ISLAMABAD, Pakistán (AP) – Las autoridades talibanes ejecutaron el miércoles a un afgano condenado por matar a otro hombre, la primera ejecución pública desde que los ex insurgentes ultraconservadores tomaron el control de Afganistán el año pasado, dijo un portavoz.
El anuncio subrayó las intenciones de los nuevos gobernantes afganos de continuar con las políticas de línea dura aplicadas desde que tomaron el control del país en agosto de 2021 y de ceñirse a su interpretación de la ley islámica, o sharia.
La ejecución tuvo lugar en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y muchos altos cargos talibanes, entre ellos de la capital, Kabul, y de la provincia, según Zabihullah Mujahid, máximo portavoz del gobierno talibán.
La decisión de llevar a cabo el castigo “se tomó con mucho cuidado”, dijo Mujahid, tras la aprobación de tres de los tribunales superiores del país y del líder supremo talibán, el mulá Haibatullah Akhundzada.
El ejecutado, identificado como Tajmir, de la provincia de Herat, fue condenado por matar a otro hombre hace cinco años y robarle la motocicleta y el teléfono móvil. La víctima fue identificada como Mustafa, de la vecina provincia de Farah. Muchos hombres afganos utilizan un solo nombre.
Las fuerzas de seguridad talibanes habían detenido a Tajmir después de que la familia de la víctima le acusara del crimen, según una declaración de Mujahid, el portavoz. El comunicado no precisaba cuándo se había producido la detención, pero añadía que Tajmir supuestamente había confesado el asesinato.
Durante el anterior gobierno talibán del país, a finales de la década de 1990, el grupo llevó a cabo ejecuciones públicas, flagelaciones y lapidaciones de condenados por delitos en tribunales talibanes.
Tras tomar Afganistán en 2021, en las últimas semanas de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN del país tras 20 años de guerra, los talibanes habían prometido inicialmente ser más moderados y permitir los derechos de las mujeres y las minorías.
En lugar de ello, han restringido derechos y libertades, como la prohibición de la educación de las niñas más allá del sexto curso. También han llevado a cabo flagelaciones públicas en distintas provincias, castigando a varios hombres y mujeres acusados de robo, adulterio o huida del hogar.
Los antiguos insurgentes han tenido dificultades en su transición de la guerra al gobierno, en medio de una recesión económica y la negativa de la comunidad internacional a reconocerlos oficialmente.
