Más de dos docenas de simpatizantes de Palestine Action fueron detenidos frente al Tribunal Supremo del Reino Unido, en Londres, mientras se celebraba una audiencia sobre la prohibición del grupo bajo la legislación antiterrorista. La organización intenta anular una medida gubernamental que, durante el último año, ha derivado en el arresto de más de 3.000 de sus partidarios.
La controversia judicial gira en torno a si los daños materiales atribuidos a Palestine Action justifican su clasificación como organización terrorista. Su abogado, Raza Husain, sostuvo ante el tribunal que, de las 385 acciones realizadas por el grupo en cinco años, solamente tres cumplían la definición legal de terrorismo, y que en esos casos el motivo era el daño causado a propiedades.
Husain argumentó además que Palestine Action es la primera de casi un centenar de organizaciones prohibidas cuya inclusión en la lista se fundamenta exclusivamente en daños graves a bienes materiales. El letrado destacó que, a su juicio, no existe indicio de que el grupo haya promovido actos de violencia grave.
El abogado del Gobierno, James Eadie, defendió la legalidad de la medida. Recordó que el Tribunal de Apelaciones había rechazado presentar a Palestine Action como un grupo de protesta de acción directa no violenta. También sostuvo que los daños graves a propiedades pueden constituir terrorismo sin que se produzcan ataques violentos contra personas.
El caso ya ha recibido resoluciones judiciales contradictorias. En una primera instancia, un tribunal consideró que el Gobierno había actuado ilegalmente al prohibir Palestine Action. Sin embargo, cinco jueces del Tribunal de Apelaciones revocaron esa decisión en junio. La prohibición sitúa al grupo en la misma categoría legal que Al Qaeda y Hamás, y establece penas de hasta 14 años de prisión por pertenecer a la organización o manifestarle apoyo.
El Gobierno prohibió Palestine Action después de que algunos de sus activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea británica en junio de 2025 para protestar contra el apoyo militar del Reino Unido a Israel durante la guerra contra Hamás en Gaza. Antes de ese episodio, el grupo había protagonizado otros actos vandálicos, entre ellos una incursión violenta en instalaciones de la empresa israelí de defensa Elbit.
Los simpatizantes de Palestine Action y varias organizaciones defensoras de las libertades civiles cuestionan los arrestos de manifestantes pacíficos. Consideran que esas detenciones vulneran los derechos a la libertad de expresión y de protesta, mientras el Tribunal Supremo examina la impugnación de la prohibición.
