La economía y el costo de vida encabezan las preocupaciones de los israelíes ante las próximas elecciones, por encima incluso de la seguridad y la diplomacia en sondeos recientes. Sin embargo, la campaña se concentra en el 7 de octubre de 2023, las guerras posteriores, el servicio militar haredí y la continuidad de Benjamin Netanyahu como primer ministro.
La presión económica es visible en los gastos cotidianos. El índice de precios al consumidor subió 1,5% durante el último año, mientras que los alimentos acumulan un alza de 8% desde 2024. Los precios de la vivienda, que impulsaron las protestas sociales de 2011, se han más que duplicado desde entonces.
Las señales de deterioro también alcanzan al capital humano. Los estudiantes israelíes obtuvieron sus peores resultados en pruebas internacionales de matemáticas, ciencias e inglés. Entre 2023 y 2025 abandonaron el país 1.370 médicos, una cifra equivalente a la plantilla de un hospital y el doble de la registrada una década antes. A ello se suma una emigración cercana a 50.000 personas por año durante los últimos tres años.
Ese malestar convive con indicadores macroeconómicos favorables. La economía creció durante el último año pese a la guerra, aumentó la inversión extranjera y bajó la inflación. El desempleo se mantiene cerca de cero, el shekel conserva fortaleza y el sector de defensa cerró contratos de gran volumen. Una encuesta del Instituto de Democracia de Israel encontró además que casi 60% de los israelíes valora de forma positiva su situación personal.
Para Manuel Trajtenberg, economista y exdiputado que preside el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, estas son las primeras elecciones bajo el impacto directo del 7 de octubre. Esa condición desplaza el debate hacia la doctrina de seguridad, el aislamiento diplomático, el reclutamiento de los haredíes y la responsabilidad política por el ataque y sus consecuencias.
La estructura de la competencia también reduce el espacio para propuestas económicas diferenciadas. Los dos grandes bloques reúnen partidos con posiciones diversas y se ordenan, sobre todo, alrededor de la permanencia de Netanyahu. Tamar Hermann, del Instituto de Democracia de Israel, sostiene que las agendas económicas de las principales fuerzas son demasiado próximas como para servir de contraste electoral claro.
En ciclos anteriores sí hubo partidos que hicieron del costo de vida su principal bandera. Tras las protestas de 2011, Yesh Atid obtuvo 19 escaños en 2013 con una campaña centrada en la economía y Kulanu logró 10 en 2015 con una agenda similar. Esas fuerzas perdieron después influencia o desaparecieron. Rachel Azaria, exdiputada de Kulanu, considera que también se debilitó la expectativa de que el gobierno pueda modificar de forma sustancial el costo de vida.
Parte de la discusión económica aparece ahora dentro de asuntos presentados como problemas de seguridad o cohesión social. El prolongado servicio de reserva ha afectado el empleo y los ingresos de trabajadores en edad productiva. Un estudio del Centro Taub calculó que el reservista promedio del período posterior al 7 de octubre puede sufrir una reducción de 4,7% en su salario a largo plazo.
El debate sobre el reclutamiento haredí también tiene consecuencias económicas. Las propuestas opositoras para introducir estudios de matemáticas e inglés en las escuelas haredíes apuntan a una mayor integración educativa y laboral. Trajtenberg vincula el servicio militar con una cuestión más amplia: la participación del sector haredí en la sociedad y en la economía.
La emigración añade otra dimensión a la elección. Ayal Kimhi, vicepresidente de la Institución Shoresh, advierte que la salida sostenida de profesionales y trabajadores altamente calificados reduce el capital humano y puede afectar la trayectoria de crecimiento. El resultado electoral, sostiene, puede influir en personas que aún no deciden si permanecer en Israel o marcharse.
