El ministro de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que Francia “sospecha” que la represión de las autoridades iraníes contra las manifestaciones extendidas por el país podría constituir “la más violenta de la historia contemporánea” de Irán, y añadió que “debe cesar absolutamente”. Barrot formuló esas declaraciones en París en un momento en que las protestas, iniciadas a finales de diciembre por el deterioro económico, han derivado en consignas contra el sistema político de la República Islámica y han ido acompañadas de un balance de víctimas y detenciones difundido por organizaciones de derechos humanos y por fuentes oficiales iraníes.
En la víspera, el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores francés convocó al embajador de Irán en Francia en su sede, en una decisión comunicada públicamente por la diplomacia francesa. En ese texto, el Gobierno francés condenó “con la mayor firmeza” la “violencia de Estado” ejercida contra manifestantes a los que calificó de “pacíficos”, al tiempo que vinculó su protesta con un “muy gran número” de muertos, detenciones arbitrarias y el bloqueo de internet, y pidió a las autoridades iraníes que respeten las libertades y derechos fundamentales.
La secuencia que desembocó en esa reacción diplomática comenzó el 28 de diciembre de 2025 en Teherán, en el Gran Bazar, cuando comerciantes se concentraron para denunciar la caída de la moneda y el encarecimiento de bienes básicos; desde entonces, según informaciones recogidas por medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, las concentraciones se extendieron a múltiples ciudades y evolucionaron hacia demandas políticas contra el poder clerical instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. Testimonios citados por Reuters situaron nuevas concentraciones en Teherán y en otras grandes urbes a comienzos de enero, mientras medios estatales iraníes describieron escenas de calma en distintos puntos del país.
La respuesta de las autoridades iraníes incluyó el despliegue de cuerpos de seguridad y la atribución de la violencia a “terroristas” y “alborotadores” vinculados a potencias extranjeras, según declaraciones difundidas por medios estatales y recogidas por Reuters. En ese marco, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, declaró el 7 de enero que no habría “indulgencia” con quienes, en su formulación, “ayuden al enemigo” contra la República Islámica, un mensaje que se produjo mientras proseguían las detenciones y se notificaban heridos por arma de fuego y por golpes en instalaciones sanitarias, de acuerdo con testimonios y registros citados por Reuters.
A partir del 8 de enero, el apagón de comunicaciones pasó a ocupar un lugar central en el desarrollo de los acontecimientos. Reuters informó ese día de un corte generalizado de internet, atribuido por el grupo de seguimiento NetBlocks a un “apagón nacional”, en paralelo a la continuidad de las protestas; días después, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió restablecer el acceso completo a internet y a los servicios de telecomunicaciones. En paralelo, Reuters señaló que algunos iraníes continuaron accediendo a la red mediante el servicio satelital Starlink, prohibido en Irán, pese a interrupciones y a limitaciones de coste, según testimonios citados por la agencia.
El balance de víctimas se convirtió en el principal elemento de disputa pública. El 14 de enero, Reuters informó de que la organización HRANA (con sede en Estados Unidos) comunicó haber verificado 2.571 muertes desde el inicio de las protestas, con un desglose que incluía 2.403 manifestantes, 147 personas “afiliadas al Gobierno”, 12 menores de edad y nueve civiles no identificados como manifestantes. En esa misma cobertura, un responsable iraní citado por Reuters situó las muertes “en torno a 2.000”, la primera cifra global atribuida a una fuente oficial desde que comenzó la ola de protestas, y autoridades iraníes atribuyeron las muertes a “operativos terroristas” guiados desde el exterior.
El componente judicial de la represión también se hizo visible en informaciones sobre procedimientos acelerados y posibles penas capitales. Associated Press informó el 14 de enero de que el poder judicial iraní señaló la intención de acelerar juicios y ejecuciones contra detenidos por su participación en las protestas, en un contexto en el que activistas y organizaciones de derechos humanos han advertido del uso de cargos graves que pueden conllevar la pena de muerte. En su comunicado del 13 de enero, el Alto Comisionado Türk calificó de “extremadamente preocupantes” las declaraciones públicas de algunos responsables judiciales que apuntaban a la posibilidad de aplicar la pena de muerte mediante procedimientos expeditivos.
La crisis activó una cadena de reacciones diplomáticas europeas. El Reino Unido convocó al embajador iraní en Londres y la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, condenó en el Parlamento lo que describió como “horrendos y brutales” asesinatos de manifestantes, según Reuters. En Francia, además de la convocatoria del embajador iraní en París, Barrot mantuvo contactos con su homólogo iraní, Abbas Araqchi; el 14 de enero, Reuters indicó que Araqchi pidió a Barrot que condenara lo que denominó “intervenciones extranjeras” en los asuntos internos de Irán, y la diplomacia iraní comunicó que el ministro también habló con responsables regionales en los días previos.
La afirmación de Barrot sobre la posible dimensión “más violenta” de la represión se inscribe en un historial documentado de episodios letales durante protestas masivas en la República Islámica. En noviembre de 2019, Reuters publicó un reportaje especial que situó en “alrededor de 1.500” los muertos durante menos de dos semanas de disturbios tras una subida del precio del combustible, cifra atribuida por la agencia a tres funcionarios del Ministerio del Interior iraní; en ese mismo texto, Reuters citó un recuento de Amnistía Internacional de al menos 304 muertos, mientras que una actualización documental de Amnistía en 2022 identificó 321 personas fallecidas durante aquella represión. Para las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia, Iran Human Rights informó en septiembre de 2023 de 551 manifestantes muertos verificados, incluidos 68 menores y 49 mujeres. En la crisis postelectoral de 2009, Reuters recogió cifras contradictorias entre el recuento oficial de 26 muertos y balances atribuidos a dirigentes opositores que elevaron la cifra a 69 o 72.
En su comunicado del 13 de enero de 2026, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades iraníes que detengan “inmediatamente” toda forma de violencia y represión contra manifestantes pacíficos, reclamó que “se investiguen” las muertes y otras violaciones de derechos humanos conforme a normas internacionales, y rechazó la calificación de los manifestantes como “terroristas” para justificar la violencia.
