El Banco del Líbano anunció el 14 de noviembre de 2025 un primer paquete de medidas que endurece la supervisión sobre las empresas de transferencia de dinero y las casas de cambio en todo el país. La institución atribuyó la decisión al esfuerzo por reforzar la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y por avanzar en la salida de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El anuncio se realizó en Beirut tras una semana de gestiones públicas de Estados Unidos para cortar los flujos financieros hacia Hezbolá.
Según el comunicado, la “primera etapa” se dirige a las entidades no bancarias licenciadas por la autoridad monetaria, con mención expresa de las compañías de transferencias, las casas de cambio y otros intermediarios que manejan efectivo en divisas o facilitan envíos de y hacia el Líbano. Estas instituciones deberán aplicar requisitos de cumplimiento más estrictos y procedimientos reforzados de conocimiento del cliente y de verificación de propietarios reales en todas las operaciones en efectivo y en las transferencias, con el objetivo de impedir la circulación de fondos ilícitos por canales formales. La autoridad añadió que se introducirán “múltiples niveles de control y puntos de verificación” a lo largo del sistema financiero.
La Comisión de Control Bancario asumirá la vigilancia de la ejecución. Según el Banco del Líbano, ese organismo supervisará el cumplimiento entre bancos y entidades no bancarias y adoptará acciones correctivas cuando corresponda. La autoridad monetaria presentó estas medidas como precautorias y anticipó nuevas decisiones orientadas a elevar el estándar de cumplimiento en el conjunto del sistema financiero.
El contexto inmediato del anuncio incluye la visita a Beirut, el 10 de noviembre, del subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Durante esa visita, el funcionario afirmó que Washington presiona a las autoridades libanesas para intensificar la acción contra los flujos de financiación de Hezbolá, con énfasis en las casas de cambio y en los operadores de efectivo, y solicitó actuar contra la entidad Al-Qard al-Hasan por operar al margen del sistema bancario formal.
Pocos días antes, el 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a operadores y estructuras financieras de Hezbolá que trasladan fondos desde Irán hacia el Líbano mediante empresas de cambio autorizadas y no autorizadas. En esa comunicación, Estados Unidos señaló que la elevada proporción de efectivo en la economía libanesa facilita el lavado de dinero si los intermediarios no realizan controles adecuados y subrayó la necesidad de que las autoridades libanesas refuercen la respuesta frente a esas prácticas.
El endurecimiento normativo anunciado por el Banco del Líbano se integra en un programa más amplio de reformas de cumplimiento que la institución vincula con la salida del país de la lista gris del GAFI. En octubre de 2024, fuentes financieras indicaron que el organismo internacional incluyó al Líbano en esa lista de jurisdicciones bajo seguimiento reforzado por deficiencias en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Desde entonces, la agenda oficial incorpora medidas orientadas a elevar la eficacia del sistema antilavado y a reducir el uso de efectivo en la intermediación financiera.
En abril de 2025, el Parlamento aprobó una reforma de la ley de secreto bancario que otorga acceso a registros de hasta diez años a autoridades como el Banco del Líbano, los supervisores y los auditores independientes. Esa modificación figura entre los compromisos exigidos por los organismos internacionales para clarificar flujos, robustecer las pesquisas financieras y corregir deficiencias de transparencia que obstaculizan la cooperación internacional y la reestructuración del sector.
El cambio regulatorio se aceleró tras el relevo en la dirección del Banco del Líbano. El 27 de marzo de 2025, el Gobierno nombró gobernador a Karim Souaid. En su toma de posesión, Souaid estableció como prioridades combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, identificar a personas políticamente expuestas y su entorno y reducir la economía paralela como pasos necesarios para que el Líbano abandone la categoría de “vigilancia reforzada” a ojos del GAFI. También incluyó la recapitalización y, en su caso, la fusión o la liquidación ordenada de bancos como componentes de la reactivación del sistema financiero.
El Banco del Líbano definió el paquete divulgado el 14 de noviembre como el “primer paso” de una serie de decisiones. La institución explicó que, además de las transferencias y del cambio de divisas, la estrategia alcanza a todos los intermediarios que manejan efectivo en moneda extranjera o facilitan remesas y giros en el mercado interno y transfronterizo. La autoridad precisó que el objetivo es establecer un sistema de control que permita detectar, contener y bloquear flujos dudosos en cualquier punto de la cadena operativa.
Las transferencias de dinero y el cambio de divisas ocupan una función central en los flujos financieros del país desde el colapso de 2019, que generó una economía con alta proporción de efectivo y dificultó el acceso a servicios bancarios para una parte de la población y del tejido empresarial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado en varias comunicaciones que, en ese entorno, los operadores de cambio y otros intermediarios de efectivo pueden convertirse en canales de entrada de fondos ilícitos si no se aplican procedimientos estrictos de verificación e identificación de clientes y de beneficiarios reales.
La autoridad monetaria vinculó el paquete con la necesidad de recuperar la confianza de contrapartes internacionales. En su nota, el Banco del Líbano advirtió que la permanencia en la lista gris activa controles más severos por parte de bancos corresponsales y otros intermediarios globales, con efectos directos sobre costos y tiempos de procesamiento de operaciones transfronterizas. Por tanto, la institución presentó las nuevas exigencias de cumplimiento como un componente de una respuesta sistémica que incluya supervisión reforzada, inspecciones y capacidad sancionadora.
La secuencia de medidas regulatorias de 2025 también comprende decisiones orientadas a abrir el acceso a registros y a estandarizar exigencias de cumplimiento para entidades reguladas y no bancarias, en coordinación con la Comisión de Control Bancario. Los documentos oficiales sostienen que esta coordinación debe traducirse en revisiones de campo, seguimientos periódicos y acciones correctivas cuando se identifiquen incumplimientos.
En paralelo, el Ejecutivo y el Banco del Líbano mantienen conversaciones con organismos internacionales sobre la reestructuración bancaria y la normalización de relaciones financieras externas. En este marco, funcionarios estadounidenses han solicitado públicamente que el Líbano refuerce la respuesta institucional contra los flujos vinculados a Hezbolá y han destacado el papel de las casas de cambio y de las empresas de transferencia de dinero en ese circuito, lo que ubica estas medidas entre las prioridades compartidas por ambas capitales.
