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El desastre evitable de Biden en la frontera sur reivindica las políticas de Trump

26 de septiembre de 2021
en Opinión
El desastre evitable de Biden en la frontera sur reivindica las políticas de Trump

El presidente Biden ha sido sorprendido de nuevo en otro desastre evitable. Al principio de su mandato, Biden y los miembros de su administración no comprendieron que su revocación de las exitosas políticas fronterizas del presidente Trump estaba incentivando un aumento sin precedentes de inmigrantes ilegales en la frontera sur. Como resultado, el número de personas que se arriesgan al peligroso viaje a nuestra frontera sur ha seguido aumentando, incluso durante los traicioneros meses de verano, incluso durante una pandemia mundial.

Estamos encontrando más personas en nuestra frontera sur que en cualquier otro momento de los últimos 21 años. Dos meses seguidos, las cifras superaron los 200.000; en agosto de 2021, las cifras representaron un aumento del 317% con respecto a agosto del año pasado.

Y ahora, otro desastre autoinfligido ha superado a la ya asediada Patrulla Fronteriza. Recientemente, cerca de 15.000 personas, la mayoría de ellas haitianas, se reunieron bajo el Puente Internacional en Del Río, Texas. Miles de personas acamparon en condiciones que se deterioraban rápidamente, a la espera de que la Patrulla Fronteriza los procesara mientras otros cientos simplemente cruzaban el río. No fue hasta que la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas intervinieron que los cruces ilegales se detuvieron, solo para continuar en otras partes del río.

Esto no es tarea de Texas; el control de las fronteras es una característica de la soberanía nacional y, por tanto, una de las principales responsabilidades del gobierno nacional. De hecho, el Tribunal Supremo ha dictaminado que la aplicación de la ley de inmigración es exclusiva del gobierno federal, y los estados tienen prohibido tomar medidas para hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Sin embargo, el gobierno federal, bajo el liderazgo de Biden, está fracasando en esta tarea fundamental, dejando a las ciudades fronterizas de Texas desbordadas y necesitando algún tipo de acción.

Ahora, en un intento de mostrar a la opinión pública estadounidense que está haciendo algo para solucionar la avalancha de inmigración ilegal (no lo está haciendo), la Administración Biden está vendiendo una “estrategia integral” para hacer frente al aumento de inmigrantes en Del Río. El plan incluye un aumento de agentes y funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos y la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Esta estrategia es, en realidad, un juego mal jugado del topo. Estos esfuerzos no harán nada para detener el flujo de migrantes; en cambio, ponen en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional.

Las insensateces del plan incluyen el cierre de los puertos de entrada -lo que perjudica los viajes y el comercio legítimos- y la retirada de los agentes de la Patrulla Fronteriza de otros lugares críticos, lo que significa que los narcotraficantes, contrabandistas y otros delincuentes pueden burlar el sistema y entrar directamente en otro lugar. Y eso sin hablar de la irresponsabilidad fiscal que supone gastar cantidades ingentes de dólares para responder a conflictos evitables y previsibles.

La Administración fue advertida de la crisis que se avecinaba. No solo se les advirtió justo después de las elecciones, sino que, en lo que respecta al caos que se vive actualmente en Del Río, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras lleva dando la voz de alarma desde principios de verano.

Lamentablemente, en lugar de hacer caso a los consejos de funcionarios bien informados, Biden destituyó a un veterano de 29 años porque realmente intentó hacer su trabajo de buena fe y reducir la inmigración ilegal. La administración dejó que la política de extrema izquierda se sobrepusiera a las políticas fronterizas racionales e hizo cambios al por mayor en un sistema fronterizo que funcionaba solo porque no les gustaba el tipo que los puso en marcha originalmente.

La situación ya es mala, y empeorará mucho. Confiamos en que los migrantes se mantengan en paz. Hay otros 20.000 haitianos “estacionados” en Colombia. Y un reciente fallo del tribunal federal bloqueó el uso de la autoridad del Título 42 para las familias, que ha sido la principal herramienta para rechazar a los migrantes. Esto, también, incentivará aún más a las familias migrantes a cruzar ilegalmente.

A pesar de que la Administración dice que la frontera está cerrada, sus acciones demuestran lo contrario y revelan su verdadera agenda. Al igual que una herida abierta, si se deja sin tratar, se enconará. En lugar de tratar la herida, la Administración se limita a poner tiritas en el problema porque no tiene ningún deseo de resolver la cuestión.

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Es difícil ser tan incompetente sin esfuerzo. Nos dijeron que los adultos volvían a estar al mando cuando el presidente Trump dejó el cargo, pero está claro que solo están jugando a la política y no tienen ni idea de cómo dirigir realmente el gobierno. Asumiendo que pretenden las consecuencias obvias de sus acciones, la Administración Biden parece ver el éxito como procesar a los migrantes rápidamente y luego liberar a tantos como sea posible para que desaparezcan en el país sin supervisión. Y lo están consiguiendo.

Una vez más, los fracasos de Biden en la frontera han reivindicado los exitosos esfuerzos de Trump por hacer lo que todo país funcional debe hacer y asegurar sus fronteras nacionales.

Los estadounidenses merecen una frontera segura. Por desgracia, su presidente no parece estar de acuerdo.

Etiquetas: Estados UnidosJoe Biden

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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