El sábado 12 de setiembre, las autoridades iraníes anunciaron que el luchador de 27 años Navid Afkari había sido ejecutado.
Aunque las autoridades afirmaron que había sido ahorcado, la BBC Persia informó que a la familia del campeón de lucha libre solo se le permitió ver su cara y que tenía la nariz rota, lo que hizo sospechar que había sido torturado hasta la muerte. Afkari había dicho anteriormente a sus familiares que, mientras estaba en prisión, lo habían colgado del techo de una cámara de tortura, lo habían golpeado con una barra de hierro y una porra, y le habían puesto plástico en la cabeza para asfixiarlo “hasta el borde de la muerte”.
Afkari fue condenado a muerte dos veces en relación con el asesinato de un guardia de seguridad durante las protestas antigubernamentales en Shiraz en 2018. Él y sus hermanos, Vahid y Habib, habían participado en las protestas y fueron arrestados poco después. Acusado de “insultar al Líder Supremo” y “hacer la guerra contra Dios”, Afkari mantuvo con vehemencia su inocencia. A pesar de las flagrantes incoherencias en las pruebas presentadas contra él, de sus propias afirmaciones de que su confesión del asesinato se obtuvo mediante tortura y de los recursos presentados por asociaciones deportivas y grupos de derechos humanos de todo el mundo, su condena y su pena de muerte fueron confirmadas por el Tribunal Supremo de Irán. Sus hermanos fueron condenados a 54 y 27 años de prisión, respectivamente.
El simulacro de juicio y la ejecución de Afkari son un claro recordatorio de que el abuso de Irán contra sus propios ciudadanos se extiende a todos los segmentos de la sociedad iraní, incluso a su comunidad deportiva. Mientras que otros países consideran a sus deportistas como la encarnación de los valores e ideales nacionales, el maltrato de Irán a sus atletas representa una destilación de los peores elementos de la vida bajo los ayatolas.
Al igual que las mujeres iraníes en general, las atletas son las más afectadas por la opresión del régimen. La única medallista olímpica femenina del país, la competidora de taekwondo, Kimia Alizadeh, huyó del país en enero de este año, llamándose a sí misma “una de las millones de mujeres oprimidas de Irán”. A las mujeres atletas se les prohíbe competir en una serie de deportes, se les impide incluso asistir a eventos deportivos como espectadoras y se les exige. como a todas las mujeres iraníes, que lleven un hijab en público, incluso mientras compiten.
Alizadeh está lejos de estar sola. Docenas de atletas de diversos campos han huido de Irán debido a la presión del gobierno o a la discriminación. En setiembre de 2019, Saeid Mollaei, un luchador de judo iraní, escapó del país con destino a Alemania tras revelar que los funcionarios iraníes le habían obligado a perder partidos para no competir contra el israelí Sagi Muki. El boxeador Mobin Kahrazeh y el levantador de pesas Amir Mohammad Shahnavazi huyeron de Irán con destino a Austria y Francia, respectivamente, tras sufrir discriminación debido a su identidad étnica baluch compartida. Y a principios de este año, el árbitro iraní de ajedrez de categoría mundial Shohreh Bayat pidió asilo en el Reino Unido después de que apareciera una foto suya sin su hijab, ordenado por el Estado, en una competición en Shangai, en la que recibió amenazas de detención. Más tarde reveló que tiene raíces judías. “Toda mi vida se trató de mostrar una imagen falsa de mí misma”, declaró al Telegraph. “Sabía que no podía tolerarlo por más tiempo”.
Los abusos de Irán contra sus propios atletas representan claras violaciones de los derechos humanos básicos. Contravienen también la Carta Olímpica, el conjunto de normas y principios a los que debe atenerse todo país que participe en el mayor evento deportivo del mundo. De hecho, la Carta se lee como una hoja de cargos contra el régimen iraní; al parecer no hay ninguna cláusula que Irán no haya violado en su campaña de opresión e intimidación. Desde las declaraciones sobre el espíritu olímpico de “amistad, solidaridad y juego limpio” y el “principio de igualdad entre hombres y mujeres” hasta la obligación de “promover un deporte seguro y la protección de los atletas contra todas las formas de acoso y abuso” y la prohibición contra “la discriminación de cualquier tipo”, la escandalosa conducta de Irán la pone en franca contradicción tanto con la letra como con el espíritu de las normas que rigen el movimiento olímpico.
Mi organización, el Comité Judío Americano, ha lanzado una campaña para prohibir que Irán participe en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, que se celebrarán el año próximo en Tokio. Miles de personas de 39 países, incluyendo Irán, ya han prestado su voz a este esfuerzo. Debemos enviar al régimen iraní el mensaje de que no puede formar parte de la familia olímpica mientras siga acosando, persiguiendo y matando a sus atletas en flagrante violación tanto de los derechos humanos básicos como de la Carta Olímpica. Lamentablemente, el Comité Olímpico Internacional, que había condenado el asesinato de Afkari, ha ignorado hasta ahora los crecientes llamados a la acción contra un régimen que ha demostrado sistemáticamente su flagrante desprecio por los valores del movimiento olímpico.
Hay muchos precedentes. Sudáfrica estuvo prohibida de las Olimpiadas durante décadas debido a su régimen de apartheid. En 2000, se prohibió al Afganistán participar en los Juegos de Sydney debido a su discriminación contra la mujer. En el último decenio, Kuwait ha sido suspendido de las actividades olímpicas en varias ocasiones debido a la injerencia del Gobierno en su Comité Olímpico.
Ha llegado el momento de que Irán se una a su ignominiosa compañía.
Es demasiado tarde para Navid Afkari, pero si podemos obligar al régimen iraní a pensárselo dos veces antes de abusar de sus atletas, quizás podamos salvar la vida de otro prometedor luchador por un Irán mejor. Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de JTA o de su empresa matriz, 70 Faces Media.
