La Universidad de California aceptó un acuerdo en una demanda que acusó a UCLA de permitir actos de discriminación contra estudiantes judíos durante protestas universitarias en 2024. El mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por violación de derechos civiles y discriminación por motivos religiosos contra la universidad, conforme a la Constitución y al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
El acuerdo contempla pagos por $6,13 millones y establece una orden judicial permanente que prohíbe la exclusión de estudiantes judíos de espacios públicos en el campus. Becket, un bufete especializado en libertad religiosa, respaldó la demanda. La universidad deberá garantizar el acceso libre de estudiantes y docentes judíos a todas las instalaciones académicas, tras haberse identificado restricciones impuestas durante protestas propalestinas.
La demanda fue interpuesta por estudiantes que alegaron la existencia de una “zona de exclusión judía” durante un campamento propalestino, con impedimentos de acceso a bibliotecas, aulas y otros espacios. Un juez federal había emitido una medida cautelar el año pasado para proteger la libre circulación, y el nuevo acuerdo transforma esa medida en una orden judicial permanente.
Yitzchok Frankel, demandante principal y exalumno de Derecho, declaró: “Cuando los antisemitas sembraban el terror entre los judíos y los excluían del campus, UCLA optó por proteger a los agresores y facilitar su expulsión”. Añadió que la resolución judicial restituye el acceso a derechos básicos dentro del entorno académico.
Las protestas posteriores al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 incluyeron manifestaciones con mensajes de apoyo a grupos terroristas e infracciones tanto de normas universitarias como de leyes locales. En UCLA se reportaron consignas antisemitas, esvásticas y agresiones físicas que no fueron atendidas por la administración universitaria de forma eficaz.
UCLA defendió su posición legal durante más de un año antes de aceptar el fallo y alcanzar un acuerdo. En una declaración conjunta, ambas partes expresaron conformidad con los términos establecidos. “La orden judicial y las demás condiciones aceptadas por UCLA representan un avance real en la lucha contra el antisemitismo”, indica el comunicado.
El Departamento de Justicia confirmó que UCLA violó la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda y el Título VI, debido a su actitud de indiferencia y por haber permitido un entorno hostil. La fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon señaló que la universidad no respondió de manera oportuna ni adecuada ante denuncias de discriminación y que el gobierno federal exigirá el cumplimiento de las leyes correspondientes.
Como parte del acuerdo, UCLA destinará $2,33 millones a ocho organizaciones vinculadas a la comunidad judía o dedicadas a combatir el antisemitismo, incluida la Liga Antidifamación. También se asignarán $320.000 a la Iniciativa contra el Antisemitismo de UCLA, impulsada por el rector Julio Frenk desde el inicio de su gestión el 1 de enero.
El acuerdo incluye compensaciones a los demandantes y costos legales. Según Becket, constituye el mayor arreglo financiero privado por antisemitismo registrado en el ámbito académico. A modo de antecedente, la Universidad de Columbia pactó recientemente un pago superior a $200 millones ante denuncias similares impulsadas por el gobierno federal.
La Universidad de California presentó el acuerdo como una ampliación de sus esfuerzos institucionales para contener el antisemitismo en todo su sistema. Janet Reilly, presidenta del Consejo de Regentes, afirmó que las acciones discriminatorias contravienen los principios de la universidad y deben corregirse mediante mecanismos jurídicos eficaces.
Daniel Gold, director ejecutivo de Hillel en UCLA, respaldó el acuerdo por su potencial para mejorar las condiciones en el campus. Aseguró que se mantendrán esfuerzos conjuntos con la universidad y con el sistema UC para eliminar toda forma de hostilidad hacia estudiantes judíos.
La Federación Judía de Los Ángeles también respaldó el pacto. Su presidenta, Orna Wolens, y su director general, el rabino Noah Farkas, consideraron que representa un primer paso necesario. Indicaron que, aunque el acuerdo no anula las experiencias de exclusión sufridas por muchos estudiantes, establece límites jurídicos claros ante expresiones de antisemitismo en instituciones académicas.
Mark Rienzi, presidente de Becket, señaló que el caso crea un precedente legal para otras universidades del país. Afirmó que las autoridades académicas “se sometieron de forma voluntaria a los antisemitas durante los campamentos” y que, con este fallo, queda establecido que discriminar a los judíos en estos contextos es ilegal y conlleva graves consecuencias económicas.
