La Unión Europea tiene previsto imponer el lunes sanciones a varios funcionarios iraníes sospechosos de haber participado en la represión de los manifestantes, pero no incluirá al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica en la lista negra de grupos terroristas de la UE.
Funcionarios iraníes se han opuesto enérgicamente a la inclusión en la lista y han advertido a los países europeos de que tomarán represalias si sigue adelante.
El bloque de los 27 ya ha impuesto tres rondas de sanciones a funcionarios y organizaciones iraníes -incluidos ministros del gobierno, oficiales del ejército y la policía de moralidad iraní- por abusos contra los derechos humanos en las protestas que estallaron en Irán a mediados de septiembre por la muerte de Mahsa Amini.
La joven, de 22 años, murió tras ser detenida por la policía de moralidad por violar supuestamente el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Las mujeres han desempeñado un papel protagonista en las protestas, y muchas se han quitado públicamente el pañuelo islámico obligatorio, conocido como hiyab.
Al menos cuatro personas han sido ejecutadas desde que comenzaron las manifestaciones, tras juicios rápidos y a puerta cerrada. Al menos 519 personas han muerto y más de 19.200 han sido detenidas, según Human Rights Activists in Iran, un grupo que ha seguido de cerca las manifestaciones.
El movimiento se ha convertido en uno de los mayores desafíos a la teocracia chií de Irán desde la Revolución Islámica de 1979.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas, prohibirán viajar a más funcionarios y congelarán sus activos, pero no incluirán en la lista negra al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, a pesar del llamamiento que hizo la semana pasada el Parlamento Europeo para que lo hicieran.
El responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que presidió la reunión, declaró que esto sólo podría ocurrir cuando un tribunal de un país miembro dicte una sentencia condenando al cuerpo de guardias iraníes por actos terroristas.
“Es algo que no puede decidirse sin una decisión judicial previa”, declaró a los periodistas.
Los funcionarios europeos también temen que incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista negra acabaría prácticamente con las escasas esperanzas que el bloque podría tener de resucitar el acuerdo nuclear con Irán, que ha estado congelado desde que la administración Trump se retiró del acuerdo respaldado internacionalmente en 2018.
El ministro austriaco de Asuntos Exteriores, Alexander Schallenberg, lamentó las recientes acciones de Teherán y respaldó el plan de imponer nuevas sanciones.
Irán, dijo Schallenberg, “está en curso de colisión, no solo con la comunidad internacional, en lo que respecta a las seguridades del programa nuclear, sino también con su propio pueblo, con la brutal represión del movimiento de la sociedad civil”.
