CIUDAD DE MÉXICO, México – El principal investigador de México contra el lavado de dinero dijo el miércoles que funcionarios de administraciones anteriores de 2012 a 2018 gastaron alrededor de 300 millones de dólares en dinero del gobierno para comprar programas de espionaje de la firma israelí NSO Group.
Las facturas de programas como el spyware Pegasus parecen haber incluido pagos excesivos que pueden haber sido canalizados de vuelta a los ex funcionarios del gobierno como sobornos.
Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, dijo que la información se está entregando a los fiscales en México.
Nieto dijo que las cantidades pagadas, y la forma en que se pagaron, sugieren la corrupción del gobierno en un programa de intervención telefónica ya cuestionable que se dirigió a periodistas, activistas y figuras de la oposición, que en ese momento incluía al presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo íntimo.
“Esto implica o al menos presume la existencia de actos de corrupción, al vender (el programa de espionaje) a precios inflados al gobierno entre los años 2012 y 2018”, dijo Nieto.
El programa insignia de NSO, Pegasus, puede hackear los teléfonos móviles sin que los usuarios lo sepan, lo que permite a los clientes leer todos los mensajes, rastrear la ubicación del usuario e intervenir la cámara y el micrófono del teléfono. Un informe de noviembre de 2018 denunció que Pegasus se utilizó para atacar a periodistas en el país.
López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 y se comprometió a no utilizar nunca el software espía. Nieto dijo que no se había detectado ninguna operación en la actual administración.
México tenía la lista más grande -unos 700 números de teléfono- entre los miles presuntamente seleccionados por los clientes de NSO para una potencial vigilancia.
Algunas compras aparentemente ocurrieron bajo el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, quien está detenido por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Otras ocurrieron durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto; uno de sus principales funcionarios de seguridad, Tomás Zerón, huyó posteriormente a Israel.
A pesar de los informes de que Israel había expresado su desinterés en extraditar a Zerón para que enfrentara cargos en otro caso en México, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, escribió el martes que el proceso estaba avanzando.
“Israel no tiene en cuenta consideraciones políticas en los procedimientos de extradición”, escribió Tal. “El objetivo del diálogo entre las respectivas autoridades israelíes y mexicanas es asegurar que la solicitud de extradición sea presentada y considerada adecuadamente. No ha habido ningún retraso por parte de Israel”.
El miércoles, NSO se defendió de las acusaciones de que vendió su software espía Pegasus a los violadores de los derechos humanos que atacaban a disidentes, políticos y periodistas, entre otros, diciendo que “se está llevando a cabo una campaña orquestada contra nosotros”.
“Se han publicado acusaciones falsas contra nosotros que ignoran los hechos”, dijo la empresa en un comunicado en el que anunciaba que no respondería a más peticiones para comentar las afirmaciones. “No vamos a entrar en el juego de las insinuaciones y las calumnias”.
El director general, Shalev Hulio, de 39 años, negó el martes en una entrevista con la radio 103FM de Israel que su empresa hubiera hecho algo malo.
Dijo que NSO no tenía “ninguna relación” con la lista de miles de números de teléfono.
El martes, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que Israel aprueba la exportación de tecnología solo a los gobiernos “exclusivamente con el fin de prevenir e investigar el crimen y el terrorismo”.
Dijo que Israel está “estudiando” las recientes publicaciones sobre el tema.
El Ministerio de Defensa ha prometido que se tomarán “medidas apropiadas” si se descubre que NSO Group ha violado los términos de su licencia de exportación.
