El Ejército israelí ha recuperado más de 300.000 artículos militares en una campaña que permite devolver armas, municiones y otros equipos sin identificarse ni afrontar procesos penales por haberlos retirado, poseído o transportado de forma ilegal. Entre las piezas recibidas figuran fusiles Kaláshnikov procedentes aparentemente de operaciones en Gaza y el Líbano, una ametralladora FN MAG y un subfusil Uzi que dejó de utilizarse en sus filas hace más de 30 años.
La iniciativa comenzó el 1 de noviembre con la apertura de 62 centros de entrega en bases militares de todo Israel. Tanto los militares en servicio activo como los reservistas pueden acudir a esos puntos y entregar material sin que se les pregunte por su identidad. Para facilitar la devolución, el Ejército obtuvo una autorización excepcional que les exime de responsabilidad penal por la retirada, tenencia o porte indebidos de los artículos.
El balance difundido el jueves 12 de noviembre incluye aproximadamente 210 armas de fuego y 3.800 artículos entre granadas aturdidoras, granadas de fragmentación, morteros y lanzadores. También se contabilizaron unos 8.700 uniformes y artículos textiles, 3.000 accesorios para armas, 1.600 piezas de equipo de combate —entre ellas chalecos y cascos— y 430 artículos médicos. A esas cantidades se suman decenas de miles de cartuchos de munición.
La recogida debía finalizar durante el fin de semana, pero las autoridades militares decidieron prolongarla dos días más, hasta el lunes, debido a la cantidad de material recibido. Una vez concluido el plazo, dejará de aplicarse la inmunidad especial y volverán las medidas contra la retirada y la posesión ilícitas de equipamiento militar.
El objetivo declarado de la campaña es reducir el riesgo que representa mantener armamento fuera de los circuitos autorizados. El Ejército busca impedir que sus equipos terminen en manos de elementos hostiles y evitar accidentes derivados de su almacenamiento en condiciones inseguras. La devolución permite, además, que el material quede bajo control de personal capacitado para examinarlo y manipularlo.
El coronel Moshe Schwartz, alto oficial de la Dirección de Tecnología y Logística encargado de la operación, explicó que la excepción legal fue una condición fundamental para aumentar las entregas. El Ejército trabajó con las instancias jurídicas para establecer un procedimiento en el que nadie tuviera que identificarse y quienes acudieran no quedaran expuestos a consecuencias penales.
Schwartz sostuvo que recuperar armas y munición susceptibles de acabar en manos indebidas tiene más importancia que investigar a las personas que las conservaban. También advirtió de los riesgos del material antiguo o deteriorado: una vez recuperado, los especialistas pueden tratarlo de forma segura e incluso devolver al servicio aquellos artículos que estén en condiciones de uso.
El oficial vinculó parte de las dificultades del inventario con los tres años de guerra, período durante el cual ha sido difícil seguir con precisión las cantidades de material militar. Señaló que la intención es que los soldados dispongan únicamente de equipos reglamentarios y aptos para su utilización.
La anterior campaña de devolución de armamento del Ejército israelí se realizó en 2018. Antes de esa fecha hubo otra operación semejante en 2016.
