La fiscal general, Gali Baharav-Miara, pidió al Tribunal Supremo que deje en manos del próximo gobierno, que se formará después de las elecciones, la decisión sobre la comisión encargada de investigar los acontecimientos del 7 de octubre. Lo solicita pese a que, según ella misma advierte, el retraso acumulado en la creación de una comisión de investigación puede perjudicar su eficacia e incluso causar “daño probatorio”.
En la respuesta presentada hoy, miércoles, ante el Tribunal Supremo, la fiscal general reiteró su postura de fondo: una comisión estatal de investigación es “el instrumento jurídico adecuado y específicamente previsto para investigar los acontecimientos del 7 de octubre y la guerra”. Según explicó, una de las ventajas de este mecanismo es “su plena independencia profesional y la ausencia de vínculos políticos”.
Baharav-Miara recurrió además a términos especialmente duros para describir la necesidad de una investigación: “Es difícil imaginar circunstancias más excepcionales y extremas que los acontecimientos del 7 de octubre y la guerra”. A su juicio, esos hechos “justifican —e incluso exigen— la existencia de una comisión de investigación” capaz de esclarecer la verdad, extraer conclusiones y, cuando corresponda, “atribuir responsabilidad personal por las fallas”.
Sin embargo, pese a la urgencia que ella misma señala, ahora solicita que el gobierno en funciones no adopte una decisión sobre el asunto y que se espere al resultado de las elecciones y a la formación de un nuevo gobierno. Entre sus argumentos menciona que Israel ya se encuentra en el periodo electoral previo a la elección de la 26.ª Knéset y alude a “los principios de prudencia y autocontención que rigen el ejercicio de las facultades de un gobierno saliente”.
Esta postura crea una situación en la que una de las decisiones públicas y jurídicas más delicadas relacionadas con las fallas del 7 de octubre podría depender de la identidad del gobierno que se forme después de las elecciones. La fiscal general no se pronuncia, por supuesto, sobre los posibles resultados electorales ni sobre la composición del próximo gobierno, pero en la práctica solicita que sea precisamente ese gobierno, y no el actual, el que tome la decisión.
“Se propone permitir que el próximo gobierno examine el asunto y adopte una decisión al respecto”, señala la respuesta. En consecuencia, la fiscal general pide al Tribunal Supremo que permita al Estado presentar la próxima actualización sobre el tema únicamente “poco después de la formación del próximo gobierno”.
Esta posición resulta especialmente llamativa porque, en el mismo documento, la fiscal general critica el tiempo transcurrido sin que se haya tomado una decisión. Según señala, han pasado unos dos años y diez meses desde el inicio de la guerra sin que el gobierno haya decidido cuál será el formato de la investigación ni cuándo comenzará. Baharav-Miara califica esta situación de “sumamente excepcional en sí misma” y advierte que prolongar el retraso podría perjudicar la futura investigación.
Así, por un lado, Baharav-Miara sostiene que el paso del tiempo ya pone en riesgo la calidad de la investigación y que una comisión estatal de investigación es el instrumento adecuado para examinar las fallas. Por otro, debido al proceso electoral, pide aplazar la decisión hasta después de que los ciudadanos se pronuncien en las urnas y se forme un nuevo gobierno, que será el encargado de decidir el futuro de la comisión.
