El gobierno de España anuncia que investigará a las empresas que promocionen productos o servicios en Israel originarios de los territorios palestinos.
La medida se produce tras la aprobación la semana pasada de un decreto que prohíbe la comercialización de esos bienes y servicios en España, con el fin de impedir que las empresas se beneficien del control israelí sobre las zonas que los palestinos reclaman para un Estado, según un comunicado del Ministerio de Consumo.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirmó a principios de este año que su oficina emplearía “todos los recursos necesarios” para asegurar que ninguna empresa que opere en España obtenga beneficios de la ocupación.
“Ninguna empresa debería tener su balance manchado con la sangre del pueblo palestino”, señala el comunicado, citando sus palabras en un evento de julio.
