Decenas de miles de palestinos continúan sin poder regresar a los campamentos de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, en el norte de Judea y Samaria, tras la operación militar israelí que comenzó en 2025. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron aquella intervención contra lo que identificaron como focos de actividad terrorista y desalojaron los campamentos.
El Tribunal Superior de Justicia exigió ahora al ministerio de Defensa y al Ejército que presenten un calendario para el eventual retorno de los residentes. Los jueces admitieron que la situación de seguridad todavía no permite su regreso, pero consideraron necesario que las autoridades indiquen cuándo podría llevarse a cabo.
El ministro de Defensa, Israel Katz, respondió que la presencia de las FDI en esos campamentos es “permanente” y sostuvo que las decisiones relativas a ese despliegue corresponden al ámbito de la seguridad operativa, no al judicial. Atribuyó a la presencia militar una disminución de la actividad terrorista en Judea y Samaria hasta lo que describió como su nivel más bajo de la historia.
Katz argumentó que mantener a las tropas en los campamentos a largo plazo es necesario para proteger a los soldados y a los civiles israelíes. En su valoración de las amenazas, mencionó a grupos yihadistas externos respaldados por Irán y la Hermandad Musulmana, a los que acusó de tratar de promover en Judea y Samaria ataques semejantes a los de octubre.
El ministro sostuvo que el Tribunal Supremo tampoco debería intervenir en decisiones operativas de las FDI en Gaza, Siria, Líbano o Irán. Aseguró que no aceptará modificar su posición sobre los campamentos, incluso si para sostenerla debe recurrir a procedimientos legislativos especiales en la Knéset.
