Miembros de la Knéset promueven cerrar el acceso de detenidos por seguridad a hospitales civiles y trasladar su atención a unidades médicas penitenciarias, para evitar su presencia junto a pacientes civiles y reducir la exposición al entorno civil.
Propuesta para restringir hospitalización de terroristas presos
Los miembros de la Knéset impulsan cerrar la vía que permite a palestinos detenidos por motivos de seguridad ingresar en hospitales israelíes y proponen su traslado a unidades médicas dependientes del sistema penitenciario. El objetivo declarado es impedir su presencia junto a pacientes de la población civil y reducir su exposición al entorno civil durante el tratamiento, en un marco de custodia y protocolos diseñados específicamente para población penitenciaria.
En la sesión del Comité de Seguridad Nacional, Malinovsky expuso que la llegada de personas acusadas o condenadas por delitos de terrorismo a centros médicos públicos introduce un riesgo para quienes reciben atención y, además, carga a los equipos sanitarios con medidas reforzadas de seguridad no pensadas para un hospital civil. Según describió, esa adaptación distorsiona el funcionamiento ordinario de los servicios y altera las condiciones previstas para pacientes y profesionales en instalaciones civiles.
La diputada sostuvo que “lo que ha sido no puede continuar” y presentó ejemplos de hospitales donde personal médico admitió a terroristas presos sin que quienes los trataron identificaran su condición ni comprendieran el tipo de detenido que tenían ante sí. A su juicio, esos episodios evidencian una brecha grave en los protocolos de información y de seguridad clínica que requiere una intervención normativa para restablecer procedimientos claros y consistentes en todo el sistema.
Sobre esa base, Fogel señaló que su objetivo es que los terroristas encarcelados con necesidades médicas reciban atención dentro de dependencias penitenciarias y no en edificios destinados a la población general. Considera inaceptable que circulen por espacios civiles donde se encuentran pacientes ajenos al sistema penal, incluso si existen mecanismos de custodia estricta, porque entiende que esa práctica vulnera criterios básicos de separación y control en contextos sensibles de salud pública.
Claves operativas y cifras para contextualizar el debate
- Se propone trasladar la atención a unidades médicas del sistema penitenciario.
- El Servicio de Prisiones reportó 9.272 detenidos por seguridad y un hospitalizado.
- Los presos permanecen esposados y acompañados por al menos tres guardias.
- No se registraron ataques dentro de hospitales, según un representante médico.
- Se denuncian brechas de información clínica y perturbaciones a otros pacientes.
Casos y debate sobre tratamiento médico en hospitales civiles públicos
El asunto ganó notoriedad el año anterior tras un video del Hospital Hadassah de Mount Scopus, donde el padre de una víctima increpó al personal y exigió retirar de inmediato a un detenido de seguridad cuya identidad no se divulgó. La escena activó un debate público amplio sobre el protocolo de hospitalización de terroristas presos y sobre los límites de su presencia en instalaciones destinadas a la población civil.
Ese detenido fue trasladado posteriormente al centro de detención de Sde Teiman, que alberga habitantes de Gaza sospechosos de actividades terroristas o capturados en combates. Allí se reúnen individuos bajo acusaciones relacionadas con terrorismo, lo que refuerza la percepción de que tales detenidos deben permanecer en instalaciones estrictamente de seguridad. El caso se interpretó como un precedente operativo para limitar su acceso a hospitales civiles en situaciones no impostergables.
Al mismo tiempo, sectores de la opinión pública expresaron indignación por el traslado rápido de presuntos agresores a hospitales tras ataques terroristas, ya que en varias ocasiones recibieron atención en espacios compartidos con heridos de los mismos hechos. Esa coexistencia generó una sensación de agravio entre familiares y víctimas, para quienes resultó ofensivo coincidir con responsables en zonas de tratamiento, incluso bajo medidas de custodia visibles y controladas por personal penitenciario.
El análisis operativo se complica por la dificultad de los equipos de emergencia para diferenciar con claridad entre víctimas y agresores en el escenario inmediato de un ataque. El caos inicial impide clasificaciones diáfanas y obliga a priorizar criterios estrictamente médicos y de urgencia vital. Esa prioridad clínica, indispensable para preservar vidas, puede conducir temporalmente a ubicar a sospechosos y víctimas en circuitos asistenciales cercanos durante la fase crítica de estabilización.
Datos penitenciarios y controversia ética en estándares de atención
Aunque el debate político avanza, aún no se presentó un proyecto de ley específico. Los legisladores atribuyen el retraso a la ausencia de datos oficiales del Servicio de Prisiones y del Ministerio de Salud sobre el número anual de terroristas encarcelados que ingresan en hospitales civiles. Consideran imprescindible esa información para diseñar una norma proporcional a la magnitud real del fenómeno y evitar disposiciones sobredimensionadas o carentes de sustento empírico suficiente.
Pese a la falta de cifras consolidadas, la propuesta de excluir a detenidos por terrorismo de hospitales civiles recibió respaldo firme entre quienes integraron la reunión, ubicados en el ala derecha del arco político. Representantes penitenciarios describieron un número limitado de casos y sostuvieron que solo derivan presos a instalaciones civiles cuando no existe una alternativa viable dentro del propio sistema penitenciario, que concentra la mayor parte de la atención requerida.
Raz, funcionario del Servicio de Prisiones, informó que el sistema registra 9.272 detenidos por seguridad y que solo uno se encontraba hospitalizado el lunes, dato presentado para dimensionar la magnitud de traslados a instalaciones civiles. Añadió que quienes salen para atención externa permanecen esposados en todo momento y vigilados por un equipo de al menos tres guardias, que controla sus movimientos desde su llegada a emergencias hasta el retorno a prisión.
Walfisch declaró que no tiene conocimiento de casos de ataques contra civiles o personal dentro de hospitales y atribuyó esa situación a la manera en que el Servicio de Prisiones ejecuta la custodia. En contraposición, Glickman sostuvo que la presencia de terroristas en hospitales civiles perturba a otros pacientes, citó ejemplos de habitaciones contiguas entre agresores y víctimas, y defendió evitar coincidencias. Las propuestas de limitar tratamientos suscitaron objeciones éticas, legales y de disponibilidad médica.
