En cada campaña electoral reaparece, bajo distintas formas, el mismo argumento: cuando las circunstancias cambian, está permitido incumplir una promesa electoral. A veces se invoca la necesidad de evitar nuevas elecciones. Otras veces, la estabilidad, la unidad o el “bien del país”.
Antes de las elecciones, Naftalí Bennett declaró que no formaría un gobierno que dependiera de Raam y que no convertiría a Yair Lapid en primer ministro. Sin embargo, terminó formando ese gobierno con el argumento de que la alternativa era celebrar unas quintas elecciones.
Bezalel Smotrich se negó entonces a formar un gobierno con el apoyo de Raam y también criticó a Bennett por incumplir sus promesas. Ante las próximas elecciones, vuelve la pregunta: ¿una promesa explícita a los votantes queda anulada cuando aparece una nueva justificación, sea cual sea? Examinemos la cuestión a la luz de la halajá.
El rabino Shlomo Goren explica con claridad que, en un sistema electoral proporcional, los votantes no eligen a una persona, sino un programa, es decir, la línea política, económica y de seguridad que el partido ha fijado. El representante electo es un delegado y, como dictamina Maimónides en las leyes sobre los mandatarios, cuando “un delegado se aparta de la voluntad de quien lo envió”, su mandato queda sin efecto. Sobre un miembro de la Knéset que abandona su partido, Goren escribe que “roba a la colectividad y contraviene la voluntad del mandante”, y propone promulgar una ley que ponga fin automáticamente a su cargo. Eso se aplica a un representante individual. Con mayor razón, a quien incumple una promesa expresa hecha a sus votantes y arrastra consigo a toda la lista que obtuvo votos gracias a ella.
Hay quienes consideran que el Tzitz Eliezer, en su respuesta al ministro Pinkas (volumen 21, apartado 9), libera a los representantes electos de las obligaciones derivadas de sus promesas. Sin embargo, el examen de esa respuesta y de sus circunstancias muestra que trata una cuestión completamente distinta.
La respuesta fue escrita en el mes de tevet de 5712 y aborda la posibilidad de celebrar un referéndum sobre las reparaciones de Alemania. La cuestión era quién debía tomar decisiones complejas sobre asuntos de Estado: toda la población, mediante una votación específica, o los dirigentes elegidos. El Tzitz Eliezer responde que corresponde decidir a los dirigentes y que no se les debe imponer un referéndum. Su argumento es que “fueron designados de manera general para todos los asuntos de la administración del Estado” y que, en materias políticas y económicas, el juicio de los especialistas es preferible al de la multitud. No hay en esa respuesta una sola palabra sobre un representante que actúe contra una promesa hecha a sus votantes. Preguntar si cada decisión debe someterse a la población es una cosa. Preguntar si un representante puede apartarse de una promesa explícita es otra.
El contexto histórico también impide equiparar ambas cuestiones. Las reparaciones no fueron un asunto de las elecciones de 1951. La declaración de Adenauer se produjo en septiembre, dos meses después de los comicios. El periódico Davar la destacó en un titular, pero la presentó como una declaración inicial de Alemania y no como una decisión israelí. Otros periódicos la colocaron junto a noticias sobre el fracaso de la coalición y la crisis del petróleo persa. El asunto parecía lejano. Solo en invierno, cuando el debate estalló en la Knéset, comenzaron a lanzarse piedras contra sus ventanas. Los representantes no habían asumido compromisos en uno u otro sentido sobre ese tema y, por tanto, el mandato que recibieron era general.
Hay decisiones que, por su naturaleza, se confían a los dirigentes y no a la población. Un ataque contra Irán es un ejemplo, como lo es cualquier operación militar o decisión diplomática compleja que exija información, discreción y buen juicio. No se puede celebrar un referéndum sobre cada decisión de ese tipo. Por eso, los ciudadanos eligen representantes y depositan su confianza en ellos. Eso es lo que explica el Tzitz Eliezer, y las reparaciones pertenecen a esa clase de asuntos.
En cambio, no hay ninguna complejidad en la promesa “no me sentaré con tal partido”. Es simple, pública y comprensible para cualquier votante. No hay aquí información confidencial que solo conozcan los dirigentes ni una decisión que deba tomarse a puerta cerrada. La promesa es pública y la actuación también. Aunque cambien las circunstancias, quien quiera apartarse de lo prometido debe acudir antes a quienes le dieron el mandato y pedirles autorización, no actuar primero y dar explicaciones después. Solo circunstancias verdaderamente extremas, como una guerra que amenace la existencia del país, pueden justificar el incumplimiento de una promesa explícita, y la carga de justificarlo recae sobre quien la incumple. La estabilidad política o el temor a nuevas elecciones no bastan como argumento. En cualquier caso, existe la obligación de dar explicaciones a los votantes y consultarles.
El Tzitz Eliezer tampoco examinó si está permitido integrar un gobierno sostenido por un partido árabe. Sus palabras no conceden tal autorización, y no se puede atribuirle una autorización que nunca expresó. El rabino Yisraeli permitió el nombramiento de un no judío para la Knéset con el argumento de que los elegidos son “delegados del público”. Eso nos devuelve al rabino Goren: un delegado no puede apartarse de la voluntad de quienes le dieron el mandato. Quien invoque la autonomía de los representantes debe explicar por qué, desde esa postura, no estaría prohibido nombrar a un no judío. No se puede tomar de cada criterio únicamente lo que resulte conveniente.
Un representante puede tomar decisiones complejas sin consultar a la población., pero cuando ha hecho una promesa explícita, la halajá —y, en palabras del rabino Goren, incluso el derecho— lo obliga a cumplirla. Prometan y cumplan.
