A pesar de las sanciones, los ciudadanos rusos siguen participando activamente en los negocios en los países de la Unión Europea, informa DW. Según el informe, publicado el viernes 28 de octubre por la Comisión Europea (CE) sobre los riesgos asociados al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, los rusos son propietarios de casi 31 mil empresas en Europa.
Las principales áreas de su actividad empresarial en la UE, según se desprende del documento, son la construcción, el comercio inmobiliario, la hostelería y los sectores energético y financiero.
El informe de la Comisión Europea está dirigido al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo. En el capítulo dedicado a la guerra de Rusia contra Ucrania, los autores del informe destacan que para aplicar correctamente las medidas de la UE sobre congelación de activos, los países deben cumplir efectivamente los requisitos de transparencia de los bienes económicos. Además, la CE recomienda mejorar el intercambio de información, así como identificar y controlar “proporcionalmente” los activos financieros ocultos a las autoridades fiscales.
Los autores del informe señalan que la creación y registro de empresas “buzón” sigue siendo un procedimiento relativamente sencillo, aunque dichas empresas pueden utilizarse para “mover cientos de millones de euros a través de transacciones opacas”. Con su ayuda, los delincuentes pueden ocultar no sólo el origen del dinero y el lugar de su transferencia, sino también los nombres de los beneficiarios reales. Por tanto, las finanzas ocultas pueden utilizarse tanto para el enriquecimiento personal como para la desestabilización de países enteros, según el informe de la Comisión Europea.
Según este documento, de unas 31 mil empresas en la Unión Europea, que son propiedad de ciudadanos rusos, al menos 1400 pertenecen a personas que están en la lista de sanciones de la UE. Se trata de unos 33 individuos.
Al mismo tiempo, según el informe, algunos oligarcas rusos, para ocultar sus propiedades, podrían ceder los derechos de propiedad a empresas ficticias registradas en terceros países o a copropietarios locales.
