El gabinete de seguridad israelí aprobó medidas legales clave para la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, prevista en el plan de paz de 20 puntos para la Franja presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, según afirmó un alto funcionario israelí.
Entre las decisiones adoptadas figura la concesión de inmunidad a las FDI conforme a la “Ley de Inmunidades de las Organizaciones Internacionales” de Israel. El funcionario señaló que la fuerza desarrollará sus operaciones en “plena coordinación con las FDI” en las zonas que no se encuentren bajo control militar israelí.
La aprobación, sin embargo, no autoriza un despliegue inmediato. El ingreso de cualquier integrante de las ISF deberá recibir el visto bueno específico del primer ministro Benjamin Netanyahu; del ministro de Defensa, Israel Katz; y del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, añadió la misma fuente.
“Israel sostiene que las FDI continuarán manteniendo la Línea Amarilla [a la que las fuerzas se retiraron el pasado octubre], y que no habrá ninguna retirada adicional hasta que Hamás haya sido completamente desarmado y la Franja de Gaza esté totalmente desmilitarizada”, declaró el funcionario.
El gabinete también resolvió que Israel decidirá qué países podrán aportar personal a la fuerza. De acuerdo con el funcionario, “solo serán elegibles los países con los que Israel tenga un acuerdo de paz, y que no actúen contra el Estado de Israel o sus funcionarios en foros internacionales”.
Este requisito aparentemente dejaría fuera a Indonesia, país que carece de relaciones diplomáticas formales con Israel y que en un primer momento se comprometió a contribuir con unos 8.000 soldados. No obstante, en los últimos meses retiró esa oferta debido a la reacción interna y a las dudas sobre los avances del plan para Gaza.
“En esta fase, se espera que la fuerza esté compuesta por aproximadamente 200 efectivos de países amigos como Uganda y Marruecos”, indicó el funcionario.
Con anterioridad, otros funcionarios habían informado de que el gabinete votaba medidas encaminadas a impulsar una propuesta para establecer una zona humanitaria piloto en Rafah, en el sur de Gaza. El personal de las FSI se desplegaría inicialmente a lo largo de los límites de esa área.
El plan, respaldado por la Junta de Paz, permitiría que gazatíes previamente verificados se trasladaran a esa zona desde territorios controlados por Hamás. El proyecto acumula retrasos porque Hamás continúa negándose a entregar las armas e Israel ha retenido la aprobación de varios componentes fundamentales de la iniciativa.
