y quien además interactúa estratégica y tácticamente con Hamás en Gaza.

30 de octubre de 2023
en Opinión
Cocaína de Perú impulsa a Hezbolá y Hamás

En 2008, la DEA (Agencia Antidrogas) estadounidense con apoyo de 30 agencias de seguridad internacionales inició el Proyecto Cassandra, una de las más grandes investigaciones (valiosísimo para procesos penales) anticriminales y antiterroristas del mundo. Por ocho años se mapeó la próspera fusión entre terrorismo global, narcotráfico y crimen organizado. Con esta cartografía de poder de alcances políticos y delictivos se estableció y confirmó que el grupo terrorista libanés y proiraní Hezbolá controlaba una red criminal mundial centrada en el tráfico de drogas. Como es conocido e incuestionable, Hezbolá tiene a Irán (el CGRI y la Fuerza Quds) como su patrocinador estatal y quien además interactúa estratégica y tácticamente con Hamás en Gaza.

Antes de Cassandra la DEA ejecutó la Operación Titán sobre lavadores de dinero libaneses y colombianos. También la Operación Perseo en torno a sindicatos venezolanos criminalizados. De hecho, las evidencias documentadas sobre las redes ilícitas en el continente americano conectadas al Medio Oriente son abundantes y nada nuevas. ¿Qué se hizo para contrarrestar estas amenazas? Muy poco, en realidad. El Proyecto Cassandra terminó descarrilado en 2016, ya que la administración de Barack Obama no le dio apoyo, desestimando el creciente nexo entre narcos y terroristas; estaba además afanosa en ‘apaciguar’ a Irán (como también lo intentaría infructuosa e ingenuamente con Cuba y Venezuela) y sus planes nucleares armamentistas (J. Mayer, 2017).

Ya en 2008 se calculaba que la oscura red financiera de Hezbolá generaba US$ 1 000 millones anuales. Recursos exportados a las zonas de tensión en otros continentes. América Latina tiene epicentros logísticos (Venezuela y la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, por ejemplo) y de fondos ilegales. Colombia, Perú y Bolivia son los más grandes abastecedores mundiales de cocaína (UNODC). Las rutas y la industria del narcotráfico de estos países nutren —entre otras— las líneas financieras de Hezbolá en conexión con Irán y, por efecto, al enganchado grupo terrorista Hamás. “Los iraníes proporcionan a Hamás y a la Yihad Islámica de Palestina al menos US$ 100 millones al año” (B. Hoffman, 2023).

“En enero de 2021, las agencias de seguridad de Estados Unidos, Brasil y Paraguay desmantelaron uno de los mayores centros de tráfico de cocaína jamás detectados en América Latina, en Ciudad del Este, Paraguay. Según las autoridades estadounidenses, esta red criminal fue encabezada por el ciudadano libanés Nasser Abbas Bahmad, quien tiene vínculos de larga data con Hezbolá y desde entonces permanece fugitivo. El Área de la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil es el epicentro del tráfico mundial de cocaína. (…) Los cargamentos de droga utilizados por la red de Bahmad se transportaban desde la zona central de Colombia y Perú a ‘cocinas’ ubicadas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para su purificación. Luego, los envíos cruzaban la frontera prácticamente sin obstáculos para llegar a Ciudad del Este en Paraguay. Desde allí, una parte se trasladaba desde Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad hasta Foz do Iguazú en Brasil, con destino final a Sao Paulo” (F. Montaruli, 2021).

Hezbolá es, pues, uno de los mayores grupos de delincuencia organizada transnacional del orbe. Su influjo subterráneo en Latinoamérica y el Caribe (con células activas y durmientes. RiskConflict, 2018) puede ampliar el alcance del conflicto en el que está inmerso junto a Irán y Hamás.

Conocido y comprobado es entonce que Hezbolá extrae dinero del narcotráfico en esta parte del continente. Ello incluye a Perú, que es un gran productor mundial de hoja de coca y de cocaína.

¿En qué medida Irán también se beneficia o participa específicamente de la red de narcotráfico sudamericano?, preguntamos para esta columna al especialista italiano en crimen organizado y terrorismo internacional Emanuele Ottolenghi de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD, Washington, DC). “Las redes islámicas vinculadas al narcotráfico en Latinoamérica son principalmente de Hezbolá. Irán facilita y apoya las actividades de Hezbolá en la región (y viceversa). Parte importante de los recursos de Hezbolá salen de sus tráficos ilícitos”, dice Ottolenghi.

¿Hezbolá se introducirá con todo en el conflicto entre Israel y Hamás, incluso atacando intereses israelíes u occidentales en otras zonas del mundo (embajadas, etc)? “Hezbolá sigue siendo una arma convencional y no convencional en el arsenal de Irán. Hay que ser cuidadosos. El riesgo mayor, hasta ahora, es que se abra un segundo frente en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, con Hezbolá entrando en el conflicto para apoyar a Hamás. Pero la posibilidad de ataques terroristas existe y como bien sabemos, Hezbolá tiene células y apoyadores en Latinoamérica como en otros lugares”, advierte Ottolenghi.

Sobre el autor: Miguel Lagos | Analista político y columnista peruano enfocado en temas de riesgo y conflictos políticos, radicalización y extremismo político violento. Síguelo en X (Twitter): @_mlagos_

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Etiquetas: AnálisisHamásHezboláTerrorismo

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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