El empresario palestino-estadounidense Bashar Masri pidió a un juez federal de Estados Unidos que desestime la demanda en la que se le acusa de haber ayudado a Hamás a través de sus proyectos inmobiliarios en Gaza, al sostener que el caso equipara la actividad económica en ese territorio con el terrorismo.
Masri, un conocido promotor inmobiliario que impulsó hoteles de lujo en Gaza y la primera ciudad planificada por palestinos en Judea y Samaria, fue demandado el año pasado por familias estadounidenses de víctimas de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
La demanda civil, presentada en nombre de unos 200 demandantes estadounidenses, sostiene que el empresario sabía que Hamás tenía túneles bajo dos de sus hoteles en la costa de Gaza y que, según esa acusación, el grupo terrorista accedía a esa red desde habitaciones de huéspedes. También afirma que las fortificaciones subterráneas recibían electricidad de paneles solares instalados en una zona industrial gestionada por Masri.
Los demandantes reclaman daños y perjuicios contra Masri y cuatro de sus empresas en virtud de la Ley contra el Terrorismo, que permite a víctimas estadounidenses del terrorismo acudir a tribunales de Estados Unidos para exigir compensaciones.
En una moción presentada ante el tribunal federal de Miami, los abogados del empresario sostienen que su cliente no tuvo ninguna responsabilidad en los ataques contra Israel de octubre de 2023, a los que describen como “actos bárbaros de terrorismo”.
Los demandados “condenan de manera inequívoca la violencia de Hamás y el sufrimiento que infligió a civiles inocentes”, escribieron sus abogados, que añaden que los demandantes no han demostrado que Masri supiera que su conducta podía ayudar a Hamás a cometer atentados.
La defensa argumenta además que la denuncia se basa en la “especulación” de que Masri y sus empresas “participaron en el terrorismo internacional simplemente por participar en proyectos de desarrollo económico” en Gaza.
Antes de la guerra, Hamás había construido una extensa red de túneles por gran parte de Gaza. En ese contexto, las empresas que valoraban invertir en el enclave afrontaban el dilema de operar en un territorio gobernado por una organización terrorista para Estados Unidos, cuya aprobación tácita resultaba necesaria para grandes proyectos de desarrollo.