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Portada » Zona de guerra » El F/A-XX al borde del archivo: la Marina suplica $1.400 millones al Congreso

El F/A-XX al borde del archivo: la Marina suplica $1.400 millones al Congreso

10 de julio de 2025
en Zona de guerra
El F/A-XX operará donde el F/A-18 no puede sobrevivir

F/A-XX

La Armada solicita $1.400 millones en su UPL 2026 para el caza F/A-XX, que enfrenta recortes frente al F-47 de la Fuerza Aérea.

Financiación del F/A-XX en la lista de prioridades no financiadas

La Armada de Estados Unidos incluyó una solicitud de $1.400 millones para el programa de caza de sexta generación F/A-XX en su Lista de Prioridades No Financiadas (UPL) para el año fiscal 2026, según un documento obtenido por Breaking Defense. Esta financiación tiene como objetivo adjudicar el contrato del caza a la industria, con el fin de mantener activo un proyecto que, de otro modo, quedaría archivado de forma indefinida debido a la priorización del programa F-47 de la Fuerza Aérea. La solicitud de presupuesto regular de la Armada para 2026 asigna solo $74 millones, suficientes para completar el diseño, pero insuficientes para avanzar en desarrollo o adquisición.

El programa F/A-XX, que reemplazará a los F/A-18E/F Super Hornet y complementará a los F-35C en portaaviones, es un componente funcional del futuro Grupo de Ataque de Portaaviones y del Ala Aérea del Futuro (AWOTF). La UPL indica que el F/A-XX proporciona alcance, capacidades furtivas, sensores avanzados y capacidad de operar en entornos disputados, según USNI News, que revisó el documento. La Armada mantiene desacuerdos con el Pentágono, que ha dado prioridad al F-47, un caza tripulado de sexta generación desarrollado por Boeing con $3.500 millones asignados para 2026.

El Pentágono justifica la reducción de fondos para el F/A-XX con el argumento de que la base industrial de defensa no puede sostener dos programas de sexta generación de forma simultánea. Un alto funcionario de defensa afirmó en junio que los $74 millones asignados al F/A-XX bastan para finalizar el diseño y conservar la opción de aplicar avances tecnológicos desarrollados para el F-47, lo que evita una sobrecarga de trabajo para los ingenieros especializados.

Boeing y Northrop Grumman compiten por el contrato F/A-XX, tras la exclusión de Lockheed Martin en marzo de 2025, según Reuters. Lockheed no cumplió los criterios técnicos establecidos por la Armada, que incluyen requisitos avanzados de radar y compatibilidad con operaciones en portaaviones. La decisión final, aún sin emitir, reviste especial importancia para Boeing, que busca sostener su división de cazas, y para Northrop Grumman, que aspira a obtener su primer contrato de cazas desde el F-14 Tomcat.

Detalles clave del programa F/A-XX

  • El F/A-XX sustituirá a los F/A-18E/F Super Hornet y EA-18G Growler en la década de 2030.
  • Proporciona un incremento del 25% en alcance, capacidades furtivas avanzadas y compatibilidad con plataformas no tripuladas.
  • Integra inteligencia artificial y arquitectura de sistemas abiertos que permiten implementar actualizaciones de forma constante.
  • Forma parte del Ala Aérea del Futuro, junto con el MQ-25 Stingray y un conjunto de plataformas no tripuladas equivalente al 60% del total.

Debate sobre la capacidad industrial y prioridades de defensa

El caza F/A-XX de la Armada podría superar al programa NGAD
F/A-XX

La inclusión de $1.400 millones en la UPL evidencia un desacuerdo entre la Armada y el Pentágono. En junio, el Pentágono propuso reasignar $500 millones del F/A-XX al F-47, medida que recibió oposición bipartidista en el Congreso. La Cámara de Servicios Armados incluyó $500 millones para el F/A-XX dentro de un paquete de defensa de $3.900 millones, mientras que el Senado propuso $750 millones, según Army Recognition. Legisladores advierten que aplazar el F/A-XX compromete la capacidad aérea naval ante China.

El secretario de la Armada, John Phelan, manifestó en una audiencia del 11 de junio ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara sus preocupaciones sobre el estado de la base industrial, al señalar que varios programas enfrentan complicaciones y que las empresas no alcanzan los estándares establecidos. Phelan subrayó la necesidad de concentrarse en capacidades futuras mediante el uso de plataformas tripuladas y no tripuladas, integradas en el Ala Aérea del Futuro. El almirante James Kilby, jefe interino de Operaciones Navales, afirmó que la Armada requiere un caza tripulado de sexta generación, sin pronunciarse sobre la viabilidad industrial.

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Steve Parker, CEO de Boeing Defense and Space, rechazó en junio la afirmación de que la base industrial carece de capacidad para sostener ambos programas, al señalar que existen los recursos necesarios para desarrollar el F-47 y el F/A-XX de manera paralela. Esta posición difiere de la expresada por el Pentágono, que insiste en dar prioridad al F-47 para evitar demoras y evitar una carga excesiva sobre los recursos existentes. La Armada sostiene su posición en favor del F/A-XX.

El Congreso, que posee la autoridad final sobre el presupuesto de defensa, podría aumentar la financiación para el F/A-XX en 2026, sin depender de la UPL. En ocasiones anteriores, los legisladores han añadido partidas presupuestarias, y la actual solicitud de $1.400 millones expresa la intención de la Armada de continuar con el programa. La decisión final dependerá de las negociaciones entre el Pentágono, la Armada y el Congreso, con implicaciones operativas para la capacidad aérea de los portaaviones.

Contexto del programa y requisitos operativos

F/A-XX: evolución y desafíos en la fuerza naval de EE. UU.
F/A-XX

El F/A-XX, declarado como necesidad en 2008, corresponde a un programa de desarrollo y adquisición de un caza de ataque de sexta generación apto para operar desde portaaviones clase Nimitz y Gerald R. Ford. Boeing presentó conceptos en 2009 y 2013 que representaban un caza furtivo bimotor, sin estabilizadores verticales, disponible en versiones tripulada y no tripulada, con un peso de 18.000 kg. Northrop Grumman plantea una propuesta basada en el X-47B, concebido para operar en escenarios con alta amenaza.

El caza está orientado principalmente a misiones contra objetivos en superficie, con una función secundaria en el combate aire-aire, a diferencia del F-47, que se centra en neutralizar amenazas aéreas. La Armada exige una mejora del 25% en alcance respecto a los cazas actuales, capacidades avanzadas de conectividad con sensores y compatibilidad con vehículos no tripulados como el MQ-25 Stingray. El programa incluye tecnologías recientes, como recubrimientos inteligentes configurables electrónicamente y arquitectura modular que permite actualizar los sistemas con rapidez.

La financiación del F/A-XX permaneció clasificada hasta 2024 dentro del programa Link Plumeria, considerado uno de los proyectos de investigación más amplios del Departamento de Defensa. En 2025, la Armada reprogramó $1.000 millones originalmente destinados a investigación para atender requerimientos inmediatos, según un informe entregado al Congreso en marzo de 2024. Este contexto justifica la asignación limitada de $74 millones en el presupuesto de 2026 y la inclusión de $1.400 millones en la UPL para reactivar el programa.

La competencia entre Boeing y Northrop Grumman continúa sin resolución, debido al retraso del contrato inicialmente previsto para marzo de 2025, causado por conflictos presupuestarios y dudas sobre la capacidad industrial. La Armada sostiene la necesidad del F/A-XX como medio para mantener la funcionalidad operativa de sus portaaviones frente a China, que ya evalúa prototipos de cazas de sexta generación como el J-50 y el J-36, según declaraciones presentadas durante una audiencia del Comité de Servicios Armados en junio.

Etiquetas: F/A-XXNaval

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El Tribunal Superior rechaza el recurso de Sharren Haskel contra el Likud El Tribunal Superior de Justicia rechazó este domingo por la noche el recurso de la diputada Sharren Haskel contra el Likud y la facción Derecha Estatal. Haskel pretendía ser reconocida como una facción unipersonal y obtener autorización para abandonar su grupo parlamentario antes de las elecciones a la 26.ª Knéset. Aunque los jueces desestimaron su petición, la sentencia advirtió que la fórmula escogida por ambas formaciones para aplicar sus acuerdos podría generar un problema jurídico al afectar el derecho de los diputados contrarios a una fusión a separarse de su facción. El origen del litigio se encuentra en el acuerdo suscrito en marzo de 2025 entre el Likud y Derecha Estatal, entonces denominada Nueva Esperanza. El pacto contemplaba originalmente la fusión Estatal con el Likud, siempre que recibiera la aprobación del Comité de la Knéset. También incluía otros compromisos políticos, como la incorporación de miembros Estatal al Likud, la posibilidad de reservar un puesto para un candidato en la lista del partido y la participación conjunta en las elecciones a la 26.ª Knéset. Ese esquema cambió el 14 de julio de 2026. En vez de culminar formalmente la fusión, las dos facciones decidieron presentarse a las próximas elecciones mediante una lista conjunta de candidatos. El resto de las disposiciones pactadas continuaría en vigor con las modificaciones necesarias. Esta decisión se convirtió en el elemento central de la demanda de Haskel. La diputada argumentó que, pese a la ausencia de una fusión formal, en la práctica ambas formaciones ya funcionaban como si la integración se hubiera producido. Señaló que llevaban un periodo prolongado de estrecha coordinación, que habían combinado actividades políticas y que ya preparaban conjuntamente la campaña electoral. Según su posición, evitar la culminación oficial de la fusión le impedía utilizar el derecho legal a separarse de una facción que se integra en otra. Su argumento se apoyaba en el artículo 59 de la Ley de la Knéset, que permite, bajo determinadas condiciones, que un diputado contrario a la fusión de su grupo parlamentario se separe de él. Esa modalidad de salida tiene efectos distintos de una separación ordinaria tanto sobre el estatus parlamentario como sobre la financiación partidaria. El tribunal explicó que un diputado que abandona una facción al amparo de ese artículo puede ser reconocido como facción unipersonal y presentarse a las siguientes elecciones integrado en otro partido. Sin embargo, los jueces concluyeron que Haskel había actuado con un retraso considerable. El acuerdo entre el Likud y Derecha Estatal databa de marzo de 2025, pero ella no acudió al Comité de la Knéset hasta el 14 de julio de 2026, pocos días antes de la “fecha determinante” empleada para calcular los anticipos de financiación electoral. La sentencia recordó que las elecciones a la 26.ª Knéset debían celebrarse, como fecha límite, el 27 de octubre. Por ese motivo, la fecha determinante era el 18 de julio, trasladada al 19 de julio debido a que el día 18 caía en sábado. El juez Yitzhak Amit, con el respaldo de las juezas Daphne Barak-Erez y Alex Stein, consideró que existía una “demora sustancial” suficiente para rechazar el recurso. El tribunal destacó que Haskel dejó transcurrir más de un año sin hacer valer su argumento de que la fusión se estaba ejecutando de hecho. Tampoco acudió a la justicia cuando, según su propia interpretación, comenzaron a producirse las actuaciones que demostraban que la integración entre ambas formaciones ya estaba en marcha. Para los jueces, esa falta de actuación también debilitaba su afirmación de que se había opuesto de manera continuada a la fusión durante todo ese periodo. Además del problema temporal, el Tribunal Superior tampoco aceptó la posición de Haskel sobre el fondo. Según la sentencia, Derecha Estatal siguió operando en la Knéset como una facción independiente: mantuvo representación propia en los órganos correspondientes, recibió por separado oficinas, presupuestos y personal y ni siquiera celebró una reunión conjunta de facción con el Likud. El Likud sostuvo igualmente que la fusión nunca llegó a completarse y recordó que cualquier cambio en la estructura de las facciones parlamentarias necesita la aprobación del Comité de la Knéset. Pese al rechazo del recurso, Amit introdujo una reserva que podría adquirir relevancia en casos posteriores. El presidente del tribunal cuestionó la fórmula mediante la cual el Likud y Derecha Estatal decidieron concurrir juntos a las elecciones sin completar antes la fusión de sus respectivas facciones parlamentarias. Amit señaló que un acuerdo de ese tipo “podría plantear dificultades”, porque podría impedir que un diputado contrario a la integración ejerciera de manera efectiva un derecho reconocido por la legislación. No obstante, precisó que el caso de Haskel no era el adecuado para resolver esa cuestión. La sentencia dejó abierta la posibilidad de analizarla en otro procedimiento al indicar que “es posible que un acuerdo de este tipo requiera, en la ocasión adecuada, un examen independiente”. Los jueces también hicieron hincapié en la necesidad de contención judicial cuando se examinan acuerdos políticos y cuestiones internas de la Knéset. De acuerdo con la sentencia, la intervención del tribunal frente a un pacto de naturaleza claramente política debe limitarse a situaciones excepcionales, como aquellas en las que exista ilegalidad o una vulneración del orden público. En este caso, no se presentó ningún argumento de ese tipo que justificara la intervención. El recurso se inscribe en el enfrentamiento político que se aumentó después de que Gideon Saar y los integrantes Estatal completaran su acercamiento al Likud. Haskel se negó a incorporarse al Likud, fundó en julio el partido “Israel Primero” y pidió autorización para abandonar Derecha Estatal con el objetivo de concurrir a las elecciones de manera independiente. La diputada no consiguió finalmente lo que reclamaba. El Tribunal Superior rechazó su recurso y tampoco obligó al Likud ni a Derecha Estatal a culminar formalmente la fusión. Al mismo tiempo, la resolución mantuvo abierta una cuestión jurídica sobre el mecanismo elegido por ambos partidos para presentarse juntos a las elecciones, especialmente por sus posibles efectos sobre los derechos de diputados que se nieguen a formar parte de esa iniciativa. Según se desprende de la sentencia, ese asunto podría ser examinado nuevamente por los tribunales en el futuro.

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