La producción de gas natural en Colombia se desploma. El sector de hidrocarburos acusa el golpe de los aumentos tributarios y de las reformas del presidente izquierdista Gustavo Petro, orientadas a recortar la dependencia del país de los combustibles fósiles. El resultado ha sido inmediato: Bogotá ha tenido que ampliar de manera sustancial las importaciones —caras— de gas licuado de petróleo (GLP) para cubrir la demanda interna y sostener la estabilidad de la red eléctrica colombiana. Ese recurso, sin embargo, está cargando presión sobre las finanzas públicas y sobre la economía en plena crisis fiscal. En ese panorama, la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela abrió una alternativa, a primera vista, más rentable.
El gas natural, económicamente vital para Colombia, lleva años en retroceso. En enero de 2026, la producción del país andino tocó un mínimo de varias décadas: 683 millones de pies cúbicos por día. La caída frente al mes anterior fue apenas superior al 1%, pero el contraste interanual es mucho más severo: 17% menos que en el mismo período de un año atrás.
Hay señales de que el declive continuará, pese a la expectativa de que hallazgos recientes —en particular los pozos Sirus 1 y 2 en el bloque GUA-OFF-0— podrían apuntalar las reservas hasta en 6 billones de pies cúbicos.
El problema de fondo es la inversión. La escasez de capital para perforación, sumada a la decisión de Petro de dejar de adjudicar nuevos contratos de exploración y producción, está erosionando tanto las reservas como la oferta. A finales de 2024, Colombia reportaba reservas por 2.064 billones de pies cúbicos; al ritmo actual de extracción, alcanzan apenas para 5,9 años más. Cerca del 70% de ese volumen está asociado a la producción de petróleo. Y conforme envejecen los yacimientos petroleros y se aceleran sus tasas de declive, aumenta la presión sobre las compañías operadoras para aplicar técnicas de recuperación mejorada, entre las cuales la inyección de gas figura como una de las opciones de menor costo.
Ese gas natural que emerge junto con el crudo suele reinyectarse en los pozos para elevar la presión del yacimiento y reducir la viscosidad del petróleo, facilitando una extracción más eficiente. Pero el efecto colateral es directo: a medida que crece la necesidad de recuperación mejorada —por el envejecimiento de los campos— queda menos gas asociado disponible para el mercado, y las restricciones de oferta interna se agravan. Reservas que se achican y una producción en mínimos de varias décadas conforman una amenaza para la economía colombiana, donde este combustible fósil ha operado durante mucho tiempo como una alternativa rentable frente a otras fuentes de energía.
La fragilidad se extiende al sistema eléctrico. La red del país depende cada vez más de centrales térmicas a gas, sobre todo cuando las lluvias flaquean y caen los niveles de agua en las hidroeléctricas. Más del 60% de la electricidad de Colombia proviene de plantas hidroeléctricas, y la generación se reduce con fuerza cuando el agua escasea por una mala hidrología derivada de la disminución de las precipitaciones.
Los déficits de electricidad se cubren entonces con centrales térmicas alimentadas por gas natural, carbón y fuel oil. Además de suplir emergencias, esas instalaciones aportan energía base a una red debilitada, en la que en ciertas regiones los cortes y las caídas de tensión son episodios habituales. A esto se suma otra presión sobre la demanda: el impulso de Bogotá por reducir emisiones de gases de efecto invernadero reemplazando plantas a carbón por otras a gas natural. Por esa combinación de factores, el consumo de gas natural se dispara cuando las lluvias se reducen de forma sustancial y se resienten los caudales que alimentan las hidroeléctricas.
Para enfrentar un déficit de suministro que crece al mismo tiempo que aumenta la demanda interna y se encoge la producción, Bogotá viene ampliando las importaciones de GLP. La magnitud del problema queda en la proyección para 2026: se prevé que hasta el 30% del gas natural consumido internamente provenga de importaciones de GLP, un salto frente al 18% de 2025. Esto elevará el costo del gas natural en un país donde el encarecimiento del costo de vida golpea con fuerza a los hogares y a la economía.
En Bogotá, estas cifras encendieron alertas. Y en medio de ese escenario aparece un giro externo: la intervención de Trump en Venezuela, con el presidente ilegítimo Nicolás Maduro capturado durante una audaz incursión nocturna de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, ofrece una salida distinta. Venezuela no solo posee las mayores reservas de petróleo del mundo —más de 300 mil millones de barriles—; también dispone de reservas considerables de gas natural, estimadas en 6,3 billones de pies cúbicos, más del doble que las de Colombia. La mayor parte, alrededor del 80%, está asociada a la producción petrolera costa afuera.
Desde que la Casa Blanca intervino y relajó las sanciones contra Venezuela, se abrió una oportunidad para enviar ese gas a Colombia. Eso reactivó la discusión sobre un plan que había quedado archivado durante años, frenado por las estrictas sanciones estadounidenses y por dificultades técnicas. Bogotá y Caracas acordaron recientemente estudiar la reparación del gasoducto Antonio Ricaurte, tras más de una década fuera de servicio.
Ese gasoducto transcaribeño puede bombear cerca de 500 millones de pies cúbicos por día desde Venezuela hacia Colombia, volumen suficiente para cubrir con holgura un déficit proyectado de hasta 206 millones de pies cúbicos diarios. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció esta semana que formalizó una hoja de ruta con PDVSA para reactivar el Antonio Ricaurte. El plan contempla reemplazar 3,3 millas —cinco kilómetros— del ducto e invertir el sentido del flujo para transportar gas desde Venezuela hacia Colombia.
La instalación, en todo caso, nació con el propósito inverso. Fue construida para enviar el gas natural extraído del campo La Ballena, en La Guajira, hacia Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela. Apenas un año después de su entrada en operación, Colombia bombeaba 699 millones de pies cúbicos de gas natural, con una producción que superaba la demanda interna. Ese excedente permitió exportar, y Venezuela apareció entonces como un cliente clave. En aquel período, con la economía colombiana golpeada por una guerra civil multipartidista de baja intensidad, el gobierno del presidente Álvaro Uribe buscaba con urgencia ampliar exportaciones para reanimar una economía marcada por la guerra.
Pero la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte no es una solución inmediata. Antes de ponerlo nuevamente en servicio, hace falta un trabajo considerable. Tras más de una década de inactividad, la infraestructura —de 139 millas o 224 kilómetros— presenta corrosión y daños severos, en un contexto de poco o ningún mantenimiento esencial durante ese lapso. Muchos tramos están deteriorados y varios componentes críticos han sido saqueados por ladrones. Con ese estado, la instalación seguirá fuera de operación hasta que se complete una revisión técnica y se ejecuten reparaciones urgentes.
Así, aunque importar gas natural desde Venezuela promete una vía rentable para reforzar el abastecimiento colombiano, el calendario no es corto: harán falta meses, incluso años, para poner a andar el Antonio Ricaurte. Mientras tanto, Bogotá permanece, al menos en el futuro inmediato, atada a las costosas importaciones de GLP para sostener el consumo interno de gas natural. De hecho, para incrementar ese suministro, Colombia avanza en un rediseño oneroso de la infraestructura de gas natural. En un momento crítico —con una crisis fiscal en el horizonte y un año electoral por delante— ese esfuerzo presionará la balanza comercial y, con ella, el conjunto de la economía.
