Un número récord de 52 Estados presentarán argumentos sobre las consecuencias jurídicas del control militar israelí de Judea y Samaria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano jurídico de la ONU.
Los seis días de audiencias de la CIJ, que comienzan el lunes, se celebran después de que la Asamblea General de la ONU solicitara al tribunal en 2022 un dictamen consultivo, o no vinculante, sobre “la ocupación”. Aunque Israel ha hecho caso omiso de tales dictámenes en el pasado, podría añadir presión política sobre su operación en curso en Gaza.
Forma parte de un impulso palestino para conseguir que instituciones de derecho internacional como la CIJ examinen la conducta de Israel, que se ha hecho más urgente desde los ataques del 7 de octubre de Hamás en Israel y la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza.
“Políticamente, esto ayudará a lograr una solución de dos Estados. Estamos utilizando la plataforma del mayor órgano judicial para hacer avanzar nuestra causa”, dice a los periodistas Omar Awadallah, alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, en una reunión informativa previa a las audiencias.
Israel capturó Judea y Samaria, Gaza y Este de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días de 1967. Se retiró de Gaza en 2005, pero, junto con el vecino Egipto, sigue controlando sus fronteras.
Es la segunda vez que la Asamblea General de la ONU solicita a la CIJ, también conocida como Tribunal Mundial, una opinión consultiva relacionada con los “territorios palestinos ocupados”. En julio de 2004, el tribunal dictaminó que el muro de separación israelí en Judea y Samaria violaba el derecho internacional y debía desmantelarse, aunque a día de hoy sigue en pie.
El procedimiento de la opinión consultiva es independiente del caso de genocidio que Sudáfrica presentó ante el Tribunal Mundial contra Israel por sus supuestas violaciones en Gaza de la Convención sobre el Genocidio de 1948. A finales de enero, la CIJ ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en su mano para evitar actos de genocidio en Gaza.
El resultado de la opinión consultiva no sería jurídicamente vinculante, pero tendría “gran peso jurídico y autoridad moral”, según la CIJ.
La cuestión concreta planteada al tribunal es que emita un dictamen sobre las consecuencias jurídicas de “la ocupación, los asentamientos y la anexión […] por parte de Israel, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas”.
La asamblea general también pidió al panel de 15 jueces de la CIJ que asesorara sobre cómo esas políticas y prácticas “afectan al estatus legal de la ocupación” y qué consecuencias legales se derivan de este estatus para todos los países y las Naciones Unidas.
El tribunal escuchará a más de 50 Estados y tres organizaciones internacionales durante seis días de audiencias, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China y Sudáfrica. Aunque Israel ha presentado una declaración escrita ante el tribunal, no ha solicitado participar en las audiencias. El lunes comenzarán los procedimientos con las alegaciones de las autoridades palestinas.